Dos referentes de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir analizan cómo transcurrieron en el interior de la Provincia las interrupciones voluntarias de embarazos caída la cautelar de Portal de Belén, y qué perspectivas ven en relación con la legalización del aborto, dadas las resistencias y particularidades de las zonas en las que trabajan.
Por un lado, la médica Camila Recalde, quien trabaja en el Hospital Provincial de Cruz del Eje, con contactos estrechos en las zonas rurales; y por otro, la licenciada Sandra Somadosi, con vasta experiencia en el sistema de salud público provincial, jefa del Servicio Social del Hospital Regional de Río Cuarto.
—¿Cómo fue el acceso a las ILE en los últimos tiempos, desde 2018, la última discusión por la legalización?
— Recalde: Creo que el debate que se dio en el 2018, la visibilización, las organizaciones sociales y la marea verde puso el debate en la calle, permitió que saliera a la luz y se pusiera sobre la mesa la realidad. Las mujeres abortan, muchas de manera clandestina e insegura, pero muchas acompañadas por profesionales de la salud que decidimos poner el cuerpo y por organizaciones como las socorristas. Eso generó la presión suficiente como para que en el 2019 el TSJ provincial le pusiera fin a ese amparo y podamos las y los profesionales poner en práctica y exigir en las instituciones en las cuales estamos las guías vigentes para las ILE. En el interior a veces las cosas son más complejas, los pueblos son más chicos, nos conocemos y las cuestiones morales o “la doble moral” juega muy fuerte. Lamentablemente, hasta el día de la fecha en muchos lugares que se cumpla lo que hay que cumplir depende de las voluntades políticas de los directores de hospitales, de los secretarios de salud o de los intendentes o jefes de comuna. Las y los profesionales, garantes de derechos, sorteamos muchos obstáculos para garantizar las ILE. Donde estoy yo, luego de muchas reuniones con directivos, y de insistir mucho, recién en agosto de este año logramos poner en práctica este derecho, y somos muy pocos los profesionales que acompañamos. El trabajo articulado, en red, ordenado y comprometido ha sido lo que ha generado las condiciones en las que estamos garantizando las ILE hoy. Y las condiciones son muy distintas que en las ciudades. En el campo las mujeres también abortan, pero las posibilidades de acceder a la información, al acompañamiento, a la contención y/o a la posibilidad son mucho menores que en otros lados. Pesan las distancias a los centros de atención, la falta de formación de los equipos de salud y la no voluntad.
— Somadosi: El hospital de Río Cuarto fue el único de la región, cuando no se da lugar al recurso de amparo de Portal de Belén, que implementó el protocolo de ILE. A partir de ahí se atienden personas que las solicitan en ese marco. En la zona sur de la provincia es el único efector público que lleva adelante esas prácticas, en el resto no se hacen ni tampoco en el primer nivel de atención. Es una situación bastante crítica. Consideramos, desde la Red, que muchos centros de salud públicos miraron para otro lado y no dieron respuestas a esta demanda de las mujeres. Por ese motivo, la demanda en el hospital se incrementó de manera significativa.
—¿Esa circunstancia que describís, ahora que el aborto es legal en Argentina a pesar de que falta la reglamentación de la ley, como creen que impactará en su efectivo cumplimiento?
— Recalde: Yo creo, como lo dijo una promotora de salud campesina, que la ley en gran medida lo que va a permitir, sobre todo en el interior y en el monte adentro, es la posibilidad de hablar, de consultar, de perder el miedo. La implementación pronta sería muy importante. Contar con la medicación y que no dependa de voluntades. Sin embargo, creo que no va a ser fácil. Es necesario para la correcta implementación la capacitación a los equipos de salud de atención primaria con una perspectiva de derechos, que el Estado garantice profesionales en cada centro de salud con perspectiva de derechos, como así también equipos en los hospitales regionales. Va a seguir siendo fundamental el trabajo en red, el rol de las organizaciones sociales en los territorios, la articulación entre profesionales e instituciones.
