El 30 de marzo, 10 días después de que el gobernador Juan Schiaretti fijara el 25 de junio para las elecciones de autoridades provinciales, el TSJ celebró el Acuerdo 96/2023 en el que realizó un llamado a contratación directa para realizar el operativo electoral, previendo un gasto de $ 700 millones, según el monto fijado por el gobierno provincial.
En el presupuesto 2023 aprobado el año pasado no se había incluido este gasto. Después de fijada la fecha de los comicios, recién se destinó la partida específica.
En el seno del TSJ dolieron las expresiones de la presidenta de Transparencia Internacional, la cordobesa Delia Ferreyra Rubio, respecto a que se podría haber previsto de antemano porque se sabía que era un año electoral. Respondieron que sin una fecha establecida era imposible iniciar el proceso licitatorio, incluso porque cabía la posibilidad de unificarlas con las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) nacionales, en cuyo caso el operativo no lo organizaría la Provincia sino la Nación.
A esa altura, por los plazos no era posible realizar una licitación.
Las fuentes consultadas aclararon que, a pesar de ser contratación directa, se decidió convocar a varias empresas y se dio publicidad al llamado para “garantizar igualdad entre diferentes interesados, libre concurrencia, juridicidad y transparencia”. Terminaron cotizando Ocasa y Correo Argentino. Andreani respondió que no podía presentar oferta económica.
La oferta de Ocasa resultó mejor que la de Correo Argentino, cumpliendo con los requisitos técnicos. Correo Argentino presupuestó por logística y escrutinio provisorio poco más de $ 2.315 millones, mientras que Ocasa fue adjudicataria del servicio por un total de $ 2.206.899.187,15.
El 9 de mayo pasado, el TSJ aprobó la Contratación 3/23 para la provisión de bienes y servicios necesarios y estableció dos ítems de prestaciones, con sus respectivos precios:
1. Operativo electoral: $ 1.667.721.977,15, ejecutado por Ocasa
2. Escrutinio provisorio:$ 539.177.210, ejecutado por MSA.
Cabe aclarar que la adjudicataria es Ocasa para la totalidad del servicio y por ende la responsable ante el Poder Judicial. La firma subcontrató a MSA para el recuento provisorio y por ese motivo, en caso de sanciones por incumplimiento será la primera la que deberá asumirlas.
En cuanto a la logística de despliegue y repliegue de urnas, con dos cabinas por mesa de votación, más los insumos y documentación electoral en bolsas de polietileno y sobres de escrutinio, no hubo mayores inconvenientes.
El problema se presentó en el escrutinio provisorio. El hardware y el software los aportó MSA. En el contrato firmado por el TSJ con Ocasa se incluyó un acta acuerdo entre ésta y la subcontratista MSA –una empresa cuyo principal producto es el voto electrónico– que tenía como antecedente cercano haber intervenido en las elecciones municipales de Marcos Juárez, claro que ahí el padrón tuvo unos 24.000 electores y 70 mesas en siete escuelas.
Para los comicios en toda la provincia se distribuyeron 9.062 urnas en 1.486 escuelas donde, según confirmó en un comunicado Ocasa, se entregó el 100% de los kits de Turing; es decir 1.486, uno por cada establecimiento.
Operativo de carga. El operador o asistente técnico accedía al formulario de carga en la pantalla de la máquina. Una vez completo y validado era enviado al Centro de Cómputos, instalado en la sede de la empresa Apex (Entre Ríos, pleno centro de la ciudad), y ahí se subía a la web datosoficiales.com para hacer públicos los resultados del escrutinio provisorio.
En el ofrecimiento que consta en el contrato, MSA propuso diferentes posibilidades, como pantallas que contenían fotos de los candidatos, gráficos con porcentajes y hasta cómo quedarían distribuidas las bancas según el sistema D´Hont.
Subcontratos. Los 1.486 operadores que debían realizar la operación de carga el día de la elección no fueron contratados directamente por Ocasa sino por reclutadoras de personal. Un asistente técnico que prefirió resguardar su nombre relató a PERFIL CÓRDOBA que fue contactado el jueves 22 de junio por AsokoTempo.
Le ofrecieron un pago de $ 35.885 si completaba las cinco etapas previstas: capacitación virtual, capacitación presencial, dos simulacros y el día de la elección. Contó que le dieron capacitación virtual y no lo volvieron a llamar más hasta el domingo a las 7.30 para indicarle a qué escuela debía ir. Ahora pugna por cobrar el total, a pesar de que no le dieron la capacitación presencial ni los simulacros. Directamente no lo convocaron para esas actividades.
Él tomó contacto directo con la máquina de Vot.ar de la firma MSA recién durante el día del comicio.
