La nueva ley de Seguridad debuta en un clima de conflictividad social ante el ‘ajuste’ de Milei

Con polémica y con los votos ajustados (36 de 70 bancas), el gobierno logró que su brazo ejecutor en la Legislatura, junto a tres aliados imprescindibles, sancionara la reforma en materia de seguridad. El efecto que se buscó desde El Panal con la aprobación de la ley pasó desapercibido y, encima, se tiñó de gris por la intervención represiva de la policía a manifestantes en lo que fue el primer cacerolazo en Córdoba en rechazo al ajuste de Javier Milei.

No fue el mejor escenario que se configuró –ni el ámbito legislativo, ni la calle– para el debut de la primera ley que giró el gobierno de Martín Llaryora a la Unicameral para su sanción, a 10 días de haber asumido en el cargo. Varios factores se entremezclaron en este combo de situaciones que causaron el efecto contrario al buscado por el Centro Cívico.

Bajo la orden del fiscal Ernesto De Aragón, la fuerza policial reprimió con gas pimienta y detuvo a cinco manifestantes en la noche del jueves pasado en lo que fue el primer cacerolazo en Córdoba, que congregó a unas 1.000 personas en la zona de Patio Olmos en rechazo al ajuste de Milei.

La crisis económica y el ‘factor Milei’ conforman un caldo de cultivo para un clima de alta conflictividad social que ya empieza a reflejar la calle. A través de la pantalla nacional y la viralidad de las redes sociales, el país vio las corridas y los incidentes ante la intervención policial con el objetivo de liberar media calzada de Vélez Sarsfield a la altura del shopping, aplicando el protocolo local y siguiendo la directiva de la Justicia.

El fiscal y los responsables del operativo policial adujeron la negativa de los manifestantes autoconvocados de liberar la circulación, mientras algunos de ellos “arrojaron piedras y botellazos” a los efectivos, apuntó De Aragón. Hubo cinco heridos leves, cuatro policías y una mujer que protestaba.

La legisladora Luciana Echevarría y la edila Laura Vilches de la izquierda denunciaron “represión policial” y dirigentes del peronismo K, por caso Gabriela Estévez y Federico Alesandri (este último apoyó la ley), repudiaron la actuación de la Policía. “Basta de represión. Basta de ajuste”, dijo la diputada camporista.

El día después, en el acto de asunción de los integrantes del Estado Mayor Policial, el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros se llamó a silencio ante la prensa. También lo hizo el flamante jefe de la Policía, Leonardo Gutiérrez. Ante la consulta de PERFIL CÓRDOBA respecto si hubo una directiva del poder político sobre la actuación policial, el director general de seguridad Capital, Cristian Massa, se limitó a señalar que la fuerza “es auxiliar de la Justicia”. “Las órdenes para intervenir las da la Justicia”, agregó.

El ministro no quiso, o no lo dejaron hablar, algo muy curioso en el verborrágico dirigente político ahora aliado de Llaryora. El impacto del suceso en Patio Olmos fue más fuerte que las “bondades” de la nueva ley de seguridad.

Voces críticas
El proyecto girado por Llaryora, un rato antes del inicio de la sesión, respecto a la suba de alícuotas de aportes personales jubilatorios y al Apross detonó los puentes con el arco opositor.

La reacción de Juntos por el Cambio, el vecinalista Rodrigo Agrelo y Luciana Echevarría (FIT-Unidad) fue abroquelarse en la decisión de no dar quorum y, luego, ausentarse durante todo el plenario en medio de la marcada paridad.

El oficialismo debió recurrir a sus tres aliados, Karina Bruno (Bloque Cordobés), el libertario Agustín Spaccesi y Federico Alesandri (Creo en CBA) para habilitar la sesión, en la cual se aprobó la nueva ley de Seguridad. No obstante, debió quitar de la agenda la iniciativa de “ajuste” a los estatales por no tener los votos.

“Con la aprobación de la ley de Seguridad de Llaryora se va a profundizar la desigualdad y la injusticia en Córdoba. La privatización y la municipalización del uso de armas no va a disminuir los niveles de violencia ni servir para combatir la delincuencia”, dijo Gregorio Hernández Maqueda (CC-JxC).

Daniela Gudiño (UCR-JxC) advirtió que “el gobierno de la Provincia perdió la oportunidad de consensuar una ley de seguridad que hubiese tenido unanimidad; la seguridad debe ser una política de Estado”. En ese plano, la radical criticó el “modelo” llaryorista “de sorpresa, a último momento y sin escuchar sugerencias”.

El proyecto de ‘ajuste’ a los estatales le hizo perder dos votos al peronismo. Los radicales Dante Rossi y Sebastián Peralta iban a acompañar la reforma a la ley de seguridad pública, a raíz de que una serie de puntos que propusieron fueron incluidos en el despacho final. Pero, a último momento, se sumaron a la reacción de todo JxC, encolumnados detrás del rechazo que fogonearon los gremios. 

Al apuntar contra el gobierno de Llaryora y la administración central, Echevarría cuestionó: “Quieren ir en contra del derecho a la protesta porque saben que todas las políticas que están implementando implican un ajuste a los laburantes y a los jubilados”.

La parlamentaria de izquierda habló de “una declaración de guerra” de los gobiernos provincial y nacional. “La gente va a seguir movilizando” ante “los abusos de poder que van en contra de derechos por los cuales hemos peleado mucho tiempo en estos 40 años de democracia”, acentuó. 

Gobernabilidad
En su réplica, el presidente de la bancada oficialista, Miguel Siciliano, acusó a la oposición de poner “palos en la rueda” a la administración que asumió hace 10 días. Y redobló la apuesta: “Quieren que le vaya mal al gobierno de Llaryora”. El peronista defendió “la ley de avanzada” que sancionó la Unicameral con tan sólo 36 voluntades de 70 miembros que se sustenta “en un nuevo concepto integral de seguridad y la lucha contra el narcotráfico”.

En medio de la paridad, Siciliano cuestionó la “ausencia” de los 34 opositores que no dieron quorum y, luego, con la sesión en marcha, decidieron pegar el faltazo. “La oposición hasta ahora lo que quiere es obstruir. Es una oposición que se opone, pero no propone”, remarcó. “No votaron la creación de juzgados y fiscalías para combatir el narcotráfico y la droga. No votaron la iniciativa que nos redujo el sueldo en un 15 por ciento, porque quisieron impedir la sesión”, retrucó el oficialista. En su contragolpe, fustigó: “Si la ley de seguridad no se podía tratar, ¿a quién jodían? ¿A Llaryora, a Siciliano…?, no; a la gente”.

“Vos tenés herramientas para combatir el delito, que son las que la ley de seguridad brinda. Ahora, lo que hay que tener son condiciones sociales para combatir menos delito. Y a las condiciones sociales no las da la ley de seguridad”, argumentó el jefe del bloque oficialista al referirse a la nueva normativa y el actual contexto social. “La inseguridad es hija de la indigencia, de la pobreza y de la falta de oportunidad”, advirtió.

Con la nueva ley se crean las Guardias Locales de Prevención y Convivencia, como auxiliares de la Policía, y se incorpora el personal de las prestadoras privadas de servicios de seguridad al sistema. Se autoriza el uso de armas no letales, previa capacitación y certificación. A su vez, se crea el Instituto de Planificación y Formación para la Seguridad y Convivencia. Se estimula un plan de desarme y se instituye el narcotest a funcionarios. Asimismo, se duplican las fiscalías antinarcóticos en la provincia y se abren 12 nuevas fiscalías criminales.