El gobierno de la provincia de Córdoba se alistó en una batalla que tiene por bandera reivindicatoria un número: $7.000 millones. Lo anticipó el propio gobernador Juan Schiaretti, a horas de reconocer que había perdido las elecciones PASO: “Vamos a impedir que a los cordobeses les arrebaten $7.000 millones”, dijo.
Camino a las elecciones de octubre, lo que hasta hace pocos meses era una negociación positiva por la distribución de fondos entre Nación y Provincia, se convirtió en una ‘campaña Cruzada’. Al frente va el primer mandatario y su estrategia de guerra es desafiar a los opositores a que digan cuánto compromiso tendrán en el Congreso a la hora de defender los intereses de la provincia.
Para una épica de campaña política, la historia tiene buenos argumentos. Sin embargo, lo que está en juego no es un botín de guerra, sino un sistema económico-financiero atravesado por reglas que deben institucionalizarse definitivamente para poder construir un federalismo equitativo.
Aislando los intereses partidarios y coyunturales de la cuestión, ir a la guerra en la ‘Madre de todas las Batallas por los 7.000’, ¿es lo mejor para los cordobeses? Esto dicen los números y las propuestas de expertos que analizan la relación Nación-Provincia.
Camino recorrido. En los últimos 16 meses, Córdoba recibió desde la Nación por conceptos específicos, un total de $19.016 millones (a razón de $1.189 millones por mes). ¿Con cuáles asignaciones? Unos $5.510 millones por condonación de deudas para Epec; $5.029 millones por primer Acuerdo Déficit de Caja de Jubilaciones; $1.300 millones para obra pública; $6.358 millones por devolución del 15% de Pre Coparticipación y $819 millones por cuotas mensuales para Déficit de Caja de Jubilaciones.
Adicionalmente, la Provincia recuperó avales de la Nación para tomar deuda con el BID y el Banco Mundial, y avales para créditos internacionales con otras fuentes por US$300 millones para la construcción de cinco hospitales y de 40 escuelas Proa, dedicadas a la alta tecnología en el nivel secundario.
Se tratan de aportes reivindicatorios, tras una década en que la Provincia fue discriminada por el Estado nacional. Son fondos que legítimamente pertenecen a Córdoba y apoyos de la Nación que corresponden en un modelo de país federal que busca el desarrollo integral de su geografía.
Si ahora, la Administración Macri no discrimina, entonces ¿dónde radica el meollo de la guerra que se anticipa? En el diseño futuro del sistema de fondos coparticipables, donde todas las provincias buscarán un punto de equidad.
Fondo del Conurbano. La alerta roja la encendió la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, al reclamar ante la Justicia la totalidad del Fondo del Conurbano Bonaerense (FCB).
En 2017, el FCB tendrá un total de $53.000 millones (10% de la recaudación de Ganancias). De este ‘pozo común’, Buenos Aires se lleva el 1,2% y Córdoba el 11,24%. Para la Provincia significan $5.879 millones (algo menos de los $7.000 millones que reclama el gobernador Schiaretti).
Si la Corte Suprema falla a favor de Buenos Aires y le restituye el total del FCB, a Córdoba le significará un hueco del 20% en el total de recursos que recibe por Coparticipación Federal de Impuestos y le restará un 12,5% a lo que gasta en remuneraciones al personal, por ejemplo.
De que esto ocurra existe una alta probabilidad porque entre los argumentos que lleva Vidal a la Corte figura que Buenos Aires recibe $40 por habitante frente a los más de $1.000 que reciben provincias como Córdoba.
¿Le conviene a la Provincia ir al choque frente a este panorama? Los expertos aseguran que es hora de una negociación sofisticada del sistema federal, con tres objetivos: dar equidad al sistema; reducir la presión impositiva general y no desfinanciar a la Anses, que continúa teniendo un rol clave en los sistemas previsionales nacional y provinciales.
Buscando alternativas. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), un camino de negociación a explorar sería que las provincias exijan que la totalidad del Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios (IDCB, o impuesto al cheque) se coparticipe. Hoy solamente llega a las provincias el 17,2% de su recaudación.
Si esto ocurriera, Córdoba recibiría un total de $5.815 millones, lo que significa una pérdida mínima de 0,1% respecto de lo que hoy le entrega el Fondo del Conurbano.
Para el economista AirelBarraud, director de Iaraf, la opción es conveniente para todas las partes porque en promedio las provincias perderían no más de 0,3%; Anses tendría una retracción de no más de $9.000 millones y el Tesoro Nacional debería sacrificar alrededor de $66.000 millones.
No es todo lo que se podría hacer, pero sí lo inmediato para generar un ‘puente’ que ayude a la provincias si la Corte falla a favor de Buenos Aires. Además, esta propuesta no interrumpe los planes de reforma impositiva que contempla seguir cobrando el IDCB, aunque a cuenta de Ganancias.
Más que ir a la guerra por una indescifrable “bandera de $7.000 millones”, cuya justificación exacta por parte de la Provincia aún no se conoce, antes bien a Córdoba parece convenirle ir a una negociación fina de número por número.
Sobre todo porque queda mucho más por negociar progresivamente: la reducción de subsidios con que la Nación auxilia a Ciudad y Provincia de Buenos Aires (se estima en $79.000 millones); un 20% de Ganancias que hoy se resigna ($5.341 millones) y un 11% de IVA ($3.242 millones) que serviría para ir solventando estructuralmente el déficit dela Caja de Jubilaciones provincial.
