lunes 08 de agosto de 2022
CóRDOBA AJUSTE DE PRESUPUESTO

Si se cumple el pedido de Dujovne, a Córdoba le recortarían $8.000M

Es un 5,3% del recorte total que deberán hacer las provincias. Sin embargo, es un monto que sería negociable a la baja. Casa Rosada y el Panal, en un delicado equilibrio.

15-07-2018 00:47

Desde el Ministerio de Finanzas de Córdoba siguen con atención cada “movimiento de Excel” que dispara el Ministerio de Hacienda de la Nación para calcular el ajuste que se viene.

A pesar de que el ministro Nicolás Dujovne elevó a $150.000 millones el recorte que deberán enfrentar las provincias, en el Panal aún reina la cautela.

“Hasta que no digan qué gasto quieren reducir es imposible hacer algún tipo de análisis sobre impacto y viabilidad”, afirman desde el Gobierno cordobés, conscientes de que deben transitar un delicado equilibrio entre garantizar la gobernabilidad y evitar que se desfinancie la Provincia.

Al margen de la mesura que impera, PERFIL Córdoba pudo reconstruir sobre la base de fuentes oficiales y consultoras privadas una hipótesis aproximada del costo que tendría el mega ajuste para la Provincia.

Se trata de un recorte que alcanzaría un techo aproximado de $8.000 millones, lo que significa el 5,3% del total ($150.000M) que deberán reducir los estados subnacionales. Tomando como referencia esa banda superior, las negociaciones podrían llegar a suavizar el compromiso de ajuste hasta alcanzar un piso del 4,2% del total a recortar, lo que significaría para Córdoba resignar unos $6.250 millones.

En principio, esa sería la pretensión de la Nación para repartir equitativamente entre todas las provincias el recorte de las Transferencias No Automáticas, que se dividen en Transferencias Corrientes (para desarrollo de programas) y de Capital (para obra pública).

Desde la Provincia reconocen que como “las transferencias discrecionales involucran cosas muy heterogéneas, habrá que analizar una por una para evaluar la viabilidad de eliminarlas o congelarlas”. Respecto de la obra pública “hoy se financia con ahorro, créditos y transferencias nacionales establecidas en convenios, que esperamos se sigan cumpliendo”,sostienen en el Panal.

Si se descuenta que el ministro de Finanzas local, Osvaldo Giordano, será un negociador sin muchas concesiones, las fuentes privadas consultadas coincidieron en que “probablemente saldrá a defender el monto de las Transferencias Corrientes, que son algo más de $3.000 millones y entre un 20% a 30% de las de Capital, porque de hecho ya se están demorando los envíos para obra pública”, explicaron.

Este sería un escenario relativamente positivo para las finanzas provinciales porque ubicaría el recorte en el orden de los $4.000 millones a $4.200 millones.

Las estimaciones no resultan descabelladas toda vez que se toma en cuenta que las Transferencias no Automáticas totales implicaron para Córdoba en 2017 unos $8.805,14 millones y para este año se previeron $8.688,67 millones. Entonces, entorno a esos montos -como topes máximos de recorte- se empezaría a dar la pulseada entre Nación y Provincia.

Luces de alarma. Más allá de los números gruesos del ajuste, la sensibilidad emerge a flor de piel cuando se analiza en detalles las partidas por donde pasarían los tijeretazos. “Las Transferencias Corrientes están concentradas en pocos programas pero de especial envergadura”, explica el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). Entre ellos figuran el Fondo Nacional de Incentivo Docente y Compensaciones Salariales (que rondó 0,23% del PIB) y las Transferencias y Contribuciones a la Seguridad Social (cajas de jubilación no transferidas), que significaron un 0,10% del PIB.

Considerando que el Acuerdo con el FMI pretende que el total de las Transferencias Corrientes pasen a ser solo el 0,2% del PIB en el 2020, “se plantea un primer interrogante en cuanto a la implementación de la reducción de las erogaciones en esta clasificación”, advierte el Iaraf.

¿Qué provincia va a estar dispuesta a ajustar partidas destinadas a educación o jubilaciones? Impuesta la necesidad del ajuste, posiblemente los recortes deban venir por el lado de otros programas susceptibles de ser prorrogados o de gastos corrientes de la Administración Central.

