Domingo Sesín: “Fue un error histórico eliminar el control preventivo del gasto público”

De turno en la feria veraniega, el vocal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba Domingo Sesín, aceptó el diálogo con PERFIL CORDOBA para referirse a lo que considera “la clave” para prevenir la corrupción: la restitución de un órgano de control preventivo de los actos de gobierno, tal como existió hasta 1993, el Tribunal de Cuentas de la Nación.

Es un tema sobre el que tiene experiencia académica, ya que es titular de la Cátedra de Derecho Procesal Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y director de la Maestría en la materia. Reitera, una y otra vez, a lo largo del diálogo, un concepto: el verdadero combate a la corrupción es prevenirla.

“En 1993 y, posteriormente, con la sanción de la Constitución del ‘94 cambiaron los paradigmas del control del gasto público. Hasta la sanción de la Ley 24.165 existía el Tribunal de Cuentas de la Nación. Su rol era el control preventivo. Cuando un presidente o ministro firmaban el decreto de adjudicación de una obra pública o la subvención a una empresa de servicios públicos, antes de ser notificado y ser ejecutado intervenía el organismo que hacía el control legal y contable del acto y el procedimiento. Ese organismo tenía independencia funcional porque no dependía del Poder Ejecutivo Nacional (PEN)”, señala.

—¿En qué consistía el control preventivo?

—El Tribunal de Cuentas observaba si había alguna irregularidad en los actos de gobierno, para que el PEN lo corrigiera. Si no lo hacía, para ejecutarlos tenía que dictar un decreto de insistencia con la firma de todos los ministros. Una copia se enviaba al Congreso. Antes de producirse los efectos jurídicos del decreto o el subsidio, había una luz roja, amarilla o verde de parte de un órgano especializado. Con ese sistema se ganaba por varias cuestiones: permitía custodiar la responsabilidad de los funcionarios honestos y descubrir irregularidades dentro de la pirámide de la administración pública. El hecho de que los diversos organismos contables de la administración supieran que iban a ser controlados por un órgano externo sumaba garantías. Desde el punto de vista empírico, indudablemente es un modelo que previene la corrupción.

—¿Por qué se abandonó este modelo de control?

—Dentro de la administración antes existía una Contaduría General de la Nación que hacía el control interno. Ese órgano se cambió y ahora se llama Sindicatura General de la Nación (Sigen). El problema se produjo cuando se eliminó el control preventivo. En aquel momento se argumentó que los controles previos implicaban demoras del Estado.

—La famosa burocracia…

—Sí, porque el gobierno tenía que supeditarse al organismo de control. Además, en la década del ‘90 comenzaba una nueva época en el país, de transformación económica a través de las privatizaciones de empresas y servicios públicos; y se adoptaron otros modelos que existían en el ámbito internacional. Al suprimirse el Tribunal de Cuentas se creó la Auditoría General de la Nación (AGN), vigente en la actualidad. Se habla de un control sistémico, integrado desde el punto de vista económico, financiero y fiscal. El texto de la ley entusiasma porque plantea un contralor completo. Pero, si uno pone bajo la lupa el contenido, se da cuenta de que fue suprimido el control preventivo. Quedó el posterior, es decir una vez que el subsidio ya se otorgó, la adjudicación de una obra se ejecutó o se renegoció la deuda externa. Si en esos procesos hubo irregularidades, el perjuicio a la sociedad y los intereses económicos del Estado ya se produjeron, no se puede retrotraer la situación al estado anterior. En una palabra, intervenimos para hacer la autopsia de lo que sucedió. En cambio, los organismos de prevención intervienen en terapia intensiva, cuando hay posibilidades de salvar ese acto.

—¿Alguna vez se planteó volver al modelo anterior?

—No conozco que haya una crítica encendida respecto del error histórico, a mi criterio, de haber cambiado ese paradigma. Eso llama la atención. Si usted estudia la historia argentina se va a dar cuenta, empíricamente, que antes de esa época no se detectan casos de corrupción. Cómo es posible que el Presidente de la Nación no tenga un órgano de control que no dependa de él. Institucionalmente lo debilita. ¿Qué haría yo? Conformaría un organismo de alta calidad técnica y neutralidad política, hasta suspender un trámite si se detecta un vicio. Pondría plazos ágiles: 30 días para hacer observaciones y si no se producen se aprueba el acto en forma ficta. Por más que vayan presos los corruptos, me interesa que no se haya gastado el dinero en corrupción. 

QUE PASA EN CORDOBA

Al referirse a la situación en la Provincia, Domingo Sesín precisó que “la Cons - titución de 1923 dice, enfáticamente, que no puede aprobarse o ejecutarse un acto de erogación del Esta - do sin la intervención pre - via del organismo de control. Cuando se debatió la reforma constitucional en el ‘87 se pretendió eliminar el control preventivo. La idea fue motorizada por directores de la planta estable de la administración pública que se veían muy controlados. No prosperó. El artículo 127 ratificó el control previo de todos los actos administrativos.

—Pero el Tribunal de Cuentas tiene mayoría oficialista…

—Normalmente está integrado por un staff técnico de carrera de alta calidad. Aun cuando la cúspide de la organización venga del mundo político, tiene garantizada una minoría que pertenece a otro partido político. Al funcionario honesto le va a interesar escuchar la opinión de esa minoría, porque ese mecanismo le permite mejorar o corregir el acto. La clave está en tener la oportunidad de corregir algo antes de ejecutarlo.

—¿Qué pasó con las agencias y ahora con las sociedades del Estado que quedaron fuera de la mirada del Tribunal de Cuentas?

—Normalmente, en las empresas y sociedades del Estado, como en las agencias, se prevén órganos de control. Para que sean eficientes, como las privadas, se las ha dotado de un modo de contralor diferente, concomitante. Tienen una auditoría especial.

—Entonces, no habría razones para que haya corrupción…

—El control preventivo no elimina esa posibilidad, pero seguramente si no existiera habría más hechos irregulares.