El Juzgado Civil y Comercial de 9ª Nominación de la ciudad de Córdoba dictó un fallo sin precedentes al condenar a un hombre a pagar una indemnización de $100 millones, más intereses, a su hijo biológico por no haberlo reconocido durante más de tres décadas.
La Justicia consideró que el progenitor mantuvo una negativa sistemática a asumir su responsabilidad, ya que la inscripción del vínculo paterno-filial recién se concretó cuando el demandante tenía 33 años y únicamente después de iniciar acciones judiciales.
Una historia que comenzó en el interior cordobés
El caso se remonta a 1990, en una localidad del interior cordobés de menos de 3.000 habitantes. Allí, dos adolescentes tuvieron un hijo. La madre, que tenía apenas 14 años al momento del embarazo, crió al niño junto a sus padres en un contexto de importantes dificultades económicas.
El padre, en cambio, “pertenecía a una familia de muy buen pasar económico y, a pesar de que era de público conocimiento que el niño era su hijo, nunca lo reconoció como tal". Pese a que en el pueblo la paternidad era conocida, el hombre nunca formalizó el reconocimiento ni brindó acompañamiento.
Durante su juventud, el hijo mantenía “la esperanza de que lo asistiera para poder cumplir su sueño de estudiar medicina, pero el demandado se negó a ayudarlo y no accedió –en un principio– a realizarse un ADN. Aquella situación de desprecio tuvo profundas consecuencias en la salud mental y en la vida personal del demandante".
Para la Justicia, esta situación tuvo impacto en la salud mental del demandante. El joven sostuvo que el rechazo sostenido le provocó una incapacidad vital del 20%, vinculada a su desarrollo personal y emocional. También planteó que la falta de respaldo económico le hizo perder oportunidades educativas y profesionales.
Un proceso judicial que se extendió por más de una década
La demanda de filiación se inició en 2012. El padre “fue correctamente notificado en el proceso de filiación, pero ni siquiera compareció a la audiencia”. Tras varios años con escaso movimiento, el proceso se reactivó en 2021, cuando se abrió la etapa de pruebas.
Finalmente, en 2022, el análisis de ADN ordenado por la Justicia confirmó la paternidad y permitió formalizar el vínculo legal.
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Posteriormente, el joven avanzó con una demanda por daños y perjuicios, acompañada por informes psiquiátricos que acreditaban el impacto emocional. Durante esta instancia, el padre se presentó en el juicio, pero rechazó los reclamos y los calificó como exagerados.
Con estos argumentos, la Justicia cordobesa concluyó que la negativa prolongada generó daños comprobables en la vida del demandante y fijó una indemnización de $100 millones más intereses, en una resolución que refuerza la responsabilidad parental y marca un antecedente relevante en este tipo de casos.
