El impacto político del femicidio de Agostina Vega hace rato que excede el expediente administrativo y la investigación judicial. Mientras la causa avanza en tribunales y se multiplican los cuestionamientos sobre los controles municipales en habilitaciones de controles nocturnos, en el Concejo Deliberante comenzó a consolidarse una estrategia común entre distintos sectores opositores para profundizar las investigaciones sobre el sistema de habilitaciones comerciales de la ciudad.
Las diferencias que venían marcando la dinámica interna de los bloques opositores comenzaron a quedar en segundo plano a partir de la conmoción generada por el caso. En ese sentido, sostienen que el tema logró “limar asperezas” y favorecer una coordinación que no se observaba desde el primer año de gestión municipal.
La estrategia opositora se concentra actualmente en dos iniciativas. Por un lado, un proyecto para impulsar una auditoría externa e independiente sobre el funcionamiento del Ente Municipal de Fiscalización y Control. Y por otro, la creación de una comisión investigadora del Concejo Deliberante destinada a revisar los expedientes vinculados a habilitaciones y controles de locales nocturnos.
El objetivo declarado es determinar si las inconsistencias detectadas en el “expediente Wachitas” forman parte de un episodio aislado o si responden a problemas estructurales dentro del organismo encargado de controlar la actividad comercial y los espectáculos públicos en la ciudad. “Lo que está claro es que ha sido un cúmulo de irregularidades. Wachitas no es un caso aislado”, afirma un concejal en off, donde además menciona otros establecimientos que habrían quedado bajo observación pública en las últimas semanas.
Presión sobre Hormaeche Actis
Uno de los principales focos de cuestionamiento apunta al director del Ente Municipal de Fiscalización y Control, Ezequiel Hormaeche Actis, quien deberá comparecer ante el Concejo Deliberante esta semana para responder preguntas sobre el funcionamiento del organismo y las decisiones adoptadas en torno a las habilitaciones bajo sospecha.
En el ámbito del Concejo se cuestiona abiertamente la continuidad del funcionario y la pregunta del millón es por qué el intendente Daniel Passerini decidió sostenerlo en el cargo pese a las críticas acumuladas y a irregularidades detectadas. “Es raro: a Daniel no le tembló el pulso cuando tuvo que correr de la gestión a gente de peso y cuando le dio de baja a toda una unidad de Tránsito, pero acá parece que va a apoyar”, señalan las fuentes consultadas por Perfil Córdoba.
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Ahora, la expectativa está puesta en la reunión prevista para el miércoles en el Concejo. Según la misma fuente, la oposición buscará avanzar “a fondo” sobre las contradicciones detectadas en la documentación y exigir explicaciones detalladas acerca de los procedimientos administrativos aplicados por el ente.
En la oposición creen que el impacto político del caso Wachitas todavía no alcanzó su punto máximo. Y aquí entra a correr el factor “división” en el oficialismo, que posee una mayoría automática en el ámbito legislativo. En ese sentido, desde la oposición reconocen que el bloque peronista “no está quebrado, pero sí hay diferencias fuertes”. De hecho, remarcan las diferencias públicas que mantuvieron Gustavo Pedrocca y Diego Casado y también mencionan el rol de las concejalas ante este caso.
“No lo van a decir públicamente, pero algunas plantearon que no estuvieron lo suficientemente contenidas ante un caso de gran impacto como fue el femicidio de Agostina y las derivaciones posteriores”, señalan.
Sin aventurar rupturas formales ni cambios de alineamiento, consideran posible que frente a iniciativas vinculadas a las habilitaciones nocturnas o a eventuales investigaciones parlamentarias algunos ediles opten por ausentarse o evitar una exposición directa en las votaciones. “No sé si van a terminar votando con nosotros, pero hay quienes podrían no acompañar determinadas decisiones”, señaló uno de los referentes de la oposición consultados, que atribuye esa posición a convicciones personales y a la sensibilidad que el caso generó dentro del propio oficialismo.
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Un conflicto que recién empieza
Lo cierto es que el caso Wachitas podría convertirse en la puerta de entrada a una revisión más amplia del sistema de habilitaciones nocturnas de Córdoba. En el Concejo, tanto oficialistas como opositores sostienen que podrían aparecer nuevos casos e inclusive se mencionan otros locales que ya se encuentran bajo observación o atravesando procesos de clausura.
Desde esa perspectiva, el problema no estaría limitado a un único expediente sino a un esquema de controles que hoy aparece bajo cuestionamiento. Por eso, mientras la Justicia avanza sobre las responsabilidades penales derivadas del femicidio de Agostina Vega y de las denuncias vinculadas al funcionamiento de Wachitas, en el plano político la discusión parece orientarse hacia una pregunta más amplia: si las irregularidades detectadas responden a errores puntuales o si revelan fallas estructurales dentro del sistema municipal encargado de controlar la noche cordobesa. Para la mayoría la respuesta es clara, pero habrá que probarlo.
