La Tonomac seis bandas con su dial clavado en Universidad podría haber matizado como siempre aquel amanecer de café con leche, criollos y apurados aprestos para ir al cole. Pero esa mañana la radio anunciaba con tonos sombríos que no sería un día normal. Lo que no podía entonces preverse era la dimensión de la tragedia que comenzaba en ese otoño recién inaugurado de hace algo más de cuatro décadas y media.
“Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la junta de comandantes generales de las fuerzas armadas. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento de las disposiciones y directivas que emanen de la autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones”.
El comunicado de la junta se repetía una y otra vez y poco importaba si la voz de los lúgubres párrafos, cuyo real sentido se comprendería después, correspondía a un locutor al que no le quedaba otro remedio que leerlo o al mismísimo Jorge Rafael Videla que acababa de derrocar al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón.
Quien suscribe estas líneas tenía 10 años aquel 24 de marzo de 1976 y por entonces comenzaba el secundario que culminaría hacia fines de 1982, cuando la ominosa conducta de la cúpula castrense que desnudó la derrota en la Guerra de Malvinas marcaba el comienzo del fin de la más cruenta dictadura cívico-militar que imperó en la Argentina.
Pasaron 46 años de aquel día de abrupta ruptura institucional –que no pocos aplaudieron y muchos más convalidaron con silencios– hasta hoy. Una historia, la de un gobierno surgido de las urnas que era tumbado por quienes instalaban otro ‘de facto’, que se repetía por sexta vez desde 1930, cuando fue derrocado Hipólito Yrigoyen. Entre el golpe perpetrado contra el caudillo radical y el que sacó de la presidencia a la viuda del general Juan Domingo Perón, también habían transcurrido 46 años. Los períodos constitucionales fueron en esa etapa casi como una ventana entre mandatos que carecían de la legitimidad del voto.
La comparación acaso es una razón más para dimensionar la importancia de fortalecer esta democracia que, con bemoles y evidentes falencias, cumplirá el año que viene cuatro décadas de ininterrumpida vigencia.
Preguntas y respuestas. En los párrafos iniciales, con las vagas referencias personales a un momento puntual, se trataba de responder a las inquietudes de estudiantes de entre 15 y 17 años. Una suerte de réplica con interrogantes a la pregunta que antes se les había formulado a ellas y ellos: ¿Qué significa para ustedes el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia?
“Tomar conciencia de lo que pasó para que no vuelva a repetirse”, dijo una estudiante de colegio preuniversitario junto a una amiga. Esta acotó una frase que consideraba remanida pero no por ello menos vigente: “Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla”.
Entre sus compañeras y compañeros del último año del secundario todos tenían claro el sentido de una evocación, aunque muchos admitieron que quisieran saber más sobre el tema. Hubo quien sumó una voz disidente a las reflexiones de la mayoría e instaló el debate. Las discusiones se zanjaron cuando un chico relató en primera persona la historia de un familiar que padeció la represión o cuando una chica repasó informes y noticias que daban cuenta de crímenes de lesa humanidad cometidos en esos años de plomo.
“No había justicia porque nadie tenía acceso a un juicio justo… y las autoridades eran ilegítimas”, argumentó alguien.
“Lo de los robos de bebés, la supresión de identidad, los delitos contra la vida”, enumeraron como las instancias más graves de la dictadura dos estudiantes que compartían visión y trabajo práctico alusivo al tema. “Las desapariciones, el no saber qué pasó con tu familiar o ser querido”, acotó uno de ellos.
“La persecución a los trabajadores y la censura”, opinó a su vez una mujer y asintió un hombre, ambos nacidos en la década en que se perpetró el último golpe de Estado en Argentina y quienes hoy buscan completar estudios en un secundario para adultos. “Uno se acuerda de algunas cosas pero más por lo que ha estudiado o le han contado”, agregó él. Ninguno de ellos, ni de sus compañeros de clase, dijo saber que la escuela a la que asisten cada noche lleva el nombre de un dirigente gremial cordobés, delegado del SEP, desaparecido y asesinado por la dictadura.
Todos y todas se asombraron cuando se enteraron que los restos de ese gremialista fueron recuperados e identificados por el Equipo de Antropología Forense durante sus excavaciones y trabajos efectuados en una fosa común del cementerio San Vicente. Las consecuencias del terrorismo de Estado se comprenden drásticamente cuando se pone nombre y apellido a sus víctimas.
Con edades, perfiles y expectativas disímiles, estos jóvenes nacidos y criados en democracia y quienes llegaron al mundo hacia el final de la dictadura, difieren quizá en vivencias, conocimientos y miradas sobre aquellos años de horror. Pero en lo que todos coinciden es en valorar derechos y libertades que hoy consideran irrenunciables y en lo “imposible” que les resultaría ni siquiera imaginarse bajo un régimen como el que hace 46 años tuvo la venia no sólo de las fuerzas armadas.
Algunas y algunos estudiantes de cuyas opiniones este escrito se hizo eco, estuvieron en la multitudinaria marcha que atravesó el jueves pasado el centro de nuestra ciudad tras un cartel que rezaba ‘La memoria está en la calle’. Otros se enteraron después de la magnitud de una concentración que cada año mantiene recuerdo y reivindicaciones encendidos.
A su manera, la internalización y el ejercicio cotidianos de la democracia (con sus defectos y deudas pendientes) y el conocimiento de derechos y libertades que se ampliaron a lo largo de estos años, tal vez sea la forma de expresar su ‘Nunca más’.
