Detectan negocios espurios en habilitación de boliches, bares y carnés para conducir truchos

La Justicia avanza a paso firme en la investigación sobre presuntas ventanillas ilícitas que existen desde hace años –quizás décadas– en las reparticiones de la Municipalidad de Córdoba. El fiscal de Instrucción del Distrito I, Turno 2, Guillermo González tiene por lo menos 20 líneas de investigación. Las áreas más sensibles que abarcan son el negocio de la noche y el otorgamiento de carnés para conducir por fuera del sistema oficial.

Es llamativo que el dato surja de la actividad judicial y que –durante años– no se hayan podido desmontar esos negocios paralelos, conocidos quizás para algunos funcionarios de la planta política.

Todo devino de las habilitaciones irregulares que otorgó por años la Dirección de Bomberos de la Policía de Córdoba. Hasta el momento quien es sindicado como la cabeza de esa organización ilícita es Gustavo Folli Pedetta. El dirigió la fuerza, luego fue subjefe de Policía y después director de Defensa Civil municipal, hasta diciembre último. Permanece detenido en Bouwer, imputado como jefe de una asociación ilícita. A pesar de haber dejado formalmente el cargo en Bomberos, para el fiscal González continuó teniendo ascendencia en la fuerza y siguió digitando esos negocios desde afuera. Está imputado y detenido porque su firma está estampada en varios documentos.

Los certificados falsos entregados a comerciantes les permitían habilitar sus respectivos negocios o establecimientos, supermercados, clínicas, concesionarias y grandes superficies –considerados de alto riesgo–, sin constatar que cumplieran con la normativa que rige desde la tragedia de Cromañón, en Buenos Aires. La semana pasada fue detenido en ese marco el inspector municipal Leandro Rodríguez, quien se encuentra imputado por el delito de asociación ilícita y falsedad ideológica.

Se presume que tenía un papel decisivo en la trama delictiva que comenzaba en Bomberos con certificados apócrifos, para terminar en habilitaciones ilegales del Palacio 6 de Julio. El jueves se realizaron 25 allanamientos en sedes comunales y domicilios particulares de inspectores y de funcionarios jerárquicos.

Los procedimientos no terminaron. Incluyen, además, viviendas en otras provincias por los datos informáticos que tienen los investigadores y que los llevarán a esas jurisdicciones.

Espectáculos públicos. En forma paralela, hay empleados –algunos revisten el carácter de delegados gremiales– que están siendo identificados en ilícitos que contemplan no sólo habilitaciones truchas, sino también en deficientes controles posteriores. Todos estos datos fueron informados desde la Unidad Fiscal de Delitos Económicos que trabaja bajo directivas del fiscal González. No dan nombres, pero aseguran que en los próximos días habrá más imputaciones. En este caso, los negocios que habrían obtenido habilitación a través de pagos requeridos y entregados por sus propietarios, son boliches, bares y pubs de diferentes zonas de la ciudad de Córdoba.

Carnés de conducir. La megacausa abarca también la entrega de carnés truchos. Promocionaban a través de WhatsApp la gestión del trámite permitiendo a los interesados obtenerlos sin ir a las oficinas municipales específicas, en los CPC. Habrían cobrado montos dinerarios para emitirlos en forma apócrifa.

Se está investigando la organización que operaba, en algunos casos a partir de los mismos centros de participación comunal. Los allanamientos practicados en los últimos días abarcaron los CPC de Villa El Libertador, Chalet San Felipe y el Centro de Capacitación de Transporte y Tránsito.

Se secuestró abundante documentación y teléfonos móviles. La megacausa, que adquiere cada vez mayor densidad y amplitud por la detección de maniobras consolidadas a lo largo del tiempo, comprende áreas sensibles que deberían exigir el cumplimiento de normas y no lo hacen. La pesquisa lleva más de un año. Estalló en septiembre último con las primeras detenciones y causó un fuerte impacto cuando determinó que el jefe de la asociación ilícita sería nada menos que Gustavo Folli Pedetta. Ahora avanza hacia la capilaridad municipal de las ventanillas para diferentes trámites.

Las modalidades delictivas no son uniformes. Se sospecha de la existencia de bandas, al estilo de la presunta asociación ilícita de bomberos, pero también de acciones individuales. Según un informe de la fiscalía que dirige González, hasta el momento se realizaron 90 allanamientos, entre distintas residencias particulares, comercios y reparticiones públicas, municipales y policiales.

El expediente madre de Bomberos tiene a 10 personas imputadas, a quienes se les dictaron prisiones preventivas. Además de personal policial, de Bomberos e inspectores municipales, hay ingenieros especialistas o asesores en higiene y seguridad. Hay un centenar de personas investigadas para determinar su eventual responsabilidad en las maniobras, tanto agentes y funcionarios comunales como empresarios que cedieron a las extorsiones y efectuaron pagos espurios.

La causa judicial plantea numerosas aristas para repensar el sistema: cómo deshacer la madeja de corruptelas que persiste en el tiempo, neutralizar los efectos que tiene las habilitaciones y licencias mal otorgadas, máxime en los casos en que se trata de comercios de alto riesgo de siniestros. A los funcionarios, la experiencia debe servirles para controlar con mayor efectividad cada área. Caso contrario, es ineludible pensar en la connivencia, por acción u omisión.