A partir de febrero, tras el receso judicial estival, se pondrá en marcha un Observatorio Anticorrupción que consiste en una base de datos abierta a la cual podrán acceder todos los ciudadanos para conocer el estado de las causas judiciales que involucren a funcionarios públicos denunciados por delitos en ejercicio de su función.
PERFIL Córdoba entrevistó a Aída Tarditti, reelecta presidenta del Tribunal Superior de Justicia para 2018. Durante el diálogo, proporcionó definiciones políticas sobre las anunciadas reformas procesales en la Provincia, la edad jubilatoria para los jueces, violencia de género y la eficiencia de la justicia, entre otras. Pero hubo un tema sobre el que se explayó y no ahorró críticas. Fiel a su estilo diplomático pero no por ello menos contundente, hizo hincapié en el Fuero Anticorrupción, cuestionado por la escasa promoción de investigaciones contra funcionarios en ejercicio de sus responsabilidades.
—Hay críticas al Fuero Anticorrupción, las investigaciones no prosperan, sea en Fiscalías de Instrucción, Juzgados de Control o la Cámara de Acusación. ¿Qué evaluación le merece?
—Para esa reforma legal, el TSJ nunca fue consultado. Es una competencia compleja que se discute en el mundo. Por un lado, un fuero especializado tiene ventajas, pero no es conveniente que esté tan concentrado. En Córdoba, no existe concentración porque solo hay en la Primera Circunscripción. El resto de la provincia no tiene una competencia especializada.
—Sí, pero aquí está la sede del Gobierno provincial…
—Claro. También hay que decir que hay causas contra funcionarios públicos relacionados con delitos en el ejercicio de funciones que no fueron investigados por el Fuero Anticorrupción, como por ejemplo, la causa del Registro de la Propiedad. Es una causa donde hubo investigación, juicio y sentencia. Lo que siempre digo es que si una competencia no resulta adecuada a lo largo del tiempo, el legislador es quien tiene la palabra. Nosotros no reformamos leyes. Sí puedo decir, a través de la experiencia, que es muy importante la figura del querellante en la causas anticorrupción. Estaba contemplado en una ley del estatuto del ciudadano, pero lamentablemente en una reforma legislativa se suprimió y no se volvió a regular. A favor, se conservó el juzgamiento con los jurados.
—Son importantes los jurados siempre y cuando prosperen las investigaciones y se llegue al juicio, cosa que muchas veces no sucede.
—Desde luego. Si hay causas, deben ser investigadas, las investigaciones deben ser terminadas y los juicios deben ser hechos. Esa es una responsabilidad del Ministerio Público Fiscal, porque es el que tiene la investigación.
—¿Cómo puede conocer el ciudadano el devenir de estas causas para garantizar transparencia en el proceso?
—Este año decidimos seguir el lineamiento de la Corte Suprema del Observatorio Anticorrupción publicado en el Centro de Información Judicial (CIJ). Tener una base de datos de acceso público es una medida que otorga transparencia. En el Tribunal Superior dictamos un acuerdo y formamos una comisión para la adaptación de la competencia federal. Concretamente, vamos a tener una base de datos de acceso público que estará en Transparencia Activa (una ventana del portal web del Poder Judicial de Córdoba) y en el sitio del Ministerio Público. Serán datos abiertos. Toda persona podrá acceder e informarse sobre causas en trámite bajo categoría de los delitos vinculados a la Convención de la Corrupción, también las causas de interés público, por ejemplo, la del Registro (de la Propiedad) y fraudes cometidos en perjuicio de la administración pública. Es decir, delitos cometidos por funcionarios en el ejercicio de funciones, tengan o no relación con la Convención. Se informará dónde están, en qué estado se encuentran, las resoluciones que se dicten, salvo cuando haya medidas de prueba que puedan afectar la investigación o se haya establecido secreto de sumario. Para estas causas, nosotros tenemos un especial interés en la transparencia y el contralor ciudadano. Por eso remarco el camino del querellante, del jurado en el juzgamiento y ahora del acceso público.
“UNA AGENDA DE CAMBIOS”
—¿Por qué se decidió no cambiar la presidencia del TSJ? ¿Cuál es el desafío de 2018?
—Lo que sucede en un acuerdo, queda ahí. Llevo 22 años en el Tribunal Superior. Será la cuarta vez que ejerceré la presidencia. Tenemos una periodicidad. Hemos estimado cumplirla así, no ha habido ningún vocal que haya estado más de dos años continuos en la presidencia. Tenemos por delante una agenda de cambios y transformaciones, además del anuncio de las reformas. Más allá de ello, nosotros llevamos adelante en forma trabajosa la incorporación de tecnología en la gestión judicial. Por ejemplo, un sistema de comunicaciones en Tribunales 2 con los internos que están en (la cárcel de) Bouwer. Este año se hicieron 2 mil contactos por videoconferencia, Skype y videollamadas.
—¿Fueron consultados sobre las reformas procesales?
—En las de Mediación y del Código Procesal Penal nos pidieron representantes del Tribunal Superior. En Laboral creo que solo hubo consultas a algunos magistrados, pero no tuvimos una representación del TSJ.
—¿Considera que las reformas permitirán más agilidad?
—No tengo experticia en todos los temas de las reformas, tampoco conozco en detalle más que en los términos de su presentación. Me parece muy adecuado el cambio en la ley de Mediación. Tenemos una gran judicialización y procedimientos para lo rápido y lo complejo, que son iguales. Y como no somos muy pacíficos, desde una perspectiva cultural, es momento de pasar a la mediación obligatoria. Además, tenemos la posibilidad de la mediación penal. Hemos hecho un recorrido con la Justicia Penal Juvenil. Buscar alternativas es positivo.
—¿Cómo evalúa la oralidad en la investigación penal?
—Muy positiva. Hay un juicio oral, pero una investigación escrita. Que los momentos de discusión entre las partes sean orales, les da transparencia.
—¿Cuán eficiente es el Poder Judicial?
—La mora judicial es un problema complejo. ¿Quiénes no pueden esperar? Una persona que es víctima de un accidente de tránsito, que ha quedado con graves secuelas y está en desamparo. Para esa persona todo proceso es lento. Para una víctima de violencia toda mora agrega más intensidad al perjuicio. Un trabajador, que es una parte débil de una relación laboral, también. Son situaciones del justiciable en desventaja del resto. Esos son los focos a trabajar para dar respuestas.
VIOLENCIA DE GÉNERO: FIJAR OBJETIVOS POSIBLES
—Durante la semana pasada se produjeron dos femicidios, ¿qué falta, dónde hay que apuntar para combatir la violencia de género?
—Es un problema en todo el país y en el mundo. Hay que replantear por qué, a pesar de todos los esfuerzos que se están haciendo cada año, en lugar de disminuir (la cantidad de) de femicidios se mantiene igual o aumenta. Una persona tan experta como Hilda Marchiori me dijo que el objetivo es que a partir de que una víctima entra en contacto con la justicia, la violencia no se agrave ni haya muertos.
— Sin embargo, no es así… ¿hay muertes que podrían evitarse?
—Es el objetivo posible sobre el cual trabajar. Que después del contacto con la administración de justicia no se agrave la violencia, no haya muertes, suicidios, homicidios vinculantes. Trabajemos por eso.
