Gremios en alerta temprana: acusan a Llaryora de replicar el ajuste de Milei en Córdoba

El fin del 2023 encendió las primeras alarmas para los trabajadores estatales de la provincia. Y un llamado temprano de atención fue la aprobación, sobre el cierre del año, de un paquete de reformas para recortar un 2% del salario de los trabajadores públicos a los fines de sostener la operatividad de la Caja de Jubilaciones. A ello se sumó otra quita del 1% para apoyar el desfinanciamiento del Apross, la obra social provincial. Los primeros pasos de Martín Llaryora como gobernador no fueron, a los ojos de los empleados públicos, los más auspiciosos.

Y más de uno recordó cómo se movió el mandatario en su paso por la Municipalidad: con la premisa de bajar la incidencia del costo laboral en la masa total de las erogaciones municipales se hizo un recorte importante en horas extras y adicionales no remunerativos, aprovechando la baja de actividad que supuso la pandemia.

Hoy no ha pandemia, pero sí una nuevo cambio de época y una nueva narrativa de reducción del gasto, control extremo de las erogaciones y austeridad, encabezada por el gobierno nacional del libertario Javier Milei.

En ese marco es que esta semana se confirmó otro golpe para un sector de los empleados públicos: la definición del gobierno provincial de no renovar la continuidad laboral de agentes provinciales que estaban en la categoría de contratados. 
El número de trabajadores afectados no está claro y aparece sujeto a polémica: para el SEP habría cerca de 2.500 desvinculaciones, una buena cantidad correspondientes al área de la salud, pero también hubo bajas en la administración central o en dependencias de la Cultura.

La Provincia salió a comunicar que no se trata de despidos sino de no renovaciones de contratos que finalizaban el 31 de diciembre de 2023; que los afectados serían 1300 agentes; que en el caso de Salud se constató altos niveles de ausentismo.

La gestión de Llaryora fue más detallista en este punto y enumeró el porcentaje de ausentismo en distintos hospitales. Habló de un 53% en el Tránsito Cáceres de Allende, de 52% en el Florencio Díaz; en la Nueva Maternidad 37% o un 30 en el San Roque Nuevo.

Alineación a Milei. Para los gremios estatales la decisión, además de ser inconsulta y arbitraria se hizo siguiendo el lineamiento de ajuste sobre el sector público que empezó a concretar el presidente Javier Milei.

“Creo que es una gran apuesta de apoyo a las decisiones del gobierno nacional. Pero no tienen criterio determinado, porque ajustan y apoyan algunas cosas, pero salieron a decir que están en contra de las retenciones al campo. El gobernador está muy preocupado que no le apliquen las retenciones al campo, y resulta que a nosotros si nos ajusta de una forma desconsiderada. Y ahora con despidos en lugares que son críticos. No es cierto que haya excesos de carpetas médicas. Estos mismos funcionarios que antes estaban con Barbás ahora salen con esto”, expresó Sergio Castro, titular del SEP.

Y recordó que el ajuste para bajar costos en áreas sensibles se hace a pocas semanas de que el exgobernador Juan Schiaretti informara que dejaba el gobierno con un flujo de caja de US$1200 millones.

“Si vos hiciste campaña apuntando a la Justicia social, a la salud, educación y seguridad y haces esto no me parece el camino. Nosotros tenemos registrados 1.000 despidos en distintas áreas, pero creemos que son 2500. Solicitamos por planilla que queden identificados las compañeros con problemas de salud, con discapacidades, las licencias por embarazado, etc. Claramente esta no es la actitud. Nosotros habíamos solicitado una mesa de diálogo, estábamos de acuerdo en vez carpeta por carpeta y el que no cumple los requisitos no queda. El Ministerio sale con que hay un exceso de carpetas médicas y eso no es así. El control de ausentismo no sé cómo lo hacen si es virtual, imagínate. Ahora han dejado sin contrato a compañeros en residencias geriátricos en Tulumba, o en el Complejo Esperanza donde hace falta gente”, remarcó.

Desde el SEP apuntaron que ya se elevaron dos notas pidiendo la reincorporación de los agentes despedidos, que desde esta semana que comienza se acrecentará un plan de luchas y que el martes marcharán al Arzobispado para pedir la mediación de la Iglesia. Se prevé un paro activo provincial de agentes de ATE para ese martes 9.

Ricardo López, Atsa, los trabajadores de la Salud comparte buena parte del diagnóstico: “no tenemos información como para corroborar los números de los despedidos, no tenemos números, si todo el mundo dice que son 1.000, no sé, uno espera que no. Uno pensaría que Salud, Seguridad que son tan vitales porque en el discurso se decía que no nos iban a tocar no iba a pasar. Es grave. Además han dado de baja compañeros accidentados, embarazados. Tenemos compañeros que son delegados gremiales. Si son por baja performance se puede discutir, pero acá dieron de baja a cualquiera. Dicen una cosa pero parecen el gobierno nacional”.

-¿Por qué creen que se da esto, más allá del numero?
-Para mí el gobierno perdió la brújula porque están ajustando donde ellos dijeron que se iban a basar, en la producción y el trabajo. Segundo, si hay un mapeo de baja de productividad por qué no nos sentaron a los sindicatos que tenemos injerencia para mejorar y darle oportunidad a la gente. Encima con lo que pasó a fin de año con los aportes y el Apross es como se dice vulgarmente, jugar con los bigotes del león. En algún momento salta. Acá hay un esquema de ajuste, al fin y al cabo replican lo que vivimos a nivel nacional, la casta somos nosotros. Y no es así. Sabemos la realidad, el ministro conoce la realidad de cada institución, que se haya permitido esto no es bueno, no le hace bien al sistema.

-¿En Salud hay bajas en Capital y en el interior?
-Sí, ya tuvimos contacto en Río Cuarto donde ya han sufrido bajas. Acá en Córdoba hasta donde sabemos, Misericordia, Pediátrico, Rawson. No hubo contactos previos, todos nos desayunamos con la noticia.

Paritaria encima. En medio de estas medidas tanto la administración Provincial como los gremios se verán las caras formalmente el 15 de enero para empezar a discutir el rumbo de las paritarias. Para los gremios estos despidos van a ser una especie de prenda de negociación para forzar a la baja el porcentaje de mejora salarial. “Se va a ratificar el incremento del 30% para enero y discutir cómo será la paritaria, será mensual o bimestral, no sabemos. También empieza la discusión del último tramo paritario del sector privado. Ahí vamos a tener una noción de lo que se viene”, comentó López.