La recolección de los residuos en Córdoba sigue siendo uno de los grandes inconvenientes que aún no logra resolver la segunda gestión del intendente Ramón Mestre. Al punto que algunos dirigentes de la oposición lo comparan con administraciones anteriores que tampoco lograron “ponerle el cascabel al gato” en esta cuestión.
La adjudicación se realizó el pasado 30 de mayo y determinó que sean tres grupos empresarios los que se hagan cargo del servicio, Lusa, Tosa-Cotreco y Solvi-Caputo, pero esto no significó el principio de resolución para el conflicto. Posterior al acto que se llevó a cabo en el Palacio 6 de Julio se desataron enfrentamientos que se venían anticipando desde el período de licitación: la situación del Surrbac y el pago de las indemnizaciones, el estado de las empresas que se presentaron al acto licitatorio, la denuncia penal que dos concejales -uno de ellos del bloque oficialista- presentaron en contra de parte del sindicato y funcionarios, y la polémica en torno al convenio colectivo del gremio, convirtieron a la prestación del servicio en “el verdadero talón de Aquiles de la gestión”, según reconoció hace algunas semanas en off un funcionario que siguió de cerca la negociación.
A la demora en la puesta en marcha del nuevo esquema que estaba prevista para el próximo 1º de octubre, algunos en el Palacio 6 de Julio lo adjudicaron en la semana a la salida de Julio Waisman de la cartera que llevó adelante todo el proceso; sin embargo, en la oposición pocos creen que sea ése el motivo. “Es un cambio de nombres y a eso lo absorbió (Hugo, secretario de Finanzas del Municipio) Romero ahora. No creo que pase por ahí, aparte los que estaban bajo la órbita de Waisman tienen que conocer cómo está la instancia administrativa”, sintetizó un edil de la oposición en contacto con PERFIL CORDOBA.
A esta teoría se suman otros dirigentes, pero le agregan un dato que sonó con fuerza en el comienzo de la semana: el millonario pago por indemnizaciones que debe realizar el Estado municipal al Surrbac por el traspaso de empleados de una empresa a otra. Esa caja, sostienen, es una de las grandes preocupaciones en los despachos del Palacio 6 de Julio por el contexto económico que se vive en el país, pero sobre todo porque enfrentarse a un gremio poderoso como el que conduce Mauricio Saillén, con un intendente que pretende jugar fuerte en la elección provincial del año próximo, puede ser letal.
El convenio colectivo del sindicato, que vence el próximo 30 de septiembre, prevé que ante cada nuevo contrato se pague una indemnización al Surrbac, que en este caso asciende a 500 millones de pesos y de los cuales la administración que encabeza Mestre adeuda 200 millones. De acuerdo con lo que pudo conocer este medio con fuentes del gremio, ya hay un acuerdo con el Ejecutivo municipal, aunque no afirmaron si se había concretado el pago. Pacto entre las partes que para algunos ediles de la oposición es “un absurdo jurídico”.
La demora administrativa. En el Concejo Deliberante hace varias semanas que los ediles opositores esperan que se lleven los contratos y les dicen desde el Ejecutivo que restan las firmas en las garantías de estos. Algunos esperaban que ingresaran en la semana y fueran parte del temario de la sesión del pasado jueves, pero el escándalo en el recinto vino por otro lado. Aunque vinculado de manera indirecta con esto y con la creación del “Ersep municipal” en el eje del debate.
El proyecto era impulsado por el bloque Fuerza de la Gente, la edila Laura Sesma y otras bancas de la oposición, pero tuvo el rechazo del oficialismo. El olguismo pide que se intime al intendente a cumplimentar lo dispuesto en el artículo 61 de la ordenanza 12.648 (marco regulatorio para la gestión de residuos sólidos urbanos) y remita al Concejo la propuesta de creación, organización y funcionamiento del ente regulador de servicios públicos.
Sesma, que hace un tiempo puso el foco en la adjudicación de la basura, con denuncias contra el gremio, empresarios y funcionarios, recordó durante su exposición el pasado jueves que la creación del ente había sido una promesa de campaña de Mestre. Afirmación que sirvió para tensar aún más la relación entre la concejala y el oficialismo.
Volviendo a la adjudicación con el nuevo esquema en la recolección de residuos, nadie asegura (al menos por ahora) que se pueda poner en práctica el 1º de octubre, fecha que entusiasmaba al oficialismo. Es más, con la polémica del convenio aún latente, y la complicada situación financiera de una de las empresas -Cotreco, que a esta adjudicación arribó en UTE con TOSA- es muy difícil que se pueda poner en práctica este año.
