La abogada Daniela Morales Leanza anticipó a PERFIL CÓRDOBA que presentará en la Fiscalía General un pedido para que se analice si la Fiscalía de Delitos Contra la Integridad Sexual N° 2, a cargo de Ingrid Vago, incurrió en mora e irregularidades al mantener inactivo el expediente por el abuso sexual, desde que era niña, de Sathya Aldana.
La historia de Sathya es doblemente dolorosa y trágica: por los hechos aberrantes que padeció en su intimidad, al ser abusada por su padre biológico, Walter Manuel Insaurralde, y por la inacción que se evidencia en el trámite de la causa judicial.
En 2017, durante una clase escolar sobre educación sexual ella se quebró y, en llanto, contó su padecimiento. Fue abusada por su padre biológico desde que tenía 8 años, hasta los 14. Inmediatamente, docentes y autoridades de la institución le comunicaron a la madre, Nancy Monges, quien formuló la denuncia. En mayo de ese mismo año se abrió el expediente que quedó radicado en la fiscalía de Vago.
“Hasta septiembre –relata la abogada Morales– se incorporó un informe del colegio y testimonios del preceptor y las autoridades, pero a partir de ahí no se hizo más nada”. Entre los trámites que nunca se concretaron está la pericia a la víctima.
Quienes conocen el expediente utilizan la palabra “horror” para describir los hechos.
Desde septiembre de 2017 la causa quedó paralizada. No hubo imputación ni más trámites.
Sathya quería obtener las disculpas del padre que, cuando era chica, admiraba y amaba hasta que comenzó a ser sometida sexualmente. Ese momento llegó en septiembre de 2019, pero él le pidió disculpas a cambio de que retirara la denuncia. Eso la desequilibró. No podía dormir, tenía pesadillas y su vida se convirtió en un tormento.
Escribió una carta desesperada en Facebook y el 18 de enero de 2020 terminó quitándose la vida. Recién entonces se reactivó la investigación por el abuso denunciado. A mediados del año pasado, Insaurralde fue imputado por abuso sexual agravado por el vínculo. Y en diciembre la causa se elevó a juicio.
Habían pasado más de dos años y medio desde que se hizo la denuncia. La madre –quien padece un cáncer terminal– y su abogada solicitaron, en reiteradas oportunidades, su detención. Recién el jueves último, a pedido del fiscal de Cámara, Marcelo Hidalgo, el tribunal la ordenó.
En tanto, el viernes a última hora el propio Hidalgo pidió que se le agrave la imputación a Insaurralde por abuso sexual seguido de muerte que tiene una pena de prisión perpetua. Por esa razón, la Cámara suspendió el juicio que tenía que comenzar el miércoles próximo hasta tanto se integre el tribunal con jurados populares. La gravedad del delito por el cual se acusa hace necesario esa condición.
Una vez finalizado el juicio, Morales Leanza solicitará a la Fiscalía General que analice los motivos por los cuales la causa estuvo paralizada durante tres años. Subrayó que la denuncia se trataba de un “delito gravísimo contra una niña”.
El trágico final de Sathya es un ejemplo del daño inconmensurable que provocan los abusos y la falta de respuestas a tiempo de la Justicia.
