Lo que parecía que nunca sucedería está pasando y marca un cambio de época. Jueces y empleados judiciales comenzaron a tributar el impuesto a las ganancias y dejaron de ser los únicos en no estar alcanzados por el cuestionado tributo que succiona parte del salario de los trabajadores argentinos. Llevará años, quizás décadas, que abarque a todo el universo judicial, pero el dato es que ya se inició con el proceso que hasta hace dos años, antes de la reforma legislativa que los incluyó, no aparecía en el horizonte.
PERFIL CORDOBA consultó al área administrativa del Poder Judicial de Córdoba y a la Superintendencia de la Justicia Federal local. En la provincia son 12 los magistrados alcanzados. De ese total, seis ya pagaron Ganancias sobre la liquidación de 2017 que se efectuó en abril último. Son asesores letrados, fiscales y jueces que ingresaron a sus funciones el año pasado. El resto todavía no lo efectivizó porque tienen nombramientos más recientes. El salario de un asesor o fiscal que ingresa al Poder Judicial, sin antigüedad, ronda los $100 mil.
En los tribunales federales, hay tres empleados del escalafón administrativo y técnico que pagan el impuesto. No hay magistrados porque no hubo ingresos desde el 1 de enero del año pasado. Los salarios alcanzados son superiores a los $30 mil.
En diciembre 2016, Diputados convirtió en ley la modificación del impuesto a las ganancias consensuada por el oficialismo y parte de la oposición. Esa norma fijó la inclusión en el tributo de jueces, fiscales, defensores oficiales y empleados a partir del 1 de enero del año siguiente.
La Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional no tardó en cuestionar la norma. En el marco de un proceso colectivo solicitó que se precise su alcance. Así fue que el juez Esteban Furnari, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 2, ratificó que quedan alcanzados por el tributo aquellos que ingresaron a dichos órganos a partir del 01/01/2017. Entendió que se encontrarían exceptuados únicamente quienes hubieren ingresado a ellos con anterioridad a esa fecha, o bien, que -en igual condición- provengan de los poderes judiciales y ministerios públicos federales y provinciales, siempre que sus retribuciones no se hayan visto antes alcanzadas por el pago o retención del impuesto. En marzo de este año la Cámara Contencioso Administrativa Federal confirmó ese fallo.
MARIO CAPDEVILA: "ES UN TEMA SUPERADO"
La Federación Argentina de la Magistratura (FAM) informó esta semana sobre el cumplimiento de la ley en las provincias. El presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Córdoba, Mario Capdevila, comentó a PERFIL CORDOBA que durante la reunión de la FAM a la que asistió esta semana en Santa Rosa, La Pampa, se informó que la ley se está aplicando en todas las provincias con normalidad. “El debate y los cuestionamientos se han superado, se está aplicando a nuevos jueces nombrados a partir de 2017”, destacó.
Respecto de un planteo efectuado por una jueza civil mendocina, Capdevila señaló que las autoridades de la asociación de esa provincia explicaron que se trata una acción personal, donde la controversia radica en las fechas. Marcela Ruiz Díaz es quien presentó un recurso en la Justicia Federal de Mendoza para que Afip no retenga el concepto de Ganancias de su sueldo. Sustentó el pedido en que el proceso de su designación inició a fines de 2016 y se completó en 2017 por demoras que son ajenas a su responsabilidad. Ella rindió durante el año en que persistía la excepción para pagar el impuesto y recién después de varios meses se trató su nombramiento en la Legislatura provincial, ya en 2017. El planteo, por lo tanto, está centrado en el proceso de su designación e incorporación al Poder Judicial por la fecha de corte que quedó establecido para que los nuevos funcionarios comiencen a pagar el impuesto.
