El 15 de octubre pasado fue un día histórico para el avance de derechos en América Latina porque Uruguay aprobó la primera ley de muerte digna o eutanasia de la región. Así como otrora fue el primero en legalizar el divorcio, el derecho al voto de la mujer, la interrupción voluntaria del embarazo, entre otros avances en el reconocimiento de derechos, en ese día y luego de un intenso debate legislativo el Senado sancionó el proyecto aprobado ya en la Cámara de Diputados.
Otra singularidad en este avance es que la sanción contó con el apoyo de legisladores de los partidos políticos con mayor representación parlamentaria. No fue el voto de una mayoría monocolor la que votó la ley sino el consenso de personas que representando diferentes sectores de pensamiento acordaron esta importante medida para el ejercicio pleno de derechos humanos tan esenciales como la dignidad de las personas.
Tal como había sucedido en la Cámara de Diputados, senadores del Frente Amplio, del Partido Nacional (o Blanco) y del Partido Colorado dieron su voto para que la ley se aprobara por amplia mayoría ( veinte votos a favor y once en contra). Uno de los promotores más entusiastas y comprometidos con la norma fue el senador Ope Pasquet dirigente del Partido Colorado, el partido que durante más años gobernó al país y que en su origen fue el creador de la socialdemocracia uruguaya pero que a partir de la segunda mitad del siglo pasado tuvo virajes en su concepción ideológica.
El Partido Nacional (Blanco) y el Partido Colorado integran la denominada Coalición Multicolor que gobernó a Uruguay hasta marzo de este año con la presidencia de Luis Lacalle Pou. Estos partidos son opositores al actual gobierno del Frente Amplio, que carece mayoría parlamentaria porque sólo la tiene en la Cámara de Senadores y debe lograr consenso con legisladores de la oposición para sancionar leyes.
El hecho que una medida de estas características que implica afirmar un derecho que desde la mayoría de las religiones y de corrientes el pensamiento laico fue negado durante siglos cuente con el aval de diferentes sectores, le otorga una fortaleza mayor porque el consenso en el disenso tiene un peso más fuerte que la adopción de una medida por la mayoría de turno.
El objetivo de este proyecto es regular y garantizar la dignidad en el proceso de morir y evitar sufrimientos a aquellos que estén cursando la etapa terminal de una enfermedad irreversible. El procedimiento está sujeto a requisitos formales estrictos que tienden a garantizar la voluntad de quien solicite el ejercicio de su derecho, la intervención de dos médicos y, eventualmente, de una Junta Médica en caso que no haya coincidencia en la opinión de los facultativos intervenientes.
Se preserva también que la persona que solicite esta medida pueda reflexionar sobre su decisión, acceda al conocimiento de otras alternativas y decida en pleno uso de sus facultades y sin interferencias en su libre albedrío.
Se preservan otros derechos humanos esenciales, como la objeción de conciencia para el médico y los integrantes del equipo que pueden negarse a practicar la eutanasia.
Mientras en distintos países surgen fuertes cuestionamientos a la agenda de derechos, se votan fuerzas políticas que intentan desandar el largo camino recorrido y volver atrás con medidas ya consolidadas durante años, Uruguay nuevamente muestra su singularidad frente al mundo y aprueba una ley con escasos antecedentes internacionales y única en la región.
Esta decisión demuestra que la grandeza de los países no se funda en la extensión de su territorio, en el volumen de su población ni en su producto bruto interno, sino en la posibilidad de crear un sistema político que a través de acuerdos entre sectores plurales de sus habitantes amplíen y garanticen los derechos de su población.
*Profesor de Derecho Constitucional.
