La tensión en torno a la compra de drones por parte del Ejecutivo provincial parece haberse disparado este miércoles en un conflicto que tiene como protagonistas a la Provincia, los miembros juecistas del Tribunal de Cuentas, y ahora también el Poder Judicial. En el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la adquisición de drones, el organismo de control impidió que la Justicia se llevara documentación clave para la causa.
El procedimiento fue ordenado por la Fiscalía de Instrucción del Distrito 2, Turno 7, que comisionó a personal de la Unidad Judicial de Delitos Económicos para presentarse en la sede del Tribunal y requerir copias certificadas del Expediente Administrativo N.º 0002-050337/2025.
Pese a la orden judicial, el operativo no pudo concretarse. El comunicado emitido por la Fiscalía fue tajante al señalar que el personal afectado se retiró del lugar sin poder cumplir la comisión ordenada debido a que las autoridades del Tribunal se negaron de manera sistemática a hacer entrega de las copias requeridas. Este rechazo generó sorpresa en los pasillos de Tribunales, ya que se trata de un requerimiento formal en una causa penal que busca determinar cómo se gestionaron los fondos destinados a tecnología de seguridad.
"Todo tiene un límite": Quinteros contraataca y denuncia penalmente al Tribunal de Cuentas
La causa judicial tiene su origen en la compra de aeronaves no tripuladas destinadas a tareas de vigilancia, una adquisición que ha estado bajo la lupa por sus costos y especificaciones técnicas.
Hace unos días, el ministro Juan Pablo Quinteros sostuvo que la decisión de denunciar se tomó ante la gravedad de las acusaciones formuladas en el expediente administrativo y la ausencia de sustento probatorio para respaldarlas. Según el ministro, el rechazo es sin elementos para sostener acusaciones y agravios de extrema gravedad, muchos de ellos de carácter personal, corresponde que sea la Justicia quien tenga la última palabra sobre el asunto.
Quinteros fue más allá y planteó una clara intencionalidad política detrás de la intervención del Tribunal de Cuentas. El funcionario expresó que existirían dos objetivos concretos en el accionar del organismo: obstruir de manera indefinida la adquisición de tecnología de punta, con el impacto negativo que ello tiene para la seguridad ciudadana, y brindar a un jefe político un marco discursivo para instalar una campaña falaz utilizando instituciones públicas con fines personales. Estas declaraciones terminaron de sellar un escenario de confrontación directa entre el Ejecutivo y el órgano de control.
Escenario incierto
La negativa del Tribunal de Cuentas a colaborar con el requerimiento coloca a la Fiscalía en una posición de definición. Ante la falta de entrega voluntaria de la documentación, los pasos procesales habilitan al fiscal a solicitar medidas de mayor rigor, como una orden de allanamiento para el secuestro de los libros y soportes digitales del organismo. La situación actual no solo demora el avance de la causa, sino que profundiza la crisis de confianza entre las instituciones involucradas.
Este episodio marca un punto de inflexión donde la tensión sigue en ascenso. Mientras la fiscalía evalúa los próximos pasos para obtener las pruebas, el Tribunal de Cuentas mantiene su postura de hermetismo sobre los motivos técnicos que fundamentaron su oposición al retiro de las copias. La resolución de este conflicto determinará el ritmo de una investigación que ya trascendió lo administrativo y profundizó una histórica disputa política provincial entre el oficialismo y el juecismo.
