Tortura y muerte en Bouwer: ¿Hay responsabilidad funcional de la excúpula del Servicio Penitenciario?

El fiscal de Instrucción, José Mana, envió una copia del expediente por el crimen de César Darío Moreno a su par de Delitos Complejos, Enrique Gavier. Por el momento eso no significa más que permitirle acceder a información de la investigación por la cruel muerte de Moreno, el 18 de septiembre del año pasado en la cárcel de Bouwer, a cuatro días de haber sido detenido por una gresca en una panadería de barrio Nueva Córdoba.

Mana continúa al frente de la pesquisa que tiene nueve imputados, entre los cuales se encuentran el director del Módulo MD1 donde estuvo alojado Moreno sus últimas 48 horas, seis guardiacárceles y dos médicos. Los acusa de presunta tortura seguida de muerte, delito que prevé la pena máxima en caso de condena. Las indagatorias comenzarán en los próximos días.

El dato del pedido y envío de copias a Gavier no pasó desapercibido en los pasillos de tribunales a la luz de la enorme investigación que lleva adelante desde el año pasado por presuntos hechos de corrupción, a partir de beneficios irregulares a presos, acuerdos espurios entre penitenciarios y abogados, avalados o permitidos silenciosamente desde la cúpula del organismo, según la sospecha que anima la pesquisa.

La solicitud tiene una base legal. A fines del año pasado, la Fiscalía General emitió una resolución que ordena a todas las oficinas del Ministerio Público Fiscal poner en conocimiento de Gavier cualquier presunta irregularidad en el Servicio Penitenciario provincial.

¿Las responsabilidades penales que hoy tienen su techo en el director del módulo del complejo penitenciario Padre Luchesse, podrían escalar hacia los responsables funcionales del organismo, en ese momento encabezado por Juan María Bouvier, detenido desde mediados de diciembre? La hipótesis no se avala, pero tampoco se rechaza. Al menos en el presente.

La muerte de Moreno es un hecho gravísimo. Mana lo encuadró en el marco de violencia institucional, como ocurrió en 2020 con el crimen policial de Blas Correas. Una persona detenida, paciente psiquiátrico, murió presuntamente por los golpes recibidos y la falta de atención acorde a su cuadro en situación de encierro, bajo el cuidado del Estado provincial.

Derrotero fatal. César David Moreno no tenía antecedentes penales. El 14 de septiembre del año pasado viajó hacia Córdoba desde Villa María, su lugar de residencia. Mientras compraba productos en una panadería de calle San Lorenzo 70 tuvo un brote psicótico que terminó en violencia física, los empleados avisaron a la Policía y se produjo la aprehensión de Moreno en flagrancia a las 14 horas, aproximadamente.

Intervino el fiscal del Distrito I, Rubén Caro, quien resolvió su imputación por lesiones leves y daño. Fue alojado en la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA), que depende del Servicio Penitenciario provincial.

A los dos días, el 16 de septiembre, se decidió su traslado al complejo carcelario de Bouwer, tras un certificado médico que no acusó inconvenientes para continuar detenido.

Moreno era paciente psiquiátrico con trastorno bipolar, con episodios de esquizofrenia, detalle que queda documentado en el Centro Psico Asistencial (CPU) donde relevan su situación sanitaria. El cuadro, tratado y medicado, no era un obstáculo para una vida normal. Fue jugador de rugby y tenía especial cuidado de su salud. En Bouwer fue alojado en el Servicio Médico y los profesionales determinaron que debía permanecer en una cama, con sus manos y piernas inmovilizadas.

El 18 de marzo, falleció. El Servicio Penitenciario dio noticia a la Justicia y desde ese día investiga el gravísimo hecho el fiscal Mana, quien al cabo de siete meses ordenó las imputaciones y detenciones.

Soledad González, exesposa de Moreno, relató a PERFIL CÓRDOBA que aquel día recibió una llamada telefónica desde la cárcel para comunicarle su deceso. “Hablé con seis personas diferentes –dijo con la voz quebrada– porque titubeaban y no sabían qué decirme”.

“Al día siguiente, cuando la hermana fue a reconocer el cuerpo, comenzaron nuestras dudas”, continuó la mujer que es representada por el abogado Alejandro Pérez Moreno como querellante.

Mana dispuso una autopsia bajo el protocolo de Minnesota, que consiste en un examen más profundo. Para el fiscal, los golpes que recibió en prisión por parte de guardiacárceles y la errónea –y delictiva– intervención médica que determinaron la falta de asistencia, fueron las causas eficientes de la muerte.

Para Tomás Aramayo, defensor de uno de los médicos imputados y detenidos, hay que analizar la actuación judicial: por qué se decidió mantener detenido a Moreno con el cuadro psiquiátrico que padecía. La demora en la llegada de los antecedentes penales –la ficha prontuarial– de cada persona detenida es un problema que se debe resolver.

Para ello es necesaria una ley provincial que sustraiga el registro de antecedentes a la Provincia para remitirlos al Registro Nacional de las Personas. Mientras ello no ocurra, se repiten las demoras en la decisión de los fiscales sobre las aprehensiones en flagrancia. Sin saber si un detenido no es reincidente o reiterante en el delito, no firman la libertad. Es parte de la discusión de la “puerta giratoria” por la que se reclama a la Justicia.

MORENO NO TENÍA ABOGADO

A la par de todo lo expuesto en este informe periodístico, se analiza la primera intervención judicial a partir de la aprehensión en flagrancia de Moreno, por el episodio de violencia en la panadería de Nueva Córdoba. Quien resolvió su imputación y detención fue el fiscal Rubén Caro. Ya elevó un informe pormenorizado de cada paso en ese primer derrotero judicial.

Hay un dato que resulta llamativo: mientras estuvo detenido, Moreno no tuvo abogado. Si no tenía un letrado particular, se debió designar un asesor oficial al cabo de 24 horas. Si efectivamente hubiera tenido un defensor: ¿se podrían haber evitado los sucesos posteriores? Posiblemente habría expuesto todos los antecedentes de salud sin demoras.

Estos elementos se analizan para decidir en la Oficina de Sumarios que depende del Tribunal Superior de Justicia si se abre un sumario administrativo.

En diálogo con este medio, el fiscal Caro señaló que en esas primeras horas la prioridad era encontrar familiares y estabilizar su situación de salud, incluso antes de ordenar las pericias psiquiátricas correspondientes. “No hay que desviar el tema central que es la muerte en el Servicio Penitenciario, donde lo tenían que cuidar”, subrayó.

CORRUPCIÓN

En el expediente donde está detenido e imputado por presunta asociación ilícita Juan María Bouvier, el fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier trabaja en resolver la situación procesal del exmandamás del Servicio Penitenciario durante casi dos décadas. En esa causa, Bouvier es defendido por el abogado, Alejandro Pérez Moreno, quien en paralelo es querellante en la investigación por el homicidio de César David Moreno.