La actual crisis sanitaria, provocada por e l C o v i d -19 , no tiene precedentes en su magnitud, ritmo y severidad a ninguna otra pandemia vivida en la historia de la humanidad, al menos en los últimos 100 años. Pero a la delicada situación se le agrega otra crisis, que la precede, que podría haberse evitado, al menos si el ser humano hubiese tomado real conciencia de la dimensión de los estragos que estamos provocando en el planeta y su ecosistema, hablamos de la crisis ambiental.
Los incendios forestales, que a lo largo de 13 días azotaron Córdoba, tienen causas o factores biológicos y climáticos (grandes masas de vegetación en concurrencia con extensos períodos de sequía, altas temperaturas, vientos fuertes o moderados, etc.) pero también, y aquí lo más grave, tienen origen en la acción del hombre, ya sea por motivos accidentales, negligencias o intencionales.
La Provincia de Córdoba, que ha hecho de la defensa ambiental una verdadera política de Estado cuenta, desde el 2014, con la Ley 10.208 de Política Ambiental Provincial, en cuyo articulado se determinan las líneas de acción para una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica, siendo una de las más modernas y completas del país en la materia, pero todo es poco cuando irrumpe en escena la irresponsabilidad humana.
Basta recordar que al momento han sido más de cinco las personas detenidas por su relación con el inicio de los distintos focos de, solo por citar un caso en la localidad de Bañado de Soto (a 119 km al norte de Córdoba capital) uno de los detenidos habría iniciado un incendio con la intención de limpiar un campo, y de quien la Justicia dispuso su inmediata detención e imputación por el delito de “incendio culposo”.
En este punto en particular quiero detenerme y considerar que urge modificar y agravar la pena prevista en nuestro Código Penal para autor del delito de estrago (causar incendios, inundaciones o explosiones) en cuyo artículo 189 reprime con prisión de un mes a un año, a quien por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, causare un incendio u otros estragos.
Si el hecho u omisión culpable pusiere en peligro o causare la muerte de alguna persona, el máximo de la pena podrá elevarse hasta cinco años, agrega la misma norma.
Al mismo tiempo quiero destacar el heroico accionar de los distintos cuarteles de bomberos voluntarios, en coordinación con personal de Defensa Civil de la provincia y de la Secretaría de Gestión de Riesgo y Cambio Climático, lograron contener todos los focos activos que han consumido más de 30 mil hectáreas, generando daños difíciles de estimar. Cientos de cordobeses evacuados, viviendas dañadas, animales y producciones perdidas, fueron tan solo algunas de sus graves consecuencias.
Vuelvo a resaltar el trabajo de los bomberos voluntarios que, sin descanso y con total entrega incluso arriesgando su vida, fueron determinantes para el manejo y contención de esta catastrófica situación, los incendios forestales más graves de los últimos 12 años en suelo cordobés.
También se hace necesario resaltar el compromiso y accionar del Gobierno provincial, que desde el principio dispuso y movilizó todos sus recursos para mitigar esta situación, y el acompañamiento del Bloque de Hacemos por Córdoba, en el Poder Legislativo, que adhiere a la declaración de la “emergencia agropecuaria”, con el objeto de asistir a los productores que hayan sido damnificados por el fuego, a quienes -según declaraciones del Ministro de Agricultura y Ganadería de la provincia, Sergio Busso- se pretenderá auxiliar con créditos, diferimientos impositivos y condonaciones de deudas.
El punto neurálgico para analizar este problema está en tomar real conciencia, que la comprensión social de los incendios forestales tiene una influencia importante en las derivaciones que surgen tras ellos, de allí el valor que adquiere la transmisión de valores y educación sobre la problemática ambiental.
Para finalizar me gustaría compartir, a modo de reflexión, solo algunas de las consecuencias que este tipo de hechos trae aparejado: degradación en la calidad del aire, agotamiento de recursos hídricos, contaminación del suelo, deforestación, cambio en la calidad de la tierra y pérdida de hábitat, destrucción de la biodiversidad, destrucción de bienes, pérdidas económicas, la alteración de los procesos y funciones sociales, entre otras.
Un desastre no termina cuando se apaga el fuego; le sigue un proceso mucho más largo de recuperación ecológica y social, que también influye en cómo se comprende y evalúan el origen y consecuencias del mismo.
Leonardo Limia es legislador provincial, bloque Hacemos por Córdoba
