Investigan falsificaciones y estafas durante más de dos décadas en el loteo Estancia Santa Lucía
Dos expedientes penales se imbrican. La primera investigación apunta al esapoderamiento del titular de las tierras, con 10 imputados elevados a juicio. El último, a maniobras presuntamente irregulares de Luis Raúl Bizzocchi quien, además, es objeto de una pesquisa en la Justicia Federal y fue detenido por presuntas estafas reiteradas, asociación ilícita y falsedad ideológica, en hechos vinculados con el loteo Mi Valle.
ESTANCIA SANTA LUCÍA. El loteo está sobre la Ruta 5, a la altura de Parque Santa Ana. Hasta hoy continúan vendiéndose lotes, mientras la Justicia investiga el origen de sus títulos dominiales. |
Cedoc Perfil
Estancia Santa Lucía es un loteo ubicado sobre Ruta 5 en proximidades del autódromo Oscar Cabalén, en Villa Parque Santa Ana, a 25 kilómetros de Córdoba capital. En su historia, trasunta un derrotero judicial por presuntas maniobras irregulares que se concatenaron durante más de dos décadas.
La primera pesquisa penal comenzó en 2007 y recientemente fue elevada a juicio por el fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier. El expediente tiene 10 acusados por los delitos de asociación ilícita, falsedad ideológica reiterada, defraudación por circunvención de incapaces y encubrimiento, según los roles y responsabilidades que cupo a cada uno.
Lo que pudo demostrar la Justicia hasta el momento es que el propietario original de las tierras fue Armando Carlos Aguirre, quien era presidente y accionista mayoritario de Mi Valle, una sociedad anónima en la que figuraba como titular.
Aguirre padecía mal de Alzheimer, lo que limitaba su capacidad. Por eso, según el fiscal Gavier, los hermanos Marcos Rodolfo, Daniel Germán y Juan José Portela –junto a su padre ya fallecido–; el ingeniero Roberto Orlando Pía; Edmundo del Valle Soria; Pablo Ernesto Soria; el abogado Héctor Horacio Petroch; Julián Aníbal Esteban Bett, y Paulino Cecilio Pepe y su esposa, Stella Maris Tosco Fernández, habrían integrado una asociación para transferir sucesivamente con documentación adulterada parte de los lotes.
Entre los hechos que se pudieron detectar se encuentran tres actas firmadas por Aguirre en abril y mayo de 2001, cuando ya no podía comprender el alcance de sus actos por la enfermedad que padecía. En una de ellas otorga un poder a favor de Rodolfo Portela (fallecido), padre de los tres acusados principales.
Otra se refiere a una asamblea donde se trató el aumento de capital societario y en la tercera figuraba el libro de registro de depósito de acciones. En el libro de actas de directorio, rubricado por el Juzgado Civil y Comercial de 11ª Nominación, labraron y suscribieron diversos documentos sobre supuestos actos celebrados entre el 4 de mayo de 2001 y el 31 de marzo de 2003, cuando se habría reunido el directorio alcanzando el quorum legal para sesionar en virtud de que se encontraban presentes en carácter de directores los miembros de la familia Portela. Por entonces el padre estaba con vida y decía actuar con el poder delegado de Aguirre.
FISCAL PROVINCIAL ENRIQUE GAVIER
Modus operandi. Lo más llamativo que destacó el fiscal fue la tarea previa realizada por los integrantes de esta presunta asociación ilícita. Estudiaron la historia dominial de las tierras para ‘diluir’ los antiguos títulos concatenando maniobras como el aumento del capital social, la reforma de los estatutos, emisión de acciones y desplazando a los antiguos socios.
Rodolfo Portela comenzó a ser investigado por una denuncia formulada por familiares de Armando Aguirre, como supuesto autor de defraudación por circunvención de incapaces.
En el derrotero descripto buscaron financiamiento externo para desarrollar proyectos comerciales en el loteo Mi Valle, que naufragaron por las irregularidades que los posibles inversores advertían en la sociedad. En 2005 se sumó el abogado Héctor Petroch, el ingeniero Roberto Pía, Edmundo del Valle Soria, Pablo Soria y Paulino Pepe y Stella Maris Tosco.
Adquirieron una sociedad ‘fantasma’ constituida en Buenos Aires, llamada Manivel SA. “Con ello lograrían burlar a los acreedores de la sociedad de Mi Valle, entre ellos sus empleados que habían iniciado demandas laborales, además de permitirles eludir el reclamo de los accionistas originarios y legítimos de la sociedad”, se describe en la acusación.
La investigación penal también detectó que se habrían elaborado balances truchos sobre movimientos contables entre 1994 y 2003, que fueron presentados a la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia, llevando al organismo a la aprobación errónea de la documentación.
ALLANAMIENTOS. Sucedieron en la primera semana de abril por orden de la Justicia Federal, en la investigación por presunta intermediación financiera no autorizada y lavado de dinero.
LA CAUSA AL FUERO FEDERAL, UN INTENTO FALLIDO
El último eslabón del derrotero judicial tiene como protagonista, entre otros, a Raúl Bizzocchi, quien fue detenido el 30 de marzo pasado por orden del fiscal Enrique Gavier. Está imputado por presunta asociación ilícita, falsedad ideológica y estafas reiteradas, en ambos casos, por hechos vinculados con el loteo Mi Valle.
Paralelamente, la Justicia Federal lo venía investigando junto a un grupo de empresarios que generaron múltiples firmas en los últimos años, a través de las cuales montaron negocios inmobiliarios y financieros aparentemente ilegales. Entre ellos figura Bizzocchi, junto a Marcelo Tobías Nasif y Pablo Damián Abrate.
Su defensa, encabezada por el abogado Gerard Gramática Bosch, planteó la incompetencia de la Justicia provincial y la remisión del expediente que encabeza Gavier al fuero federal. Argumentaron que en ambos expedientes Bizzocchi está acusado por presunta asociación ilícita por hechos relacionados a Estancia Santa Lucía.
El juez de Control Manuel Sebastián Ayán confirmó la continuidad de la investigación en la fiscalía provincial de Delitos Complejos.
El magistrado señaló que “serían maniobras netamente fraudulentas en contra de particulares, no advirtiéndose –tampoco– que el fin perseguido por los encartados, en el accionar delictivo aquí investigado, esté dirigido a afectar intereses federales. Por el contrario, como ya dijimos, apunta a intereses particulares, más precisamente de los posibles damnificados y víctimas de los engaños tramados y ejecutados por los coimputados”
