Una reunión, el 12 de abril pasado, de mujeres fiscales federales de diferentes jurisdicciones con el ministro y el secretario de Justicia, Martín Soria y Juan Martín Mena, motivó una “advertencia” del procurador Eduardo Casal, la réplica de las protagonistas y una fuerte crítica a esa reprimenda por parte de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
El encuentro se anunció antes de realizarse en diferentes medios de prensa y fue difundido, después, en la página web del Gobierno nacional. En el grupo de 13 magistradas que participaron, algunas en forma presencial y otras virtual, estuvo María Schianni, titular de la fiscalía de Villa María y subrogante en la de San Francisco.
El objetivo era expresar la necesidad de incorporar una agenda de género a la reforma del Ministerio Público Fiscal.
Patricia Bullrich y la abogada Florencia Arietto denunciaron el encuentro ante la Procuración. Extraoficialmente se conocía la molestia de Casal por la iniciativa. El 21 de abril, el procurador ordenó el archivo de la denuncia, pero recomendó a las fiscales “que, en lo sucesivo, canalicen las inquietudes de este tenor por las vías institucionales pertinentes”.
Y dispuso que esa resolución sea comunicada al resto de fiscales para que eviten incurrir en el mismo tipo de acciones. Lo curioso es que entre las asistentes también estaba la actual titular de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (Ufem), Mariela Labozzetta. Es decir, una funcionaria que integra la estructura superior de la Procuración nacional. Las fiscales reprendidas no tardaron en reaccionar.
Plantearon al procurador que su resolución resultó discriminatoria hacia las mujeres porque magistrados interactúan permanentemente con integrantes de otros poderes o participan en foros y se plantea una advertencia en esta oportunidad, cuando lo que se está impulsando es una agenda de género.
Casal emitió una nueva resolución aclaratoria garantizando la libertad de expresión para exponer sus propuestas y convicciones, pero insistió en que se reserva “exclusivamente al procurador General la representación del Ministerio Público Fiscal ante los demás órganos del Estado, la elevación de la opinión institucional tanto al Poder Legislativo como al Ejecutivo sobre determinadas reformas legislativas”.
Sobrevino, por último, un pronunciamiento de la Asociación de Fiscales que manifestó el “repudio” a la denuncia de Arietto y Bullrich. Elogiaron la decisión de archivarla, pero también criticaron la resolución porque las recomendaciones no solo “aparecen como innecesarias, sino porque lo allí resuelto podría interpretarse como una instrucción general, al ser notificada a todos/as los/as magistrados/as fiscales”.
