Hace más de un siglo, Max Weber sostuvo que las ciencias sociales se caracterizan por diferenciar y a la vez vincular juicios de hecho y juicios de valor. Weber no creía en una ciencia social aséptica, pero sí en una capaz de distinguir hechos y valores.
Durante los últimos seis años, el oficialismo requirió de quienes lo sostienen y simpatizan con él no sólo una comunidad de valores, lo cual es propio de las adhesiones políticas, sino también una comunidad de creencia en hechos. Dos ejemplos de áreas estratégicas del Gobierno lo muestran de manera clara.
La falsificación de los datos relacionados con el Indice de Precios al Consumidor y sus consecuencias en las mediciones económicas y sociales de la Argentina crearon un curioso cruce de valores y hechos. Sostener valores políticos cercanos al oficialismo implicó aceptar hechos; por ejemplo, la inflación oficial.
Quienes creen que la gestión kirchnerista es muy buena y que aquellos que señala como enemigos –por ejemplo, el campo o Clarín– son muy malos –juicios de valor tan aceptables como cualquier otro– se ven condicionados a aceptar la versión oficial de una inflación del 10% anual, aunque vaya contra su propia experiencia. El mejor ejemplo de esto fueron la terrible incomodidad del ex ministro Hernán Lorenzino frente a la pregunta simple de la periodista griega Eleni Varvitsiotis y su respuesta: “Me quiero ir”.
Por ahora se sabe poco de la propuesta del Indec de un nuevo IPC. Tampoco sabemos aún qué idea tienen Jorge Capitanich y Axel Kicillof al respecto. Si encaran el desafío de producir estadísticas genuinas, es posible que la conversación política en la Argentina empiece a mejorar. En la medida en que la conversación tenga un suelo común de datos metodológicamente aceptables, las discusiones serán de ideas y de valores, pero no acerca de si los hechos ocurren.
Del jefe de Gabinete también dependen los recursos económicos para la comunicación oficial, especialmente la pauta publicitaria. El gobierno argentino gasta en publicidad más que las dos mayores multinacionales que lideran el gasto publicitario en la Argentina sumadas.
La poca información disponible sobre este gasto ha sido producida por organizaciones de la sociedad civil y no por el Gobierno. Estas cifras indican un gasto discrecional y orientado a sostener a los medios favorables al oficialismo y discriminatorio de los medios percibidos como críticos.
Esta realidad ha sido corroborada en el fallo “Perfil”, nada menos que por la misma Corte Suprema de Justicia que validó la constitucionalidad de la Ley de Medios. Hasta ahora esta realidad ha sido negada por el oficialismo. Una aceptación de estos hechos debería llevar al cumplimiento del fallo de la Corte y a una mayor transparencia y equidad en el gasto publicitario del Gobierno.
Si “la única verdad es la realidad” es uno de los principales conceptos peronistas, no sería nada malo que, al menos en este sentido, el nuevo gabinete fuera más peronista.
*Sociólogo (UBA), máster en Políticas Públicas (George Washington University), profesor en la Universidad de Palermo. @charosky
