Ahora que el furor por Pokémon Go parece haber durado lo mismo que cualquier fenómeno 3.0, deberíamos retomar la calma. Algo que cuesta en la Argentina. Venimos tan cebados que no podemos frenar ante una supuesta guerra permanente. Que cansa. Impide afrontar los graves problemas reales que tenemos. Y ofrece ejemplos cotidianos.
Hace unas horas terminó la primera Marcha de la Resistencia de las Madres de Plaza de Mayo de Hebe de Bonafini, junto al ultrakirchnerismo (y su escuadrón de impresentables), contra Macri. Tras el poder ejercido durante doce años, resulta algo escalofriante que llamen a combatir al Gobierno (que aún no cumplió nueve meses) y no ejerzan autocrítica alguna. Están en todo su derecho, aunque no se comparta esa postura. Pero también da escozor acusarlos de desestabilizadores, sumarlos a una agenda planificada de protestas (como hizo Lanata en la página 2 de Clarín) o integrarlos a un “plan subversivo” anti Cambiemos (así tituló un diario).
Un sector del Gobierno no es ajeno a este clima beligerante. Crece el debate interno respecto a la conveniencia o pertinencia de difundir todas las amenazas que reciben Macri y Vidal, aun las más insólitas o endebles. Sólo por ahora gana la teoría de convertir la victimización en virtud: un clásico impropio de la nueva política.
Cierto es que pulula en nuestro sistema un entramado mafioso sin control ni fronteras, que PERFIL ha decidido bautizar con el nombre de “Estado paralelo”. Desde esa matriz se explican emergentes como la corrupción y la impunidad, en las que tanto nos gusta detenernos.
Enfrentar al Estado paralelo no es únicamente responsabilidad del Gobierno o del oficialismo, sino de todos los poderes del Estado, de todos los partidos, de las fuerzas de seguridad, los empresarios, los sindicialistas y la sociedad toda. El problema es que ese poder mafioso atraviesa todas estas estructuras desde donde deberían combatirse.
Claro, es preferible mostrar cuán trucho es el fiscal Marijuan a través de un audio incriminatorio. Asegurar que el juez Casanello estuvo en Olivos con CFK sin una sola prueba. Anunciar que atacaron a piedrazos al Presidente y a la gobernadora en Mar del Plata, pese a la falta de imágenes que lo corroboren (¡y el juez que debería investigar pide apoyo popular!). Contrarrestar los Panamá Papers con la fortuna multiplicada de los Kirchner. Que el desplazado jefe de la Aduana culpe al crimen organizado de su caso. Servicios, ex servicios, Justicia Legítima o la familia judicial son responsables de todo.
Casi todos los protagonistas de estas historias azuzan el desquicio. Algunos lo hacen en público. Otros, con más reserva. Como la jefa de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, que no termina de expedirse en los conflictos de intereses de varios funcionarios (entre ellos Aranguren) pero se hace tiempo para exponer en una conferencia organizada por el principal estudio de abogados del país. O Marcos Peña, que expone al Presidente al reclamo de ahorro energético pero no lanza ninguna campaña oficial sobre el tema (cuya explicación queda en manos de las empresas del sector, como se ve en esta edición).
Difícil no exaltarse.
Vamo’ a calmarno’