—Somadosi: Fue mucho lo que se hizo, pero todavía queda por hacer, porque, por ejemplo, la ligadura tubaria ya hace años que es ley y aún en la representación social de algunos miembros de los equipos de salud está la idea de disuadir a quienes la piden. Así, por más que se haya aprobado la ley, se van a interponer obstáculos que tienen que ver, por un lado, con las objeciones de conciencia. En este tiempo vimos cómo las personas que solicitan la interrupción del embarazo, poco a poco, se van animando a plantear la situación de una manera más tranquila, más abierta, al saber que lo que están haciendo no es ilegal. Porque estaba en el imaginario la idea de que no era legal. Eso se está modificando. Hay que seguir trabajando en ese punto: ahora no solamente es legal, sino que es voluntario.
—Al pensar en políticas públicas, ¿cuáles creen que son las estrategias para enfrentar esas resistencias en general, a todos los métodos vinculados a la salud sexual y reproductiva?
— Somadosi: Las leyes han ido por delante del pensamiento y representaciones. Entonces, es necesaria una fuerte capacitación del equipo de salud. El Estado tiene que cumplir un papel de rectoría fundamental a través del Ministerio de Salud de la Provincia, porque es el que rige, dirige y define las políticas públicas en materia de salud, no solamente en lo público sino también en lo privado. En este último sector es impresionante la falta de respuesta que hay, se desentienden de la misma forma que lo hacen las obras sociales. En cuanto a la formación del equipo de salud debe ser receptivo de la demanda, para que se prepare para la asistencia. Aún lidiamos, no solo en materia de salud reproductiva, sino en relación con otras enfermedades en el reconocimiento de la autonomía que tiene una persona para decidir sobre su cuerpo, sobre si hacer o no un tratamiento, sobre si quiere acceder a otra consulta o no. En ese contexto, todavía está en juego, en este paradigma tan verticalista y hasta autoritario en el trato con las personas que aducen al sistema de salud, el respeto por la autonomía de los otros y otras.
—Recalde: Es fundamental exigir la implementación de la ESI en las escuelas, en los lugares más pequeños es viable articular esto con los equipos de salud de APS. Hay una necesidad de las asesorías escolares, la formación de promotoras y promotores de salud con perspectiva de género y el reconocimiento económico de esa tarea tan fundamental que llevan a cabo las y los promotores en las comunidades, son quienes conocen el territorio, su comunidad.
En el sector privado hablan de un proceso de adaptación
“Se cumplió una etapa difícil y controvertida. No va a ser simple, pero ahora hay que avanzar, sabiendo que cada institución tiene sus particularidades”, dicen desde Sanatorio del Salvador, una de las entidades que ya mostró su apoyo a la ley de interrupción del embarazo.
Sin embargo, destacan que el proceso será gradual: “No tengo en claro la demanda contenida, es muy difícil establecer hoy cómo nos puede impactar. Habrá gente que presente objeciones de conciencia, pero el tratamiento debe garantizarse”.
Esa adaptación, destacan desde el sanatorio, llegará de la mano de lo que se implemente en la parte pública. “Eso será vital. Nosotros vamos a acompañar a lo que pase en la parte pública, donde la demanda va a ser mucho más elevada, porque el debate se planteó en esos términos: una cuestión de salud pública. Va a ser un proceso en el que todos nos vamos a tener que adaptar”, añaden.
Respecto a la carga cultural que conlleva la interrupción del embarazo, la nueva ley les permitirá a los profesionales trabajar con más tranquilidad “por la sencilla razón de que no era legal. Entonces, la tarea se va a facilitar mucho, más allá de que hay que ver caso por caso”.
Por su parte, Juan Grass, director del Hospital Italiano y titular de Aclisa, la asociación que representa a clínicas, sanatorios y hospitales privados de Córdoba, asegura que se tratará de una “prestación más”.
“Se va a normalizar con el tiempo y culturalmente se va a aceptar”, destaca Grass, poniendo de manifiesto que “cada institución tiene la posibilidad de aceptar o no: dependerá de los dueños de las instituciones y, como en todo, habrá gente que esté de acuerdo y gente que no, pero la ley se va a aplicar”.
