El nuevo equipo económico tendrá, sin lugar a dudas, un verano muy movido. Porque deberá enfrentar muy rápidamente una serie de urgencias de alto impacto sobre el humor de amplios sectores de la sociedad argentina. Entre dichas urgencias inmediatas se destacan la unificación cambiaria (terminar con el “cepo”) y empezar a bajar la inflación. Así, el grado de éxito que se logre en resolver ambas cuestiones definirá en buena medida la “primera impresión” que la mayoría de los argentinos se llevará del gobierno de Mauricio Macri. Y, como todos sabemos, esa primera impresión es muy importante y, muchas veces, es la única que termina importando.
Ambos desafíos están íntimamente ligados y, por tanto, deben ser necesariamente encarados dentro del marco de una estrategia conjunta. La unificación cambiaria no será exitosa sin un plan antiinflacionario sustentable y creíble, al tiempo que es imposible pensar en un plan antiinflacionario sustentable y creíble sin contar con un tipo de cambio único y de “equilibrio”.
Por supuesto, esto es (mucho) más fácil decirlo que hacerlo, en especial si tenemos en cuenta que el diseño y la implementación de una estrategia que busque alcanzar simultáneamente el doble objetivo de bajar la inflación y unificar el mercado cambiario requerirá una minuciosa combinación de tiempo (para hacer una correcta evaluación de la situación heredada, no sobre la base de lo que los funcionarios salientes manifiestan, sino sobre la base de lo que efectivamente es), equipos técnicos, disponibilidad de divisas y gobernabilidad. Los tres primeros componentes que requiere el plan están a priori asegurados. Así, el principal interrogante por estos días, y más luego de lo que pasó recientemente con el traspaso presidencial, gira en torno al poder político del que dispone el nuevo gobierno, el cual resultará imprescindible para contener las presiones nominales que se generarán (sumadas a las que ya se vienen generando) cuando la decisión de unificar el mercado cambiario sea finalmente puesta en práctica. Dicho poder político deberá ser utilizado para contener/moderar las demandas de empresarios y sindicatos y, al mismo tiempo, para implementar (y sostener en el tiempo) una política monetaria y fiscal que resulte consistente con la intención de moderar las presiones inflacionarias post-unificación. El tiempo, la capacidad técnica y la disponibilidad de divisas son condiciones necesarias para llevar adelante la unificación cambiaria, pero dicha unificación resultará exitosa si y sólo si la mayoría de la sociedad percibe y cree que el ajuste cambiario que implica terminar con el cepo va a ser el último, y no el primero de otros que vendrán en el futuro.
Pero, aun con lo difícil que va a resultar (tal cual lo detallamos en los párrafos previos), unificar el mercado cambiario y empezar a bajar la inflación son sólo los desafíos inmediatos que enfrenta el nuevo gobierno. Dicho de otro modo, cuando Argentina haya eliminado el cepo y logre tener tasas de inflación de un dígito, sólo habrá logrado ponerse a la par de la mayoría de los países de la región (el 95% de los países latinoamericanos tiene tasas de inflación inferiores al 10% anual, en muchos casos incluso en torno al 5% anual, y cuenta con un mercado cambiario único y libre). Luego quedan por resolver todas las cuestiones estructurales que determinan las posibilidades de un país para crecer sostenida y sustentablemente en el tiempo, muchas de las cuales están íntimamente asociadas a los flujos de inversión. Sabemos que con cepo cambiario y alta inflación no se puede crecer sostenidamente, pero eliminar el cepo y bajar la inflación no aseguran por sí solo el crecimiento económico.
Para mejorar la calidad de vida, generar crecimiento económico sustentable y poder pagar salarios elevados de manera sostenible en el tiempo, hay que ser productivos y no se puede ser productivo si no se invierte. El salario depende de la productividad del trabajo y esa productividad es directamente proporcional a la cantidad de capital invertido por cada trabajador. La evidencia empírica muestra que no hay atajos. No es posible mantener los salarios elevados por mucho tiempo sin inversión.
Y, más allá del financiamiento “puente” que pueda conseguirse más o menos rápido para ayudar a la transición de corto plazo, para que la inversión crezca será necesario generar las condiciones para que Argentina vuelva a ser un destino atractivo para la inversión extranjera con fines productivos de mediano/largo plazo. Unificar el mercado cambiario y bajar la inflación es una parte de lo que se necesita para atraer a inversores internacionales. Lo otro que se necesita es terminar con el default, concepto que resulta bastante más amplio que acordar con los holdouts.
En cuanto a esto último, y más allá de que las negociaciones se iniciarán en el corto plazo, arreglar con los holdouts probablemente no resultará una tarea ni rápida ni sencilla. Por un lado, Argentina irá a la negociación con una limitación económica (pocas reservas para ofrecer pagar parte de lo adeudado en efectivo) y una limitación política (presión, especialmente desde el ámbito legislativo, por evitar un acuerdo que no implique una fuerte quita de la deuda). Por el otro, los holdouts irán a la negociación desde una posición de relativa fortaleza, sustentada en el hecho de contar con un derecho firme (ratificado, por omisión, hasta por la propia Corte Suprema de EE.UU. ) de cobrar el 100% de la deuda y, al mismo tiempo, en el conocimiento de la fuerte necesidad que tiene Argentina de llegar a un acuerdo rápido. En este marco, es posible que la negociación y el potencial entendimiento se extienda un tiempo.
En definitiva, el panorama para el nuevo gobierno luce muy desafiante. No sólo tendrá que lidiar rápidamente con las urgencias de corto plazo, las cuales tal cual vimos no serán fáciles de solucionar, sino que, una vez superado dicho obstáculo, deberá hacerse cargo de resolver también los problemas estructurales asociados a la escasez relativa de inversiones y los consecuentemente bajos niveles de productividad y competitividad. La resolución de las urgencias de corto plazo definirán el primer tramo del gobierno de Mauricio Macri, mientras que la capacidad para encarar las necesidades estructurales definirá toda su administración.
