Mientras sigue adelante en Córdoba el proceso de extradición de Diego Dirisio y su pareja, ambos involucrados en el presunto contrabando de armas investigado en Paraguay y Brasil, la Cámara Federal de Apelaciones revocó un fallo de primera instancia que había concedido a la mujer (J.N.) la prisión domiciliaria.
En su fallo, el tribunal omite su nombre completo por ser madre de dos menores de edad.
La decisión, no obstante, no se cumplirá de inmediato porque los abogados defensores fueron a Casación. El recurso tiene efectos suspensivos, es decir que no permite ejecutar el traslado a la cárcel de Bouwer.
Las justicias paraguaya y brasileña consideran a Dirisio y a su esposa como los mayores contrabandistas de armas de Sudamérica. Habrían concretado la venta de decenas de miles de fusiles y pertrechos de fabricación europea a las bandas narco criminales más temibles de Brasil: el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho.
Dirisio y su pareja fueron detenidos en febrero pasado, en el barrio Cerro de las Rosas. Había alerta roja de Interpol para las capturas.
En junio, el juez federal 3, Hugo Vaca Narvaja, concedió a la mujer la prisión domiciliaria atendiendo a la situación de sus hijos, de ocho y 16 años de edad quienes eran cuidados -mientras estuvo en Bouwer- por sus tíos. El fiscal, Carlos Casas Nóblega, apeló la decisión.
En su voto, el camarista Eduardo Avalos sostuvo que la solicitud de prisión domiciliaria, no encuadraría en este caso porque los hijos tienen más de cinco años (lo que contempla la ley protectora de los derechos de las infancias) y los menores “no se encuentran en situación de desamparo más allá de la logística y esfuerzos de las personas a cargo, quienes alegan que deben retornar a su país de residencia”.
Pero Avalos destacó una contradicción del fallo de primera instancia.
Al pedir la prisión domiciliaria, la defensa señaló que los tíos encargados de los chicos debían regresar a Paraguay, su lugar de residencia habitual. No obstante ello, al concederle el beneficio el mismo magistrado los designó como guardadores -en Córdoba- de la detenida.
Por esa razón, sumado el riesgo procesal que deriva de la dimensión y complejidad de la investigación sobre las bandas criminales, la Cámara resolvió revocar la decisión de Vaca Narvaja.
