“Estos son los ojos de la Ciudad”. El ministro de Seguridad porteño, Diego Santilli, no duda en darle un título al Centro de Monitoreo de la Policía de la Ciudad, el lugar donde se controla la cuarentena online y en el cual más de 500 personas trabajan a diario observando más de diez mil cámaras.
Ubicado en el barrio de Chacarita, a metros del cementerio, en cada uno de los 98 puestos de control cada uno de los observadores puede mirar hasta 16 cámaras a la vez. Como mínimo, hay dos observando las calles y avenidas de cada una de las 15 comunas. Prácticamente todos son civiles salvo el 9%, que son efectivos que se ocupan de la comunicación con las comisarías y los patrulleros cuando se detecta un delito allí. Están atentos a las imágenes durante 40 minutos y tienen otros 20 para descansar, por protocolo, en turnos de 7 horas.
Trabajan las 24 horas los 365 días del año y, con turnos rotativos, son aquellos encargados del control de todos los delitos en flagrancia o de ser el apoyo táctico clave en un operativo policial, una persecución o un simple hurto. Bancos, farmacias y supermercados son hoy los objetivos centrales en los barrios, a los que se suma la vigilancia de los retenes y puntos de control, que en la frontera con la provincia de Buenos Aires, la Policía de la Ciudad comparte con las fuerzas federales.
Aunque el delito cayó un 91% con la cuarentena, el Centro de Monitoreo es un registro online de todo lo que ocurre. “Hoy, como hay menos gente en la calle, es más fácil ver todo”, explica a PERFIL Raquel Cesanelli, comisaria a cargo del Centro de Monitoreo. “Participamos de todo, de alguna u otra manera. Desde la prevención hasta el apoyo a la policía”, agrega.
En 2020, con las cámaras, hubo 1.069 detenidos. Solo 13 desde la cuarentena, claro. Lo que más se observó desde el DNU que impide la circulación libre fueron casos de ciclistas que llevaban panes de droga; trapitos lavando autos en calles vacías hasta vecinos que salieron a correr. “Por la noche detectamos intentos de robo de vehículos, en particular de baterías o cubiertas, y algunos robos piraña en Constitución”, cuenta.
El trabajo con la Justicia también es central. Santilli, con el secretario de Seguridad, Marcelo D’Alessandro, llevaron a jueces y fiscales a recorrer el lugar para presentarles un área clave: análisis de registro. Allí se analizan las imágenes (que son guardadas hasta 60 días) para estudiar con líneas de tiempo los movimientos de una persona o vehículo. En 2019 hubo casi 50 mil pedidos de la Justicia, investigaciones especiales permitieron desarmar bandas de motochorros o reconocer movimientos de prófugos. “Les respondemos en, máximo, tres a cuatro días a cada requerimiento judicial”, concluye Santilli.
