Una investigación de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij) relevó 5.170 denuncias contra magistrados federales y nacionales desde 1999, cuando se creó el Consejo de la Magistratura de la Nación, hasta agosto de 2026. De las 4.910 que ya fueron cerradas, apenas 64 derivaron en una sanción o destitución. Representan el 1,3% del total de denuncias. Además, 469 expedientes caducaron sin una resolución.
A través del “Buscador de denuncias” que habilitó Acij en el informe publicado, Perfil CÓRDOBA detectó denuncias contra 24 jueces federales de la provincia de Córdoba en los 27 años de existencia del Consejo. Ninguno fue sancionado ni tampoco fue destituido. Actualmente, hay 15 expedientes en trámite.
El mayor número corresponde al vicepresidente de la Cámara Federal, Abel Sánchez Torres. Está a la cabeza del ranking de magistrados denunciados que integran o integraron tribunales cordobeses. Tuvo 12 expedientes abiertos por diferentes presentaciones. Actualmente, acumula siete en trámite, de los cuales cuatro son remisiones del Juzgado Federal 2, a cargo del juez Alejandro Sánchez Freytes, por la investigación penal por presunta violencia laboral y de género hacia una funcionaria del tribunal y abuso de autoridad, delitos por los cuales fue recientemente procesado.
Junto a Sánchez Torres, también es investigada Graciela Montesi, presidenta de la Cámara. Tiene seis causas en trámite, una de las cuales es la remisión del Juzgado Federal donde fue recientemente sobreseída en un hecho y se le dictó falta de mérito en otro en los que el Ministerio Público Fiscal solicitó investigarla. Las últimas novedades penales alivian sensiblemente su situación.
Las denuncias ante el Consejo de la Magistratura y ante el fuero penal, motivo de las investigaciones en curso, refieren a presuntos acuerdos entre Sánchez Torres y Montesi en la integración de las salas de la Cámara de Alzada que habrían beneficiado a empresarios o algunas de las partes en otros litigios. También, a un viaje a Punta del Este en un avión privado y a la situación patrimonial del camarista.
El segundo puesto del ranking histórico es ocupado por dos magistrados. Uno es el juez Ricardo Bustos Fierro, quien se jubiló en 2023. A lo largo de su desempeño al frente del Juzgado Federal 1 de Córdoba —con competencia electoral— tuvo 12 denuncias y todas fueron desestimadas.
El otro es el actual titular del Juzgado Federal 2, Alejandro Sánchez Freytes, también con 12 causas, todas desestimadas, excepto la última que ingresó en marzo de este año, firmada por Alberto Solanet.
Los números pueden ser capciosos, por lo cual valen ciertas consideranciones. El Consejo de la Magistratura tiene la función de seleccionar a los aspirantes a jueces y aplicar sanciones disciplinarias o removerlos en casos graves.
Muchos ciudadanos o abogados que pierden juicios, no sólo buscan modificar las sentencias con apelaciones ante las instancias superiores, sino que también acuden al Consejo de la Magistratura. Eso explicaría, en parte, la cantidad de causas que se archivan o desestiman. No toda denuncia ante el Consejo de la Magistratura está destinada a prosperar.
Además, hay denunciantes que cuestionan a tribunales colegiados enteros, incluidos a los jueces de primera instancia. Por eso, hay un gran número de expedientes con nombres que se repiten.
Pero hay otra explicación a la cantidad de casos cerrados: la corporación judicial resiste las investigaciones a sus miembros.
Con el simple hecho de presenciar las sesiones del Consejo de la Magistratura —a través de su canal de YouTube— se torna evidente la lentitud con la cual el cuerpo tramita los expedientes de magistrados denunciados. En el caso de los camaristas cordobeses Sánchez Torres y Montesi, durante meses el cuerpo postergó la aplicación del artículo 11 del Reglamento del Consejo que establece “notificar” a los denunciados para que realicen su descargo.
Lo importante sería que a cada denuncia se le imprima el trámite correspondiente con una celeridad razonable, para evacuar cualquier duda sobre el accionar de los jueces. Si un denunciado no incurrió en delito ni incumplió ninguna norma en su función, la causa debe ser archivada. Caso contrario, el expediente se debe tramitar con rapidez para lograr la sanción o la remoción del cargo. Es inaceptable que jueces con sospecha de comisión de delitos o faltas graves sigan por años dictando sentencias, sin ningún pronunciamiento del organismo de control.
