En el marco de una investigación por el vínculo entre el gobierno argentino y el laboratorio que produce la vacuna Astrazeneca, la Justicia detectó que el contrato firmado no incluyó ninguna “penalidad o astreintes” en caso de que la provisión de dosis se incumpla. Así lo confirmó ante a PERFIL, el fiscal Guillermo Marijuan, quien lleva adelante la investigación.
Aunque se esperaba la llegada de 22 millones de dosis de la vacuna de Oxford/Astrazeneca hasta julio, en el gobierno sostienen que ese calendario formaba parte de un “anexo” tentativo. Según esa interpretación, habiendo destinado a la Argentina cargamentos con 6 millones de vacunas en el primer semestre, no hubo incumplimientos por parte del laboratorio.
“Es lo que dice Astrazeneca y el contrato los avala”, señaló a este medio el jefe de gabinete Santiago Cafiero.
El cronograma inicial apuntaba la llegada de dosis según el siguiente orden:
- Marzo: 2.382.000
- Abril: 4.040.000
- Mayo: 4.040.000
- Junio: 3.451.000
- Julio: 8.518.000
“En el anexo del contrato hay un cronograma tentativo, pero se advierte que es preliminar”, explicó el jefe de gabinete, resaltando que se trató “de un contrato a riesgo”.
De acuerdo a la información exhibida por el ministerio de salud, hasta la fecha habían ingresado 6.200.000 vacunas de Astrazeneca a la Argentina.
El contrato suscripto entre ambas partes implicaba el pago por parte del gobierno argentino de 86.700.000 dólares, de los que se depositó el 60%, esto es, una cifra cercana a los 54 millones de dólares.
El origen de la denuncia y el avance de la investigación
De acuerdo a información publicada por el diario Clarín, Cafiero declaró como testigo ante el fiscal y allí admitió las demoras del laboratorio. En el expediente aparecen también el ex ministro de salud Ginés González García y Sonia Tarragona, actual jefa de gabinete del ministerio de salud.
La denuncia que accionó la investigación judicial fue promovida en marzo de 2021 por Josefina de Elizalde, en representación del espacio ciudadano apartidario Acción Conjunta Republicana. La carátula es malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
LC/FF
