Continúa con nuevos capítulos judiciales el extenso conflicto legal entre el reconocido coleccionista Matteo Goretti Comolli y el Estado nacional, que podría sellar la suerte de uno de los conjuntos de arte precolombino más valiosos y disputados de los últimos tiempos. En una resolución de noviembre de 2023, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 1 —a cargo de Enrique Alonso Reguera— rechazó la medida cautelar que pidió Goretti para que le devuelvan 59 piezas que, según la Justicia cordobesa y el Ministerio de Cultura de la Nación, son de dominio público y procedencia ilegal.
A esa discusión jurídica procuran ingresar el Museo Ambato, la Asociación Amigos del Museo Ambato y la intendencia de La Falda. Sin embargo, cuando el juez Reguera consultó la opinión de Goretti y de la Secretaría de Cultura de la Nación, que depende de la Secretaría General de la Presidencia conducida por Karina Milei, ambos se opusieron a su inclusión como partes. La actual gestión nacional se diferenció de las anteriores. Hasta ahora, Nación bregaba por el patrimonio y disponibilidad pública de esos bienes culturales. Esa directiva se modificó.
El origen de la batalla judicial
La historia de estas piezas está marcada por un robo y la posterior denuncia. En febrero de 2008, la asociación civil “Amigos del Museo Ambato” de La Falda, Córdoba, detectó el saqueo del 70% de la colección, 59 piezas precolombinas que originalmente pertenecieron a Aroldo Rosso y se encontraban en el museo.
La causa penal federal se inició formalmente en 2010 y dio un giro drástico el 18 de abril de 2012. Ese día, por orden del Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, se allanó el domicilio de Matteo Goretti, un afamado coleccionista, exfuncionario de la ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Mauricio Macri y líder de la Fundación Pensar, del PRO.
El procedimiento se realizó en la calle Libertad al 800, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba). Allí, las autoridades hallaron y secuestraron las 59 piezas arqueológicas desaparecidas del Museo Ambato.
En diciembre de 2019, la Cámara Federal de Córdoba ordenó devolver las piezas a Goretti por considerar que había actuado de “buena fe”. Sin embargo, el Estado nacional reaccionó con la Disposición N° 52/2019, donde resolvió el decomiso administrativo.
El argumento estatal fue que las piezas no habían sido registradas a término, y por esa razón la ley presume que su procedencia es ilegal.
El 28 de agosto de 2020, el Juzgado Federal N° 2 de Córdoba ordenó el cumplimiento de los actos administrativos y la entrega definitiva de las piezas al Estado nacional. El decomiso se realizó el 14 de septiembre de 2020.
El coleccionista denunció un “despliegue bravucón” del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (Inapl) para apropiarse de su colección como si fuera “un trofeo”. No obstante, la situación se agravó cuando se descubrió que una de las piezas —una tapa de urna lítica zoomorfa— había sido robada en 2004 del Museo Inca Huasi de La Rioja. Este hallazgo echó por tierra los argumentos de propiedad privada legítima y la pieza fue restituida a su provincia de origen en 2022.
La batalla final de las piezas del Museo Ambato se da ahora en los tribunales Contencioso Administrativos de la ciudad de Buenos Aires. Goretti intentó, mediante un amparo, suspender el decomiso y recuperar las piezas; pero en noviembre de 2023, el juez federal desestimó el reclamo, señalando que ya existía una sentencia firme en Córdoba (de agosto de 2020) que ordenaba el decomiso definitivo a favor del Estado.
El magistrado concluyó que no puede haber una “indebida interferencia” en decisiones judiciales ya ejecutadas. Así, las 59 piezas que alguna vez decoraron un piso en Barrio Norte hoy permanecen bajo custodia del Estado, en la sede del Inapl.
La discusión se plantea sobre la propiedad de bienes arqueológicos
El eje de la disputa legal radica en la Ley N° 25.743, sancionada en 2003, que declaró como dominio público a los bienes arqueológicos. La norma otorgó un plazo para que los particulares registraran sus colecciones. Goretti cumplió inicialmente: en mayo de 2007, había inscripto más de 1.500 objetos ante las autoridades porteñas.
Sin embargo, las 59 piezas secuestradas en 2012 no figuraban en ese registro original. La defensa de Goretti argumentó que se trató de un “error material” y que intentó subsanarlo en octubre de 2013. Pero para el Estado, ese intento fue nulo: Goretti pretendió registrar bienes que ya no estaban en su poder, sino bajo custodia judicial en Córdoba, y lo hizo cinco años después del cierre del plazo legal. Además, el Inapl (Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano) denunció que las fichas de 2013 no tenían fotos, sino apenas bocetos de mala calidad.
Ese es el fondo de la discusión jurídica sobre la que debe decidir el juez Reguera. Y en esta instancia se produjo una sorpresa. Luego de que el magistrado rechazó la medida cautelar, apoderados del Museo Ambato, miembros de la Asociación Amigos del Museo Ambato y el intendente de La Falda pidieron ser tenidos en cuenta como “terceros interesados”. El juez corrió vista a Goretti, a la Secretaría de Cultura de la Nación y Caba.
La postura nacional cambió radicalmente en relación a gestiones de gobiernos anteriores. Ahora, los abogados de la Secretaría a cargo de Leonardo Cifelli, se alinearon con la postura de Goretti y consideraron que no deben intervenir los terceros interesados. En el organigrama gubernamental, Cifelli depende de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
Antes de decidir si las piezas vuelven o no al piso porteño de Goretti, el juez deberá resolver quiénes pueden opinar en el pleito.
