Las medidas de ajuste fiscal anunciadas este viernes por el equipo económico nacional, que incluyen la eliminación de $30.000 millones que se destinaban a obra pública, podrían impactar en Córdoba con la merma de unos $1.350 millones.
El dato surge de aplicar al monto de ahorro anunciado por el ministro Nicolás Dujovne el 4,5% que tiene asignado la Provincia –de acuerdo al Presupuesto Nacional 2018- en el rubro Inversión Real Directa y Transferencias de Capital, el cual incluye los fondos para obra pública.
Según explicaron fuentes del ministerio de Hacienda, aún no está definido en detalle el menú de partidas que se eliminarán pero “seguramente involucrarán tanto la inversión directa como las transferencias de capital”. Siguiendo la lógica de reducciones que estos fondos nacionales ya han venido experimentando en el primer trimestre del año (se transfirieron 43% menos que en 2017), los programas que podrían verse afectados son los de vivienda, vialidad y recursos hídricos.
El Gobierno provincial había arrancado el año con una dinámica de campaña electoral anticipada anunciando obras de infraestructura por US$ 2.290 millones (unos $50.838 millones). Sobre ese total, el ajuste anunciado por la Nación que impactaría a Córdoba es de apenas el 2,6%; sin embargo, esa retracción obligará a la Provincia hacer más eficiente y estratégico el uso de otras dos fuentes de financiamiento: el endeudamiento y el mix de fondos coparticipables más recaudación propia.
Lo que viene. Antes de la corrida cambiaria de esta semana, la Administración Schiaretti había anunciado la toma de nueva deuda para financiar obra pública: US$700 millones (US$200 millones en el mercado nacional y US$500 millones en el exterior). De concretarse estas nuevas emisiones, el endeudamiento total de la Provincia se va a US$2.778,74 millones, unos $61.688 millones (a un supuesto dólar estabilizado en $22,20), lo que está dando un crecimiento de $15.540 millones en el cuatrimestre, respecto al cierre del 2017.
Si la estrategia del Gobierno sigue siendo apalancar las obras prometidas con deuda, para así consolidar el horizonte político 2019, deberá tomar en cuenta que los escenarios internacional y local están cambiando drásticamente.
El riesgo país argentino, que mide JP Morgan, se disparó a 480 puntos básicos, lo cual significa que la tasa que le pedirán en el exterior asciende ya a 7,75% - 8,0%. Si la idea es pedir en la plaza nacional, se tendrá que ver con la competencia de la Nación, que según anticipó el ministro de Finanzas, Luis Caputo, tomará los US$5.000 millones que le faltan para cerrar el año, en el mercado doméstico. Si Nación y provincias sobreexplotan la toma de deuda en el sistema financiero nacional para pagar gastos que no encuentran límite, quitarán crédito disponible para el sector privado que es, en definitiva, el que nutre sus arcas con impuestos.
Así las cosas, el desafío para la Provincia pasa por un ajuste propio y una reconducción de los cuantiosos fondos de coparticipación.
Frentes abiertos. Sin dudas, los mercados vinieron a exigir un recálculo del juego político en la Argentina, donde las elecciones son el próximo año pero parecen definirse en los próximos días y ello acelera las propuestas demagógicas sin financiamiento y retrasa las políticas públicas que hacen sustentable el modelo a largo plazo.
Después de pedir que la Nación quite el IVA a las tarifas, el gobernador Schiaretti dio vueltas su posición en pocos días y admitió que el camino venía por bajar Ingresos Brutos a las tarifas sociales de luz y gas. Allí ya tiene un costo no programado para esta etapa del año de $110 millones anuales.
Si avanza el nuevo marco regulatorio energético y el Gobierno se ve obligado a extender la tarifa social de luz al interior de la provincia, allí habrá un nuevo frente a financiar no previsto. El universo ya atendido con este beneficio, que sólo abarca la capital provincial, cuesta más de $600 millones. Las cooperativas esperan que Epec ayude en esa tarea de ampliar la tarifa social aportando parte de los $5.000 millones que le condonó Cammesa; pero ello difícilmente ocurra porque la Empresa Provincial de Energía enfrenta una deuda de más de $6.000 millones, da pérdidas y el Tesoro Provincial tuvo que salir a honrar sus vencimientos para evitar que una de sus emisiones caiga en default.
Dinero hay, el tema es el reparto. Lo paradójico de la situación que agudizó la corrida cambiaria es que se da en momentos en los que el sector privado está haciendo un enorme esfuerzo por financiar a Nación y Provincia con impuestos.
Según datos del Ieral y tras la firma del Consenso Fiscal, la coparticipación federal para Córdoba tuvo un crecimiento del 56,6% interanual a valores corrientes y las transferencias automáticas totales de parte de la Nación aumentaron un 41%. A su vez, la recaudación provincial total creció casi 10% en el primer trimestre. Dinero hay, el punto es ¿a dónde va?
“Esta importante suba de los recursos totales, en un año en que comenzó a regir el Consenso Fiscal y la nueva ley de Responsabilidad Fiscal, supone un gran desafío para el manejo fiscal en las provincias”, advierte el Ieral. Un desafío que el gobernador Juan Schiaretti deberá liderar en coordinación con los municipios porque así se comprometió a hacerlo al firmar el Consenso.
Por lo pronto ese camino también parece embarrado: Ramón Mestre (obligado ahora por el Enargas a resignar $251 millones de la tasa sobre la tarifas de gas) encabeza un reclamo de intendentes que demandaron a la Provincia por $405 millones, supuestamente no coparticipados en el primer trimestre (para un total de $1.500 millones anuales).
