Desde hace dos años existe un numeroso grupo de personas que de un día para el otro dejó de ser argentino nacionalizado pese a que en algunos de los casos una década atrás había obtenido la ciudadanía en el Juzgado Federal 1 de Córdoba. La Cámara Federal de Apelaciones ordenó al juez Ricardo Bustos Fierro regularizar su situación y confirmó que debe abocarse a resolver cada pedido de restitución de la carta de ciudadanía, sin más trámite, porque es el magistrado competente.
El 31 de marzo de 2015 el Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) condenó a la empleada del Juzgado Federal 1, Olga Liliana Santillán Borneo, por el delito de falsedad ideológica a tres años de prisión en suspenso y una multa de 70 pesos, en un juicio abreviado que no la condujo a ninguna cárcel.
Pero ese día comenzaba un verdadero calvario para 390 inmigrantes. En la sentencia condenatoria, el TOF1 anuló las cartas de ciudadanía tramitadas por la empleada judicial. Si bien para todos significó quedar sin documento argentino, quienes se llevaron la peor parte fue un centenar de personas nacidas en China, donde rige una ley que, para adquirir nueva nacionalidad, deben renunciar a la propia.
Literalmente, ese grupo de personas quedó en un limbo. Habían dejado de ser chinos, dejaron de ser argentinos. Comenzaron a ser apátridas, con todo lo que ello implica anulando su capacidad de libre tránsito, fiscal, social, empresaria, financiera, etc.
Uno de ellos, Jiahe Wei, supermercadista radicado en Buenos Aires, tomó notoriedad en el mes de marzo de este año cuando fue a consultar a la Dirección Nacional de Migraciones cómo solucionar su situación. Le quitaron el DNI y terminó detenido. Luego, tuvo que pagar una fianza de 100 mil pesos para recuperar su libertad. Su caso llevó a las principales portadas informativas la particular situación de numerosos integrantes de la comunidad china en nuestro país.
Situación irregular. Después de la condena a Santillán Borneo, todos los damnificados que tuvieron a su vez causas penales por cohecho (pagar coima para obtener el trámite) y habían sido sobreseídos se presentaron ante el Juzgado Federal que les había entregado su respectiva carta de ciudadanía, anulada posteriormente. La respuesta que aún hoy sigue produciendo ese tribunal es la declaración de incompetencia. Textualmente, Bustos Fierro va respondiendo a cada pedido que “perdió jurisdicción”, es decir que el nuevo trámite debe realizarse en otro juzgado.
Al resolver el caso de Jiahe Wei, la Cámara puntualizó dos cuestiones. Por un lado, estableció que ante la interrupción de la ciudadanía, sea que “corresponde la iniciación de un nuevo expediente judicial en aras de lograr la obtención de una nueva Carta de Ciudadanía, lo cierto es que el Juez Federal N° 1 de esta ciudad de Córdoba resulta ser el Magistrado competente para resolver las cuestiones que aquí se ventilan”. En síntesis, le ordena al juez no mirar para otro lado y encauzar el trámite.
El otro aspecto a subrayar es que le ordena reunir los recaudos que la legislación impone y rehabilitar la ciudadanía al damnificado. Y puntualmente sobre el inmigrante chino añade: “No es un tema menor la situación en la que se encuentra el señor Jiahe Wei, atento a la condición de apátrida a la que quedó expuesto como consecuencia de la pérdida de su ciudadanía de origen para adquirir la argentina”.
Hasta el momento, el tribunal de Alzada en Córdoba se pronunció en tan solo dos casos, el de Jiahe Wei y el de Manuel Mauricio Lara Elías. Lo importante es que dejó sentado un criterio y lo que se espera de aquí en más es que el juez Bustos Fierro comience a restablecer la ciudadanía abolida a los casi 400 damnificados que desde hace más de dos años lo esperan. En esa situación los colocó nada menos que el delito cometido por una empleada judicial -ya condenada- y la burocracia e ineficacia judicial. Una suma de errores de quienes se espera sean garantes de derechos.
“Se los trata como criminales”
Débora Elizabeth Huczek es abogada de Jiahe Wei, un hombre nacido en China que reside actualmente en Buenos Aires; y de Li Li Qin, una mujer que vivió en Córdoba junto a su hermana. PERFIL CORDOBA la entrevistó telefónicamente para conocer cómo siguió en estos dos años la vida de ambos.
Después del juicio donde quedó evidenciada la maniobra de la empleada judicial, ¿qué pasó con los pedidos para restablecer la ciudadanía?
Lo primero que hicimos fue poner en conocimiento del juez la situación de apátrida. El juez se declaró incompetente porque dijo que lo habían sustraído del conocimiento de la causa porque intervino el fuero penal. Apelamos manifestando que el juez competente para resolver las cartas de ciudadanía era él, el juez Bustos Fierro y era quien debía resolver. Esto fue avalado, recientemente, por la Cámara Federal manifestando especial atención a la situación de apátrida y que debía dárseles una rápida resolución por el derecho que les otorga la Ley de Ciudadanía 346 de mantener el estatus de ciudadano argentino. Si sigue las indicaciones debería intimar a mis defendidos a iniciar un trámite nuevo o directamente reconocerles el derecho que vienen ejerciendo por más de 10 años.
¿Cómo es vivir sin el DNI?
Se tienen que presentar todos los meses a Migraciones. Llevar certificado de antecedentes penales, de domicilio, acreditar actividad laboral. Se los trata como criminales cumpliendo pautas de conducta y se les da una constancia en Migraciones que dice quiénes son.
Fueron 385 hechos, 390 damnificados y sin embargo hubo una condena condicional ….
Fue un juicio abreviado. La señora Borneo Santillán pactó con el fiscal una pena de 3 años de prisión condicional por 385 hechos de falsedad ideológica. Se le impuso una multa de 75 pesos. Es prácticamente nada. Mejor no le hubieran puesto ninguna multa. Pero además, no está inhabilitada para ejercer ningún cargo porque dijeron que no era funcionaria pública, cuestión con la que disentimos porque ella representaba al Estado en su función judicial. Las personas de origen china, además, eran fácil de estafar porque no entienden bien el español. Pero, fíjese, ellos iniciaron el trámite personalmente en el juzgado, no por Internet. Y juraron y firmaron ante el propio juez Bustos Fierro.
¿Se excluyó de toda responsabilidad al juez?
Todas las denuncias fueron archivadas. El Tribunal Oral Federal, en su sentencia, dijo que el juez fue engañado por su propia empleada.
