Entre los aspectos destacados de la nueva Ley de Responsabilidad Penal Empresaria se señala que el Estado nacional les exija a sus contratistas que cuenten con programas de integridad para participar de licitaciones. Un Programa de Integridad implica contar con un sistema de auto regulación dentro de la empresa en el cual no se permiten comportamientos ilegales o de corrupción. Y tiene mecanismos para que la empresa pueda autodenunciarlo y ponerlo en conocimiento de la Justicia antes que nadie.
El primer organismo público que lo hizo efectivo y lo publicó, el 17 de mayo de este año, fue el Ministerio del Interior, Obra Pública y Vivienda. Esa dependencia definió que “estarán inhabilitados para licitar aquellos que no hayan implementado a la fecha un programa de integridad”. El Banco Central de la República Argentina también exige, para poder ser proveedor, un Programa de Integridad que debe ser presentado con una declaración jurada.
El próximo organismo en sumarse es Vialidad Nacional. Allí se armó un apéndice de la Oficina Anticorrupción (la Unidad de Ética y Transparencia) que pedirá y fiscalizará que las firmas contratistas tengan programas de integridad en marcha.
