De las políticas basadas en opiniones a las políticas sustentadas en evidencias

Con diferencias mínimas, finalmente el INDEC y la Dirección de Estadísticas de la Provincia de Córdoba coincidieron en que en el Gran Córdoba hay 1.650.621 personas en estado de vulnerabilidad por vivir en la pobreza o indigencia, conforme a mediciones correspondientes al primer semestre de 2017. Esto significa que son cordobeses que no logran cubrir necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales, y miles de ellos (118.947) ni siquiera las necesidades proteicas.

La dinámica política (más enfocada en la especulación que en los problemas) convirtió al debate de porcentajes -por errores metodológicos del INDEC, en mediciones pasadas- en el eje de la cuestión. Lo cierto es que el 30% de pobreza en Córdoba (30,7% para el INDEC; 30,3% para la Dirección de Estadísticas de la Provincia) es apenas la punta del iceberg de una problemática más estructural, de responsabilidades compartidas por todos los niveles de gobierno que, en conjunto, llevaron la presión impositiva al 42%. Esto significa concretamente: dinero que le entrega la sociedad al Estado vía impuestos, para que sus funcionarios respondan con estos resultados: 29% de pobreza a escala nacional; 30% en la provincia. ¿Quién es el osado que se anima a argumentar que esto es un logro?

Los burócratas pueden ver allí solo porcentajes que los favorecen, más o menos; sin embargo, detrás de las estadísticas hay impactos multidimensionales que se escapan a la vista si la lectura se circunscribe a “quién tuvo la medición correcta”. (Ver abajo recuadro “Quién se anima…”)

Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Argentina debe pasar de las “políticas públicas basadas en opiniones" a las “políticas públicas basadas en evidencia”, al menos si lo que pretende es un desarrollo sostenible, no meramente bajar unas décimas la pobreza. Esto último puede servir para ganar elecciones coyunturales, no para crear dignidad.

Debate innecesario. Ríos de tinta y horas de debate mediático se invirtieron en analizar por qué la medición anterior del INDEC dio a Córdoba 40,5% de pobreza y ahora 30,7%. Sin dudas, la vara del cuestionamiento quedó en un plano muy elemental. Por encima de 20%, es un drama y más si se prolonga en el tiempo.

Según advierte el PNUD, cuando en términos históricos, los niveles de pobreza se mantienen en torno al 30%, con un piso promedio de 20% en cuanto menos una década, es indicativo de la conformación de un núcleo duro de pobreza transgeneracional y del fracaso de las políticas públicas. En mayo de 2001, la pobreza afectaba al 34% de los cordobeses. ¿Por qué nada cambia?

De acuerdo al estudio sobre sobre Pobreza Muldimensional, elaborado por la consultora Economic Trends para la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), filial Córdoba, un 23% de los hogares pobres del Gran Córdoba está inmerso en un contexto de pobreza de carácter estructural por una combinación de déficit de educación, empleo y vivienda. 

Marcan las evidencias: “En el Gran Córdoba el 42% de la población mayor a 18 años no cuenta con estudios secundarios completos, a la vez que el 15% de la población de entre 14 y 24 años no estudia ni tiene acceso al mercado laboral”, señala la Agencia para el Desarrollo Económico de Córdoba (ADEC). Y agrega: “El 10% más pobre requiere de 495 ingresos familiares completos para adquirir una vivienda de 130 m2, lo cual se torna prácticamente inviable”. Como ocurría hace 10 años atrás, hoy un 20% de cordobeses en edad de trabajar no encuentran oportunidad de emplearse.

¿Qué se hace con todas estas evidencias? “El uso de evidencia empírica y métodos sistemáticos para la formulación y evaluación de políticas no podría per se eliminar diferencias ideológicas o políticas, pero contribuiría sustantivamente a elevar el nivel del debate y a mejorar la efectividad de las políticas públicas”, sostiene el PNUD.