Presos federales, en medio de una puja política entre Nación y Provincia

Para algunos es una decisión atinada y pragmática, para otros es “sorpresiva”, “inconsulta” y “unilateral”. El 29 de abril pasado, la interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF), María Laura Garrigós, desafectó el uso operativo de la Alcaidía Federal de Córdoba y ordenó redistribuir al personal y los recursos materiales del espacio que funcionó, hasta hace una semana, en el subsuelo del palacio de tribunales federales de nuestra ciudad.

En ese espacio había celdas para alojar personas detenidas hasta ser derivadas a las cárceles provinciales. En épocas normales, cuando debían realizarse trámites procesales en los diferentes juzgados y tribunales orales, y tenían que trasladarse desde el penal de Bouwer, permanecían allí durante la jornada, custodiadas por personal penitenciario federal.

Pero desde hace por lo menos cuatro años la fuerza se quedó prácticamente sin vehículos. De aquel período fueron innumerables las notas a la Nación para que enviara dinero y repuestos a un furgón y una Citroën Berlingo maltrecha. No fueron pocas las audiencias que debieron suspenderse por falta de movilidad para el traslado de los presos.

La pandemia y el aislamiento estricto -luego flexibilizado- que rige desde el 20 de marzo del año pasado solucionó, en parte, esos requerimientos. Las medidas sanitarias por la pandemia de Covid-19 hicieron innecesarios los traslados y alojamientos temporarios porque las indagatorias, notificaciones y juicios comenzaron a desarrollarse por videoconferencia. En la práctica la alcaidía estaba ociosa desde hace más de un año.

Tensión. Bajo responsabilidad de los jueces federales en toda la provincia de Córdoba actualmente hay 254 personas detenidas, según señaló a PERFIL CÓRDOBA una fuente de la sede del Parque Sarmiento. Y no escatimó en brindar una opinión extrema: “Con esta decisión de la interventora del Servicio Penitenciario Federal le tiraron todos esos presos a la Provincia”.

Otra fuente de un juzgado de primera instancia comentó que desde hace una semana los nuevos detenidos son trasladados por la Policía Federal. En la sede de esa fuerza se realizan los controles médicos de rigor y luego pasan a la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA), donde cumplen un período de aislamiento antes del alojamiento definitivo en la cárcel. Ese es el modo en que, momentáneamente, se está dando respuesta a la necesidad de personal penitenciario con el que ya no cuenta la Justicia Federal de Córdoba.

Mientras tanto, la Cámara Federal analiza alternativas a seguir. Por su parte, los vocales de los dos tribunales orales se reunirán en los primeros días de la semana entrante. Se esperan pronunciamientos.

También hay gestiones con el Ministerio de Justicia de la Provincia. Una fuente de la cartera que dirige Julián López señaló que están “en contacto permanente con Ignacio Vélez Funes, presidente de la Cámara Federal. Seguimos con preocupación la situación y estamos acompañando a la Justicia Federal de Córdoba, articulando con ellos para que se resuelva de la mejor manera esta situación”. Reconocen, de este modo, que se trata de un problema y que se busca una solución.

Un derrotero que lleva casi una década 

Las tensiones entre la Justicia Federal y las sucesivas gestiones del Servicio Penitenciario de Córdoba no son nuevas. En 2012 los traslados los hacía la provincia y se plantearon hábeas corpus por las condiciones en que se realizaban: con cadenas, sin ventilación, etc. Los recursos tuvieron acogida y hubo órdenes desde la Justicia Federal para respetar los derechos de los detenidos, lo que incomodó a las autoridades penitenciarias locales.

Luego, se ampliaron ante el pedido de trabajo y una remuneración para los detenidos federales.

Mientras tanto se prometió, en varias oportunidades, la construcción de una cárcel federal. En 2017 desembarcó en Córdoba el entonces ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, con los planos de lo que sería el nuevo penal federal que se levantaría sobre un terreno de la localidad de Oliva.

Antes, el extinto gobernador José Manuel de la Sota había ofrecido un predio colindante al complejo de Bouwer para construir un ala que permitiera albergar a los detenidos de la Justicia Federal. Al frente de la cartera de Justicia nacional estaba Julio Alak. Todos los intentos quedaron en la nada.

Mientras tanto, nunca cesó la tensión por sucesivos incumplimientos del convenio recíproco entre Nación y Provincia con reclamos por montos impagos en concepto de los traslados y alojamiento de los detenidos. En efecto, quienes consideran que el presente es un conflicto artificial, sostienen que la vía de solución está en replantear esos acuerdos y cumplirlos.

De un lado y del otro de la grieta subyacen visiones opuestas sobre la gestión penitenciaria provincial: mientras para unos está reñida con derechos básicos de los presos, para otros Córdoba no tiene qué envidiar a las cárceles modelo.