Senestrari: “La madre de la corrupción está en los fondos con los que se financian los partidos”

La Cámara Nacional Electoral (CNE) encendió las alarmas con una resolución donde instó a detectar con qué fondos se financiarán los partidos políticos en los próximos comicios nacionales. Pero también apuntó a los procesos provinciales, si de ellos participan partidos que rinden sus cuentas a nivel nacional.

¿Hay sospechas de que los dirigentes están afrontando las campañas con dineros espurios provenientes de la venta de drogas? ¿Qué pasa en Córdoba?

PERFIL CÓRDOBA entrevistó al fiscal federal con competencia electoral Enrique Senestrari, quien negó que se haya detectado hasta el momento ese fenómeno, pero opinó que las leyes son blandas para sancionar la inconsistencia entre los informes elevados a la Justicia por las agrupaciones partidarias y los gastos que se observan en la realidad. La importancia de realizar el efectivo control sobre quiénes aportan a las diferentes campañas radica en que se puede acotar o eliminar el compromiso de futuros gobernantes con quienes los financiaron, sean éstos empresarios con negocios legales o ilegales.

—¿Qué piensa de la resolución de la CNE?

—La respuesta es más amplia: no creo que deba limitarse al narcotráfico. Donde haya plata de origen ilegal debe haber control, que a través de los años se ve que no funciona. Es evidente que los partidos en general hacen publicidad más costosa de lo que rinden como gastos de campaña.

—¿Cómo se contabilizan los aportes y los gastos?

—En el Poder Judicial hay un cuerpo de auditores contadores. Son los primeros que reciben la información de los partidos, la revisan y nos dan informes a jueces y fiscales con competencia electoral. Si el partido no habilitó la cuenta bancaria en un banco oficial, tiene varias cuentas o movió dinero por fuera.

—¿Esas investigaciones prosperaron en Córdoba?

—Poco. Hay mucho por modificar. Las sanciones son bajas y se vencen los plazos para investigar. La mayoría de las infracciones o delitos electorales prescriben a los dos años. Hay una gran discusión con la Cámara Electoral. El Código dice claramente que las causas prescriben a los dos años del hecho que generó la revisión y sanción. La Cámara fijó posición y dice que el plazo corre desde que ese tribunal resuelve que el hecho se cometió. Eso va en contra de la propia ley. Si yo maté o robé, desde ese día corre la prescripción, no desde una sentencia judicial que, a los cinco o seis años, da por cierto el hecho que se cometió.

—En la práctica y con esta discusión, ¿hay sanciones?

—Son leves, consisten en pérdida de aportes del Estado a los partidos políticos, que no son la principal fuente de financiamiento que tienen. Tenemos un problema grave. Estoy tratando de orientar hacia el Código Penal más que al Electoral. En relación a lo que marca la CNE sólo disiento en resaltar la preocupación sobre el narcotráfico cuando hay cosas mucho más graves que generan dinero ilegal en cantidades industriales y suceden constantemente: contrabando, evasión de impuestos, licitaciones amañadas. Es la corrupción privada y pública. La privada es gigantesca. Viene una empresa que decide dar dinero a todos los partidos políticos y después cuando uno de esos candidatos gana las elecciones lo recupera con concesión de obras, compras de provisiones del Estado o se incorpora al gabinete en un ministerio. Como el caso de Aranguren, que fue ministro de Energía y llegó desde la empresa Shell. Yo lo denuncié.

—¿Esto que dice es algo conceptual o lo vio en la realidad?

—Le puedo contar mi experiencia. No tengo un solo caso donde se haya detectado que la plata que ingresó a un partido para financiar una campaña viniera del narcotráfico. Lo que sí hay son empresas que ponen dinero y después son las beneficiarias de decisiones del Estado que las favorece. Eso es muy importante.

—¿No será más bien por la escasa y nula investigación del fenómeno de narcotráfico?

—Es verdad que la desfederalización de la ley de drogas hizo daño al sistema de flujo de información sobre los hechos y dificultades para hacer investigaciones grandes. Lo que venimos detectando es que ahí sí puede haber una vía indirecta, son casos de facturas truchas para evadir impuestos. Lo que se ve es que el dinero –y esto puede ser lo que preocupa a la CNE– como no tiene color ni ideología se empieza a mezclar con los delitos penales económicos. El narcotráfico es penal económico porque lo que busca es ganancia. Se generó sólo la idea del aspecto de la violencia y el resto queda como si fuera algo bueno. Ambas cosas son ilegales.

—¿Qué hacen cuando se detectan gastos superiores a los informados?

—Si no hay justificativo se sanciona al partido y se hace un expediente separado con las responsabilidades personales de los encargados del área de los partidos. Entonces, se sanciona a una persona pero la estructura sigue funcionando igual. Hay que endurecer el control del Estado sobre los partidos políticos porque son los que después nos gobiernan. Lo he planteado con fiscales federales de todo el país. Propuse cómo resolver esto. Si un contrato del Estado, una concesión, una obra pública es hecha por una empresa que figura como aportante en la campaña, hay que declarar nulo el contrato o la concesión porque hay vicio.

—La idea no prosperó.

—No. Quizás me equivoco, pero es una solución práctica para no permitir que siga pasando. Si una empresa dio dinero a un candidato, que después no tenga ninguna relación con el Estado, porque si participó en una licitación y antes fue aportante, seguramente habrá alguna voluntad torcida para favorecerla porque le posibilitó acceder al gobierno.

—Usted dice que irá por sanciones penales, ¿cuáles?

—Investigar más profundamente el lavado de activos. Si encontramos dinero que no es de origen lícito, habrá que tomar el camino penal y no electoral.