Casos de Córdoba
Los jueces en actividad denunciados a lo largo de los 27 años de existencia del Consejo de la Magistratura son: Abel Sánchez Torres (18, actualmente siete en trámite); Graciela Montesi (siete denuncias, de las cuales seis en trámite); el juez federal 2, Alejandro Sánchez Freytes (12 denuncias, 11 fueron desestimadas y una ingresó este año); el juez federal 3, Miguel Hugo Vaca Narvaja (10, de las cuales una está abierta), y el camarista Eduardo Ávalos fue denunciado en dos oportunidades. La lista sigue con el juez de Río Cuarto, Carlos Ochoa (dos, una interpuesta por Anses)
Vocales de tribunales orales en actividad también recibieron denuncias y todas fueron archivadas. Ellos son: José Fabián Asís (2), Julián Falcucci (4), Noel Costa (1).
Los jueces jubilados, que renunciaron o fallecieron y tuvieron expedientes archivados son: Ricardo Bustos Fierro (12); Cristina Garzón de Lascano (4): Ignacio Vélez Funes (tuvo 8 causas en el Consejo donde fue denunciado en forma conjunta con otros jueces y solo una que presentó el gremio de judiciales fue exclusivamente contra él). El resto de la lista la integran los jueces de primera instancia Mario Garzón (8), Oscar Valentinuzzi (2) y Roque Rebak (3).
También fueron archivadas denuncias contra los camaristas Luis Rueda (5), Gustavo Becerra Ferrer (2), Alejandro Mosquera (2), Humberto Aliaga Yofre (1), Carlos Lascano (9), José María Pérez Villalobo (10), Jaime Díaz Gavier (7) y Vicente Muscará (4).
El caso de Carlos Otero Alvarez es especial. Tuvo dos causas abiertas en el Consejo. Se jubiló y luego fue condenado por delitos de lesa humanidad cometidos mientras fue funcionario judicial, antes de ejercer la magistratura.
Causas prescriptas por el paso del tiempo y opacidad
La garantía constitucional de independencia judicial busca proteger a jueces y juezas de remociones arbitrarias, persecuciones políticas o represalias por el contenido de sus decisiones. Pero esa protección plantea, al mismo tiempo, un desafío: que existan mecanismos eficaces para investigar y eventualmente sancionar el mal desempeño o la comisión de delitos.
La investigación de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij) pone el foco precisamente sobre ese mecanismo de control. Bajo el título “¿Justicia intocable?”, el trabajo analiza qué ocurrió con las denuncias contra jueces y juezas federales y nacionales recibidas por el Consejo de la Magistratura desde 1999 hasta agosto de 2026.
El resultado central es que apenas el 1,3% de las denuncias cerradas terminó en una sanción o remoción.
Según los datos recopilados, desde su creación el Consejo de la Magistratura recibió 5.170 denuncias. De ese universo, 4.910 ya fueron cerradas, lo que representa el 94,97%, mientras que otras 260 continúan en trámite, equivalentes al 5,03%.
De las 4.910 denuncias cerradas, solamente 64 terminaron con una sanción o la remoción del magistrado denunciado.
Dentro de esas 64 decisiones, 43 fueron sanciones disciplinarias, como multas o apercibimientos, mientras que 21 terminaron con la remoción del juez o jueza.
La investigación identificó otro dato relevante: 469 denuncias caducaron por el paso del tiempo. Son expedientes sin una resolución disciplinaria debido al vencimiento de los plazos.
El trabajo plantea así una tensión entre dos objetivos institucionales: preservar la independencia de los jueces y, al mismo tiempo, garantizar que existan mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
Otro problema es la falta de transparencia respecto de los procesos disciplinarios.
Es escasa la información pública sobre el avance de las investigaciones, hay restricciones para que los denunciantes participen activamente en los procedimientos y la discrecionalidad en la selección de quienes quedan a cargo de investigar cada caso. Para Acij, estos factores pueden incidir en el desarrollo de los expedientes y dificultar el seguimiento ciudadano de las denuncias.
El caso Ariel Lijo
El juez en lo Criminal y Correccional N°4, Ariel Lijo, tuvo 41 denuncias en sus 22 años de ejercicio de la magistratura. En especial se refieren a causas de corrupción, como Ciccone y Siemens. Hubo otras presentaciones por violencia laboral en su tribunal. En alguno de los expedientes —destacó Acij— no se tramitó ninguna prueba y la mayoría fue rechazada. A pesar de tener causas abiertas, el presidente Javier Milei lo propuso como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