Adicionalmente, al Fondo Educativo y a las Contribuciones a la Seguridad Social, los otros ítems que afectará el recorte de Transferencias Corrientes tienen que ver con hábitat e infraestructura. En este punto, las víctimas serán las viviendas sociales, los planes de pavimentación, la urbanización de villas y los tendidos de cloacas, entre otras asignaciones.

Si se analiza globalmente el impacto del ajustazo en ciernes, a Córdoba le pondrá en jaque un 7% de sus ingresos totales, que es el porcentaje de dependencia que tiene respecto de los aportes nacionales discrecionales. Mucho peor están La Rioja o Jujuy (que dependen en un 20%) y mejor, Ciudad de Buenos Aires y San Luis (con indicadores por debajo del 5%).

¿Es un ajuste viable? La lógica que está aplicando la Casa Rosada es esta: consideran que la reducción de las transferencias discrecionales no llevará a un aumento del déficit a nivel provincial porque confían en que el aumento previsto en la coparticipación, a partir del Consenso Fiscal y la Ley de Responsabilidad Fiscal, alcanzará para compensar el ajuste.

Esta estrategia, que fue claramente expuesta en el memorándum de entendimiento con el FMI, es clave para descifrar todo el andamiaje fiscal sobre el que se sostendría el Presupuesto 2019. En efecto, la Nación descuenta que las provincias no ‘sacarán los pies del plato’ respecto a esas dos leyes clave (Responsabilidad y Consenso Fiscal), porque espera que los gobernadores cumplan con el objetivo de no aumentar el gasto en términos reales y avancen con las desgravaciones impositivas.

Pero, para que ese esquema funcione la economía debería crecer, al menos al 3% que se proyectó inicialmente, y la inflación tendría que ser descendente. Sin embargo, como consecuencia de las últimas medidas de estabilización cambiaria y monetaria, ocurre todo lo contrario y la economía se encamina a una estanflación (recesión e inflación).

“Vuelven a hacer un planteo ‘muy de Excel’: fijan una meta de déficit y después ajustan las variables de gastos para que ese número dé, a como fuera. Es lo que vienen haciendo desde el 2015 y ¡así nos fue!”, evaluaba un funcionario provincial. Sin dudas, va a ser un hito histórico si el ajuste llega a consensuarse, primero, y a ejecutarse después. Sería la primera vez que el país avanza hacia un profundo ajuste de sus tres niveles de gobierno, en medio de un ciclo contractivo y camino hacia un próximo período electoral.

TRES CLAVES: AHORA SÍ EL AJUSTE PARECE INEVITABLE

–Feed back del FMI. El viernes a última hora se conoció el “staff report” de los técnicos del FMI elevado al directorio de la entidad para que se termine de autorizar el acuerdo con Argentina. Allí expresan detalladamente que piden: “Reducir las transferencias discrecionales a las provincias en un 1,2% del PBI para 2019 y garantizar que esas deducciones se compensen con recortes en los gastos provinciales en bienes, servicios y salarios”. Vale decir, sugieren una profundización del ahorro fiscal en las provincias.

–Absorción monetaria. Al margen de las exigencias del FMI, el Gobierno comenzó una consistente política de ajuste de los agregados monetarios. En lo que va de junio y julio subieron fuertemente los encajes y aspiraron de la calle unos $125.000 millones. La tasa de política monetaria está en el 40% anual y la tasa de Lebac arriba del 50% anual. A costa de una fuerte recesión están consiguiendo, en primer lugar, contener al dólar, la siguiente meta sería el control de la inflación.

–Apuesta indefectible por el gasto social. Jubilaciones y planes sociales que se ajustan por inflación se convirtieron en prioridades de primer orden para el presidente Macri. Por ende, la orden que dio al ministro Dujovne fue: ampliar el recorte, por otras vías, para llegar al 1,3% de déficit. De allí resultó que el ajuste global deberá ser de $ 300.000 millones y el 50% del esfuerzo lo tendrán que poner las provincias. El gasto social, que es inflexible, representa más del 60% del presupuesto nacional.

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