La salida de Marta Vidal del Juzgado Electoral de Córdoba resulta un hecho de trascendencia institucional y de alto voltaje político. La confirmación de su retiro por jubilación activó una puja que ya atraviesa a todo el arco dirigencial y expone, una vez más, la tensión estructural entre la formalidad institucional y el peso real de la política en la designación de cargos clave.
En ese marco, el Consejo de la Magistratura activó el concurso público de antecedentes y oposición para cubrir la vacante. La inscripción ya está en marcha y se extenderá hasta el 28 de abril. Quien resulte designado asumirá entre julio y agosto próximos, con la responsabilidad de tener a su cargo los procesos electorales en la provincia en un escenario político cada vez más competitivo.
Sin embargo, más allá del procedimiento jurídico-administrativo —que incluye evaluación de antecedentes, examen escrito anónimo y entrevistas personales—, en los pasillos del poder se impone una condición no escrita: contar con respaldo y roce político. La necesidad de contar con “banca” aparece como un factor de peso en una compulsa que, en los papeles, se define por mérito.
Frente a este escenario, la danza de nombres ya comenzó y combina perfiles con peso académico, trayectoria judicial y apoyos políticos. Pero, sobre todo, evidencia la disputa entre estamentos que buscan incidir en una designación estratégica e histórica para la provincia de Córdoba.
El factor político
Desde el ámbito político, suena con fuerza el nombre de Esteban Lencioni, cercano a Pablo Bario, uno de los hombres de la mesa chica del gobernador Martín Llaryora.
Lencioni conoce el terreno, aunque tiene sus detractores en el arco opositor: tuvo su paso por el juzgado de Vidal y luego fue incorporado a la estructura municipal durante la gestión de Llaryora. En diciembre de 2021 fue designado prosecretario del Juzgado Electoral Municipal. No obstante, fuentes del ámbito judicial señalan que su salida del juzgado provincial no fue en buenos términos. “Se fue en muy malos términos del juzgado de Vidal”, aportó un interlocutor válido.
“Es un funcionario de Llaryora”, disparó una voz opositora con conocimiento del tablero, que advirtió sobre el impacto de una eventual designación en ese sentido. “Sería un escándalo", lanzó. "Los peronistas tienen flanqueado el Juzgado Electoral. Ese lugar debería ser para un judicial, un académico o alguien de otro partido”, razonó.
Otro interrogante que sobrevuela la discusión es la ausencia de José Pérez Corti, actual relator electoral del Tribunal Superior de Justicia, quien no se presentaría al concurso. “Hay razones”, deslizan en voz baja, descartando que la decisión esté vinculada a lo salarial.
En el espectro peronista también aparece el nombre de Guillermo Arias, histórico secretario legislativo de la Unicameral. Con más de dos décadas en el cargo, atravesó las gestiones de Juan Schiaretti, Martín Llaryora y ahora de la vicegobernadora Myrian Prunotto.
Especialista en derecho parlamentario, en los últimos años sumó experticia en materia electoral. Arias ya ejercía su cargo cuando la Legislatura abordó la reforma electoral derivada de la crisis de 2007. El funcionario legislativo confirmó a su entorno que competirá por el cargo que deja Vidal.
Una carta radical
Por el lado del radicalismo, emerge la figura de Diego Frossasco, doctor en Derecho Constitucional, con pasado como funcionario y apoderado partidario en tiempos de Ramón Mestre. Con lo cual, su perfil combina volumen académico y roce político.
Según pudo confirmar Perfil Córdoba, ya presentó un currículum de 40 páginas como primer requisito que fija el concurso público de antecedentes y oposición para cubrir la máxima vacante en el Juzgado Electoral. El jurista radical cuenta con respaldo del ámbito académico y de la Facultad de Derecho.
Sin embargo, algunas voces del PJ ponen en duda “si el mestrista logra atravesar la interna radical”. No obstante, desde la UCR relativizan esas objeciones y destacan haber cultivado buenas relaciones con dirigentes del riñón de Rodrigo de Loredo y con el propio exdiputado, así como contar con una buena consideración en el entorno más cercano a Luis Juez.
El plano judicial
En el estamento judicial, el nombre con mayor consenso es el de Ernesto Torres, actual secretario electoral. De hecho, es señalado como el candidato con mayor peso dentro del ámbito técnico. A su vez, podría sumarse su esposa, María Emilia Mimessi, integrante de la Relatoría Electoral del Tribunal Superior de Justicia.
Asimismo, aparecen otros perfiles como María de los Ángeles Nallín y Florencia Losano, del fuero provincial, y Juan Cruz Juárez, prosecretario electoral de la Justicia Federal. Nallín y Torres, por caso, se desempeñaron como secretarios en el proceso electoral de 2023, lo que fortalece su posicionamiento.
Un concurso que mira la política
A pesar de la intensidad de las especulaciones en el terreno político, el concurso abierto por el Consejo de la Magistratura avanza por un carril riguroso que, hasta el momento, transita por el inicio del trámite formal de los profesionales interesados en postularse, cuyo plazo vence el martes próximo.
¿Cómo es el proceso? Primero se evalúan los antecedentes; luego se realiza un examen de oposición, escrito y anónimo, basado en la redacción de una sentencia sobre un caso concreto en materia electoral; y, finalmente, se desarrollan las entrevistas personales. Con esos puntajes se conforma un orden de mérito que se eleva al Poder Ejecutivo, para que luego la Unicameral preste su acuerdo.
De todos modos, el proceso no está exento de la incidencia de capacidades extra. Además del desempeño técnico-jurídico, entran en juego otras virtudes como la oratoria, la experiencia concreta y, sobre todo, el roce político en materia electoral.
“El gobierno está obligado a ser prolijo”, advierten desde la oposición política, conscientes de que la designación del próximo juez electoral —el segundo desde la creación del juzgado en los años 90— tendrá impacto directo en la legitimidad del sistema.
Un paso hacia la Fiscalía General
En paralelo, otro movimiento se gesta en la estructura judicial. Tras descartarse la llegada de Walter Montenegro —exfuncionario municipal de la gestión juecista y cercano al fiscal general Carlos Lezcano—, comenzó a tomar fuerza el nombre de Justo Casado, actual secretario de Comisiones de la Legislatura.
Según fuentes parlamentarias, Casado cuenta con la confianza del llaryorismo y estaría preparando su salida ordenada de la Unicameral para desembarcar en la Fiscalía General. Cabe recordar que, antes de llegar a la Legislatura, fue funcionario durante la gestión de Martín Llaryora en el municipio capitalino, además de una trayectoria como abogado en su estudio jurídico.
A pesar de que no tiene el vínculo personal de Montenegro con Lezcano, una voz autorizada sostuvo que el jurista peronista mantiene un muy buen trato con quien encabeza el Ministerio Público Fiscal, una de las áreas más sensibles del sistema judicial.
