Las múltiples condenas al reciente editorial de La Nación. “Basta de venganza“ y el frecuente espacio que Clarín ha dado a opiniones del ex jefe del Ejército en los 90, teniente general Martín Balza, embajador político K en Colombia y Costa Rica, contrastan con el silencio de los organismos y la Secretaría de Derechos Humanos sobre las demandas contra él por crímenes de los 70, solicitadas sin éxito ante la Justicia Federal.
Han bastado “meros indicios” y no pruebas fuera de toda duda razonable para encausar a muchos de entre los casi dos millares de militares, policías y civiles imputados, procesados y/o condenados como partícipes, directos o indirectos, de torturas o asesinatos en aquella década. Balza zafó de la condena ética, jurídica y social hacia las FF.AA. de la dictadura al pronunciar en 1995 la famosa autocrítica institucional –no personal– que endosó su corresponsabilidad en el “aniquilamiento del accionar subversivo” entre 1975 y 1980, exclusivamente a las espaldas de sus camaradas de armas.
Sin embargo, su foja de servicios en el auge de la dictadura contradice flagrantemente una fingida inocencia. Destinado con la jerarquía de “oficial jefe” en Campo de Mayo (1978/1979) y en Paso de los Libres entre (1979/1982) ¿nunca se enteró de las miles de personas secuestradas/torturadas/desaparecidas al revistar en la Escuela de Artillería en Campo de Mayo y luego al mandar el Grupo de Artillería 3 en aquella localidad fronteriza?
Recorrer como “jefe de día” la poderosa guarnición del Gran Buenos Aires a órdenes del condenado general Santiago O. Riveros, donde operaron “patotas” de un destacamento de inteligencia, parieron mujeres secuestradas en el Hospital Militar y se privó de identidad legítima a sus bebés, era un rol reservado a los oficiales con jerarquía de mayor y teniente coronel.
Ostentando este último grado, es ridículo creer que Balza ignorara dicha metodología y es un verdadero escándalo que haya seguido en libertad al no prosperar una demanda de familiares de varios desaparecidos durante las “contraofensivas montoneras” de 1979 y 1980, entre ellos los hijos del escritor Ismael Viñas y del actor Marcos Zucker, ingresados por el puente Paso de los Libres-Uruguayana cerca de donde funcionaba el Centro de Detención Clandestino La Polaca de la “Subzona de Seguridad 24” al mando del jefe de la infantería y del jefe de la artillería, teniente coronel Balza.
La defensa de oficiales que revistaban en esa subzona contrainsurgente pidió su regreso al país y detención, y ante su cajoneo recurrió a la Corte Interamericana de Justicia.
Si ésa instancia tuviera respuesta, Balza debería ser juzgado por la misma teoría del “dominio del hecho” que se ha venido aplicando en muchos juicios sospechados de prevaricato, con mucha más razón que el personal subalterno que prestaba servicio donde él ejercía como superior. Su conocida forma obsesiva de tener bajo control los más mínimos detalles –meritorio en el arte bélico– hace totalmente inverosímil que, en la plenitud de la dictadura, hubiese faltado al deber de informar al Comando de Campo de Mayo las novedades de ingreso, alojamiento y egreso de prisioneros para su “disposición final” cuando él quedaba periódicamente a cargo.
Como jefe del GA3 de Paso de los Libres a partir de octubre de 1979 y miembro orgánico de la “comunidad informativa” con terminal en el Batallón 601, no cabe duda que debió dar cobertura de apoyo a la operación Murciélago que, en el marco del Operativo Cóndor, chupaba montoneros ingresados desde Brasil y desaparecidos luego de sufrir su primera sesión de tortura en La Polaca.
Cuando PERFIL publicó Hijo dilecto de Jorge Rafael (26/5/13) un general exento de culpa y cargo opinó: “¡se quedaron cortos!”. Un “Judas” para sus camaradas, si ante el primer ex subteniente procesado por violación de DD.HH. en áreas donde ejerció el mando Balza hubiese solicitado igual tratamiento, estaría preso. Pero conservando intacta la lealtad de un jefe del Ejército a los cuadros subalternos.
*Sociólogo y periodista.
Ex teniente de artillería (1965-1970).
