¿El niño es influenciable a tal punto de inventar que es víctima de abuso sexual? En una entrevista publicada por este medio el domingo pasado, la psiquiatra Silvina Rivilli cuestionó el criterio que mantienen algunos fiscales y jueces provinciales al analizar denuncias de abuso sexual infantil. Por el falso Síndrome de Alienación Parental (SAP), se sostiene que las madres influencian sobre la conciencia de sus hijos e hijas.
Sin citarlo explícitamente, esa concepción es argumento para realizar informes periciales y hasta cerrar causas contra presuntos abusadores.
El abogado del Tribunal de Disciplina del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba, Marcos Daher, coincide con esa postura: “Hay que decir que el SAP no tiene ningún tipo de validez, nunca la tuvo”. Y agregó que “su aplicación produce un profundo daño en la salud mental y afecta los derechos del niño”.
Daher, además, fue redactor del Código de Ética de la entidad profesional y participó del Fondo Solidario de la Federación de Psicólogos de la República Argentina.
Reconoció que este tipo de teorías hizo mella en el ejercicio profesional de algunos psicólogos, fue citado por defensores de hombres denunciados por presuntos abusos quienes terminaron exculpados precisamente por eso. “Nadie tiene la cuenta de la cantidad de abusadores que han sido beneficiados y han seguido abusando por la aplicación de ese supuesto síndrome como herramienta defensiva. No digo que hay que condenar sin pruebas, pero no se puede defender con pseudociencia”, ratificó. A modo de ejemplo, dijo que “el SAP es para la psicología lo que el terraplanismo es para la astronomía”.
Género. Subyace a esta problemática la cuestión de género. El síndrome, o el “lavado de cerebro”, se endilga en especial a la mujer. No hay hombres denunciados, pero sí mujeres que fueron sancionadas por alentar -hipotéticamente- relatos de abusos en sus hijos o hijas.
¿Cuál es la razón por la que una teoría no científica puede llegar a ser aplicada al decidir la imputación o no de una persona? Según la opinión de Daher, hay dos factores: la imposibilidad de jueces y fiscales de tener herramientas científicas para determinar una circunstancia más allá de lo que informan los peritos. “Si les dicen que tiene un SAP, el juez no tiene herramientas de la psicología para saber si es o no un síndrome. Hay una generación de psicólogos que lo consideraban válido. Nos preocupa porque es la principal herramienta de defensa que usan los abusadores”, puntualizó.
El otro factor es la receptividad en algunos sectores de la psicología que tuvo esa idea, creada por Richard Gardner, pero desechada rápidamente por la ciencia. Daher sostiene que hay “operadores judiciales (peritos, defensores, fiscales y jueces) que lo aplican haciendo foco en la víctima y en la mujer como influencia sobre el niño; eso surge de los expedientes”.
Consultado sobre por qué esto no es motivo de alguna sanción por parte del Tribunal de Disciplina, el abogado dijo que no puede revelar el contenido de expedientes en trámite, aunque aclaró: “La aplicación de un método no válido por un psicólogo es negligencia profesional, no es ejercicio ilegal. Por lo tanto, no tiene efectos penales. Sí es sancionable como negligencia”.
El Colegio de Psicólogos mantuvo reuniones con autoridades del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo y en ambas instancias pidió explícitamente que no se aplique el SAP como síndrome porque carece de rigor científico.
PRONUNCIAMIENTOS DE LA COMUNIDAD CIENTIFICA
Teorías como la ‘coconstrucción’, ‘el discurso contaminado’, y el falso ‘síndrome de alienación parental’ se pueden resumir como la supuesta manipulación por parte de un progenitor -suele adjudicarse a la madre- para enfrentar a los niños contra el otro progenitor.
La psicología organizada de todo el país rechaza su aplicación por carecer de rigor científico y, sin perjuicio de ello, por haberse constituido en herramienta de impunidad.
El SAP tampoco fue aceptado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni por la Asociación Americana de Psiquiatría. En nuestro país, el 18 de junio último, la Senaf y más de 80 especialistas en temas de infancia, han advertido que su aplicación provoca “severos perjuicios a muchos chicos y chicas en sus derechos”.
Firmaron el comunicado, entre otros, Erika Roffler (jefa de gabinete del Ministerio de Desarrollo Social), Hernán Monath (Unicef), María Elena Naddeo (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos), Cecilia Merchán (de las Mujeres, Géneros y Diversidad) y Nora Schulman (Casacidn).
