Clases presenciales | Carlos Zannini pidió que se declare inválido lo decidido por la Cámara de Apelaciones
El Procurador del Tesoro de la Nación realizó el planteo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
Carlos Zanini |
Cedoc
El Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini presentó un planteo para que se declare la inhibitoria de la justicia porteña y la invalidez de lo decidido la noche del domingo por la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires que falló a favor de lapresencialidad en las clases en el distrito.
El Gobierno Nacional recibió con fuerte enojo el fallo de la Justicia porteña que habilitó las clases presenciales, por lo que puso en marcha una estrategia judicial combinada para intentar frenarlo.
Por un lado, el presidente Alberto Fernández habilitó al procurador del Tesoro, Carlos Zannini, a presentarse ante el fuero Contencioso Administrativo Federal, y por otro avaló la presentación del Ministerio de Salud en el fuero contencioso de la Ciudad para tratar de llevar el caso a otra jurisdicción.
El objetivo de ambas acciones es validar la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que suspendió las clases presenciales entre el 19 y el 30 de abril.
Para el Gobierno, la decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo porteño que habilitó la continuidad de las clases en la Ciudad es un fallo a medida del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.
Saben que se trata de una discusión política y advierten que Juntos por el Cambio presionó para obtener esa medida.
"Estrago jurídico"
Alberto Fernández enfatizó que el fallo es "un estrago jurídico". "Están tomando medidas que son del exclusivo resorte de la justicia federal. No estamos dictando medidas de política educativa. Son medidas de política sanitaria en una pandemia Por eso la ciudad fue directo a la Corte", argumentó el jefe de Estado en declaraciones a El Destape.
Por su parte, el ministro de Justicia, Martín Soria, también cuestionó el fallo que cedió al interés del Gobierno de Rodríguez Larreta para que las aulas continúen abiertas, al señalar que la resolución judicial es un "mamarracho jurídico", que tiene una "explicación política".
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"El Presidente @alferdez tomó una decisión de Estado para preservar la vida de miles de argentinos, no dictó políticas educativas. Utilizar políticamente al Poder Judicial es una especialidad del macrismo, pero esta vez han ido demasiado lejos", escribió en Twitter.
A su vez, la senadora María de los Angeles Sacnun, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta afirmó en Radio 10, en el programa de Gustavo Sylvestre: "Está utilizando lamentablemente esta pandemia, y el riesgo que está corriendo la sociedad, para lanzar una campaña política y para construir en el marco de su propia interna en el PRO”, dijo Sacnun en Radio 10 al referirse al mandatario porteño.
"También cuestionó a la sala IV de la Cámara en lo Contencioso y Administrativo de la Ciudad, que falló a favor de la presencialidad en las clases en la ciudad de Buenos Aires, al indicar que “está conformada por la hermana de Machiavelli, que es el Secretario de Ambiente de la Ciudad”.
Por último, sostuvo que al no acatar lo dispuesto por el decreto presidencial “no sólo han cometido un delito los tres miembros de esta Cámara municipal sino la presidenta del PRO, Larreta y los funcionarios que se resisten al cumplimiento de la ley”.
Clases presenciales
Este domingo, la Justicia porteña ordenó la habilitación de las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, en detrimento del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmó el presidente Alberto Fernández el viernes pasado, por el cual se dispuso el cierre de las aulas por dos semanas para contener el aumento de casos de coronavirus.
La resolución fue dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la ciudad de Buenos Aires.
"La responsabilidad en la prestación y el modo en que se organiza el servicio de educación es una competencia netamente local y que, por ende, debe ser dispuesta por los órganos constitucionales que tanto la Constitución nacional, local y las leyes dispusieron para ello. Esto es: el Poder Ejecutivo local", argumentó el tribunal en el fallo.
