Córdoba impulsará el proyecto de ley para una distribución equitativa de fondos

Después de 28 días sin circular, el transporte urbano volvió el viernes a las calles de Córdoba. El interurbano, que conecta la provincia, sigue en negociaciones para reanudar las operaciones. El envío de fondos de la Nación y el compromiso de mantener el flujo de esos recursos durante los próximos meses apaciguó el conflicto coyuntural. Con las unidades en las calles de la Capital y el gesto político del intendente Martín Llaryora de reconocer públicamente que la actual administración nacional triplicó el envío de fondos las partes se garantizaron algunas semanas de calma. La volatilidad de la economía argentina asegura, por otro lado, que los acuerdos logrados son frágiles, que los recursos volverán a escasear, que la tensión volverá a escalar y que se requiere, por tanto, avanzar hacia un sistema diferente de gestión.

El actual subsecretario de Transporte de la Nación, el cordobés Gabriel Bermúdez, señala hace tiempo que el horizonte ideal sería contar con una tarifa plana para todo el país. Mientras tanto, el interior intentará corregir el desfasaje que aún se mantiene entre un sistema muy subsidiado para el Área Metropolitana de Buenos Aires y un interior que debe conformarse con lo que gotea de las arcas nacionales. Esa inequidad es la que se quiere corregir, más allá de que los colectivos hayan vuelto a las calles. Desde Córdoba, el intendente Llaryora y sus funcionarios montaron un plan que tiene, al menos, tres capas. Una plantea un enfoque de diálogo político que ya encabezó el jefe del Palacio 6 de Julio para empujar los reclamos de recursos para todo el interior. A esa movida se plegaron 16 intendentes, de localidades de peso como Córdoba, Rosario, Santa Fe, Paraná, Tucumán, Salta y Mar del Plata, entre otros. Una segunda capa, de corte más cotidiano y directo, será seguir peleándole recursos a la Nación con los funcionarios de la cartera nacional. Por eso, mañana la Municipalidad le pedirá una audiencia al cordobés que está al frente de la Secretaría de Transporte de la Nación, Walter Saieg. La tercera capa es más estructural y plantea la discusión normativa del sistema.

La ley. El objetivo final de la disputa que encara Llaryora por un reparto más equitativo de los recursos para el transporte urbano supone cerrar el ciclo de negociaciones con una ley para la sustentabilidad del sistema. ¿Qué debe tener esa ley? “Es algo en lo que estamos trabajando, pero básicamente son tres puntos. Primero, declarar la emergencia económica para todo el sector; en segundo lugar, contar con un nuevo esquema que garantice un reparto más equitativo de los subsidios, y finalmente contemplar el sistema de financiamiento que se requiere, para poder garantizar los recursos”, señala un colaborador del intendente.

Los números. Según reconocen en el entorno del propio intendente, el macrismo dejó el reparto de subsidios para el transporte en una muy inequitativa relación de 9 a 1. Por cada 10 pesos que el sistema destinaba a financiar salarios o gasoil 9 quedaban en Amba, uno en el interior del país. “Es cierto que esta administración nacional modificó esa proporción y nos mandó más fondos. Con el gobierno anterior a Córdoba llegaban $118 millones por mes. Ahora esos envíos crecieron 288%. La relación de 9 a 1 ahora debe ser de 7 a 1. Estamos mejor, pero todavía falta”, advierten en el palacio municipal.

¿Cuánto le falta al transporte urbano cordobés para ser eficiente o al menos para no llegar tan asfixiado? En el llaryorismo ya empezaron a despuntar los números finos de lo que hace falta. Al margen de esos millones en danza, las comparaciones odiosas no pueden evitarse. El otro plano del análisis es el del costo que supone el transporte urbano para un cordobés y el que supone para un porteño. En Córdoba, el 64% del costo de la tarifa lo sustenta el usuario, el 36% restante son subsidios o compensaciones. En Capital Federal, la relación está invertida y los subsidios llegan a soportar el 75% de los costos. “¿Cómo se soluciona esto? Con más plata, estamos en esa pelea. Lo ideal sería bajar la relación actual a un 50%-50%, donde la mitad sea aportada por el usuario y la otra mitad sean subsidios. Es una pelea que ya empezamos. No es fácil. Estamos jugando al ajedrez”, graficó un hombre de Llaryora.

¿Por qué no llega la SUBE? 
“Que venga la SUBE no mueve la aguja, porque es un medio de pago más. El tema con la tarjeta, para que sea atractiva para la gente, es que tenga los atributos sociales. Entonces al adulto mayor no paga, el ama de casa no paga, el veterano de Malvinas no paga”. Esa es la explicación que llega desde la Municipalidad cuando se plantea por qué no se aplica el mismo esquema que emplea para su transporte Capital Federal. En el medio, vuelven a estar los fondos. En 2019 se estima que vía ‘Atributos Sociales’ la Nación destinó $11.000 millones, de los cuales casi $9.000 millones quedaron en Amba. Los funcionarios municipales tienen en claro que la SUBE ‘pelada’, no sirve de nada. “El tema es que la Nación no va a transferir los fondos, si no los tienen. Hay algunas localidades, en el interior del país, que tienen la SUBE, pero no tienen los atributos sociales, entonces se convierte en un medio de pago más. La SUBE con los atributos sociales es importante, es mucha plata para distribuir, pero si viene sola no tiene sentido. ¿Por qué el veterano de Malvinas tiene que pagar el boleto en Córdoba cuando en Buenos Aires no lo paga? Hoy no tiene sentido la SUBE sin atributos sociales y el intendente lo sabe”, explican los funcionarios municipales.