Hoy los cordobeses decidirán el destino de la capital provincial durante los próximos cuatro años, lo cual no es un hecho que deba tomarse a la ligera o un compromiso fácil de cancelar con el pequeño argumento que dice: “A mí no me interesa la política”.
Córdoba es una ciudad grande, extensa y densamente poblada, con lo cual sus problemas se hacen cada vez más complejos y habitualmente se enfatiza con toda razón en los servicios que debe prestar el Estado municipal: salud, transporte, educación, trabajo, medio ambiente. A estos temas se agregó la seguridad que, en principio, no tiene que ver con el municipio pero que, habida cuenta de los severísimos inconvenientes que causa a la población, se suma al listado de temas que un intendente debe resolver o, al menos, participar en su resolución.
Esas cuestiones forman parte, con matices, de todas las plataformas de campaña de los candidatos. Pero hay temas de los que no se habla y que, en principio, tienen que ver con la calidad institucional. Ese puñado de ítems no afectan el bolsillo, ni la salud de la gente pero hacen, en el fondo, a que la democracia sea más sólida y hasta protectora de la población.
En la boleta que hoy se encontrará en el cuarto oscuro, el o la ciudadana verán que la boleta única tiene dos tramos: uno para elegir intendente y concejales y otro para nominar a los integrantes del Tribunal de Cuentas de la Ciudad de Córdoba. La persona que va a votar no tiene la posibilidad de elegir concejales de un partido e intendente de otro. No tiene la libertad de separar o de dividir su elección.
Casi nadie las prefiere. Sin embargo, aunque no pueda dividir votos, tiene la facultad de realizar preferencias. De los 31 candidatos de la lista puede cambiar de posición a tres, ubicándolos según su número de orden, en los tres casilleros del último segmento de boleta. Las vacantes son ocupadas por los que vienen detrás en el orden de la lista.
Esa posibilidad rige desde hace unos años, pero es de nula aplicación. El electorado no se apropió de este sistema, que requiere, tal vez, de una preparación especial. Los argumentos que se pueden dar son diferentes pero lo cierto es que aplica la preferencia a muy poca cantidad de personas que van a sufragar.
¿Por qué están juntos intendentes y concejales? Para asegurar la gobernabilidad, dice la Carta Orgánica Municipal sancionada en 1995. A 28 años de la creación de esa norma, son varias las voces que quieren una modificación de la norma rectora en la Capital provincial.
El analista político Daniel Zovatto considera que esto “es como cuando una persona toma pastillas para el colesterol, que si las ingiere le baja el colesterol pero le puede generar problemas para el hígado. No hay una reforma electoral que contenga puras virtudes. Y la cláusula de gobernabilidad en la ciudad de Córdoba es uno de esos temas”.
“Te da la facilidad de que si ganás la elección, el intendente o un cargo ejecutivo viene acompañado de todo el apoyo para poder gobernar, pero eso no termina siendo positivo porque lo importante es que haya balance en los poderes y que eso obligue a un diálogo, de manera que muchas de las decisiones no sean impuestas por la aplanadora de la mayoría sino que sean producto del consenso, opinó Zovatto. Y agregó: “Digo que como quedó conformada la Legislatura provincial, se ingresará a una situación inédita en la que diálogo, construcción de consensos y acuerdos van a ser muy necesarios”.
Fecha de elección y debates. En Córdoba, tanto a nivel provincial como en la ciudad capital, la fecha de una elección es resuelta por la autoridad máxima del Poder Ejecutivo. De tal modo, el gobernador o el intendente definen cuándo se votará, lo que es un verdadero despropósito porque el calendario electoral queda atado a la conveniencia de los gobernantes. En la Nación, por ejemplo, la ley dice cuándo son los comicios (PASO, primera vuelta y balotaje). Entonces no hay sorpresas para nadie y los partidos o alianzas electorales pueden preparar su proyecto y su campaña sin ningún tipo de inconvenientes.
Cada cuatro años, las fuerzas opositoras están obligadas a receptar sin opinar sobre el cronograma ni dar un mínimo punto de vista. Nada de consulta, nada de diálogo ni mucho menos de consenso sobre este punto.
Es necesario el debate, la discusión entre oficialistas y todo el arco opositor para modernizar el ordenamiento legal. Posiblemente deba reformarse la Carta Orgánica, después se verá cómo, pero el nuevo intendente debería fijar estos temas entre sus prioridades luego de asumir sus funciones el próximo 10 de diciembre.
Lo propio ocurre con los debates de candidatos previstos por una Ordenanza que nunca fue reglamentada. Es imprescindible que la sociedad vea a los candidatos debatir sobre determinados puntos de interés social. El modelo nacional también es un ejemplo a seguir en esta cuestión.
Obviamente, la seguridad, la salud o la educación son temas urgentes que ocuparán el tiempo de los funcionarios. Lo propio pasa con la situación económica aunque no sea un tema que dependa exclusivamente de las autoridades locales.
La calidad institucional, obviamente, no es un tema taquillero. Sólo habría que tener en cuenta que contribuye a mejorar la salud de la democracia, nada más que eso.
