Con la señal de vía verde del gobernador Martín Llaryora, el oficialismo avanzará en la sesión del miércoles con la ley para regular —y en los hechos prohibir lo no autorizado— la actividad de “naranjitas” y limpiavidrios. En paralelo, decidió mantener en análisis la letra fina de la Ley Joaquín ante objeciones judiciales por un posible punto de inconstitucionalidad. En la oposición hablan de un cambio en la hoja de ruta del PJ; desde el Panal lo niegan.
Hasta hace pocos días se daba por hecho que la reforma al Código Procesal Penal —para introducir el régimen de protección de víctimas impulsado por Llaryora en su respuesta política al caso de Joaquín Sperani— sería la prioridad, relegando el debate sobre cuidacoches ilegales. Sin embargo, el esquema cambió.
En la oposición interpretan que la escalada de violencia urbana vinculada a los “naranjitas” aceleró la decisión del Ejecutivo de avanzar sobre la actividad ilegal. En paralelo, la Ley Joaquín quedó bajo revisión tras escucharse algunas objeciones judiciales. Se trata de una iniciativa de alto impacto simbólico que el gobierno no está dispuesto a resignar. Y, si hace falta, redoblar su defensa.
Desde el Centro Cívico se bajó una señal clara sobre los cuidacoches: avanzar sin dilaciones, pero sin romper la autonomía municipal. El proyecto establece que la actividad quedará vedada si no cuenta con autorización local. Con lo cual, los municipios seguirán teniendo la potestad de habilitar esquemas formales bajo su control, mediante cooperativas o programas específicos.
El oficialismo busca evitar el costo político de una prohibición total —como la que impulsan sectores duros de la oposición, mientras la Iglesia se opone— y responder a la demanda social por seguridad en la vía pública. En ese equilibrio, el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros exhibe un discurso de mano dura. En el primer trimestre del año ya fueron detenidos 156 “naranjitas”, en una señal política de “más controles, más presencia en calle y cero tolerancias al abuso”.
Lo ilegal en foco
El proyecto base para el dictamen es el del amarillo Oscar Agost Carreño. Su artículo central fija que “la utilización del espacio público vehicular para actividades de cuidado de vehículos y limpieza de parabrisas o superficies vidriadas solo podrá realizarse con autorización expresa” de la autoridad competente. La iniciativa prevé sanciones que van desde trabajo comunitario y multas hasta días de arresto para los que ejerzan la actividad ilegal.
En su movida, el PJ busca compatibilizar unos cinco proyectos, incorporando aportes opositores como la misma lógica de regulación del radical Matías Gvozdenovich y el enfoque de inclusión sociolaboral de Matías Chamorro. La prohibición total de Gregorio Hernández Maqueda quedó descartada.
En esa estrategia, el PJ busca construir un “consenso amplio” que legitime la norma. “Se va a tomar lo mejor de cada proyecto, pero con una lógica clara: regular, ordenar y dar herramientas a los municipios”, señalaron desde el oficialismo. El texto incluirá la invitación a municipios y comunas a adecuar sus ordenanzas a la nueva ley.
La hoja de ruta está definida: este lunes la comisión de Seguridad, presidida por Juan Manuel Llamosas, escuchará a la Iglesia y al Comipaz; el martes se firmará el dictamen de mayoría y el miércoles llegará al recinto, donde el oficialismo tiene los votos para su aprobación.
Llamosas remarcó la decisión de avanzar con la prohibición de toda actividad no autorizada y la necesidad de “una norma precisa que establezca orden dentro del Código de Convivencia”. Se trabajará en base a los proyectos “para buscar su compatibilización en un dictamen de mayoría que refleje los consensos necesarios para su aprobación en la sesión del miércoles”, dijo.
En tanto, Agost Carreño celebró que “el gobierno finalmente haya decidido avanzar con el tema de los naranjitas y los limpiavidrios y que se tome lo central de nuestro proyecto”. “No se trata de prohibir el trabajo de nadie, sino de poner reglas claras para frenar la conflictividad creciente en la calle”, sostuvo.
“El espacio público es de todos y nadie puede cobrar por estacionar o exigir dinero por limpiar parabrisas si no tiene autorización del municipio. Hoy hay una zona gris que genera conflictos, aprietes y situaciones de intimidación. Esto no es criminalizar la pobreza, es terminar con la extorsión y ordenar la convivencia urbana”, enfatizó.
La Iglesia mantiene su rechazo bajo el argumento de decirle no a la “cultura del descarte”, aunque el vínculo con el oficialismo muestra matices: en el PJ aseguran que hubo diálogo con el arzobispo Ángel Rossi y relativizan las versiones de la Pastoral Social de falta de contacto.
Ley Joaquín
En paralelo, la Unicameral mantiene en debate la “Ley Joaquín”, que busca crear un régimen integral de protección de víctimas de delitos. Según el Ejecutivo, ordena derechos y fija estándares de trato, información, participación y asistencia, con el objetivo de pasar de lo declarativo a lo efectivo en el proceso penal.
“Los derechos de la víctima deben ser exigibles y operativos, no meramente declarativos”, dijo LLaryora al elevar el proyecto a la Unicameral, aunque se aclaró que la ley “no introduce privilegios ni altera el equilibrio del proceso penal”. En esa línea, habilita mayor participación de las víctimas, incluyendo la posibilidad de constituirse como querellantes.
Ese punto encendió alertas ante la presión judicial. Voces en fiscalía advierten sobre una posible inconstitucionalidad en casos con menores no punibles: al tratarse de un régimen tutelar y no penal, no existiría acción penal que habilite la figura del querellante.
La objeción ya llegó al Panal y a la Unicameral, generando un compás de espera. El oficialismo busca evitar un tratamiento apresurado que derive en impugnaciones. Desde el Ejecutivo rechazan que se trate de un freno político: sostienen que el planteo “no es generalizado” y que hay antecedentes a favor. “Hay media biblioteca a favor”, grafican. Y resaltan: “No hay ninguna incompatibilidad. El Estado no puede quitarle a las víctimas el derecho a ser oídas, informadas y a aportar prueba”.
El foco de atención está en el artículo 14, que modifica el artículo 91 del Código Procesal Penal, extendiendo la posibilidad de ser querellante incluso en casos con menores. Ese punto podría ajustarse para sortear objeciones sin desnaturalizar la ley, o sostenerse como señal política del gobierno hacia la Justicia. Por lo pronto, la Legislatura se encamina a la sanción de la ley contra los “naranjitas ilegales” en medio del fuego cruzado del debate.
