Que la situación de la cultura en Argentina está atravesando una de las crisis más graves desde el regreso de la democracia, no es ninguna novedad. Prácticamente cada semana nos enteramos de alguna librería que cierra, editores que entran en morosidad, espacios culturales que no pueden hacer frente a las tarifas y un largo etcétera que, según el último informe de la CAL, ya se está traduciendo en números similares a los de 2002.
Pero, más allá de lo estrictamente coyuntural, y de las políticas culturales que no hacen más que profundizar el deterioro a través de innumerables recortes, Argentina es un país que todavía sigue teniendo muchas deudas en materia de legislación cultural, y eso es algo que le compete a toda la clase política, no solamente al PRO. De hecho muchos de los reclamos llevan años; otros, décadas. En el mejor de los casos, a veces se logran ciertos consensos y se elabora algún proyecto que luego muere en una u otra Comisión, en general en la de Presupuesto; o sea: digamos que todo va bien hasta que advierten que hay que poner guita y descubren con estupor que la gente del arte o de la cultura también tiene por costumbre comer un par de veces al día. Aunque en ocasiones no se trata de la financiación sino del liso y llano desdén, o en todo caso de una incomprensión mutua: por un lado, el legislador no suele tener la menor idea sobre cuestiones vinculadas a la cultura; por otro, el activista cultural no tiene la menor idea de cómo ir a “rosquear” al Congreso, de manera que casi se trata de un problema de la semiología.
En lo que respecta a la industria del libro, que es donde nos vamos a detener en esta nota, uno de los proyectos que se vienen impulsando desde hace varios años es el que intenta regular la actividad del traductor, entre otras cosas para que ya no tenga que ceder los derechos de traducción ad aeternum –un absurdo que sucede cada vez en menos países– sino por un plazo razonable, y también para que se les pague un porcentaje de regalías. Pero la iniciativa por ahora no ha podido prosperar. Los dos proyectos de ley que se presentaron al respecto –2013 y 2015– perdieron estado parlamentario, y tampoco se pudo avanzar en la modificación de la Ley de propiedad intelectual, en parte porque el nuevo marco regulatorio que proponen, explica en off uno de los que militaron en estos proyectos, toca algunos intereses de quienes sí saben de lobby y de rosca política –las grandes editoriales, o la Cámara Argentina del Libro–, a pesar de lo cual este año seguirán insistiendo a partir de la discusión que se va a empezar a dar en torno a la “Ley del libro”. En el caso de los escritores, por ejemplo, una de las cosas que se van a pedir es que se les otorgue una jubilación o una pensión como ya existe en CABA desde hace algunos años, cuando aprobaron la Ley de “reconocimiento a la actividad literaria”, aunque esto desde luego no parece fácil en un contexto donde se empieza a discutir si son “sustentables” o no las jubilaciones para amas de casa, o donde incluso se le escatiman pensiones a discapacitados, y en consecuencia lo más probable es que si llega al Parlamento termine como esa ley que intentaron impulsar el año pasado para ayudar a las librerías a pagar las tarifas, es decir: “cajoneada” en la Comisión de Presupuesto, que por supuesto preside el oficialismo.
Pero más allá de esta precariedad laboral hay que decir que los vacíos legales en la legislación argentina no competen solo a unos y otros trabajadores, sino también a los objetos que forman parte del patrimonio cultural. En ese sentido, uno de los puntos más preocupantes es el que tiene que ver con la falta de regulación en relación a los manuscritos de los escritores que fallecen y que en general terminan en los estantes de alguna universidad extranjera. Así pasó entre otros con Roberto Arlt, Saer, Pizarnik, Cortázar, Néstor Perlongher o más recientemente con Ricardo Piglia. En muchos países, donde hay alguna Ley de “patrimonio bibliográfico”, cada vez que sale a la venta una obra de esta naturaleza el Estado tiene algún tipo de prioridad para adquirirla. En Argentina esto ha empezado a suceder con las obras de arte a partir de la reciente modificación de la Ley de Circulación Internacional de Obras de Arte –por eso los cuadros de Claude Monet que estaban en posesión de un coleccionista privado hace poco fueron ofrecidos en primera instancia al Estado–; pero no sucede lo mismo con el patrimonio bibliográfico, ya que en la legislación no se lo considera parte del patrimonio cultural, de manera que el canal de fuga sigue abierto. En este momento por ejemplo la colección Helft continúa en venta, y lo más probable es que buena parte del archivo Borges que posee contribuya a seguir “engordando” los sótanos de la universidad de Princeton, y dicho sea de paso, ya que hablamos de “engordar”: ¿por qué a nadie se le ocurrió modificar la Ley de propiedad intelectual para incluir de alguna forma el concepto de “intertextualidad” y evitar así que un muchacho al que se le ocurre el típico ejercicio de taller de engordar un texto no termine embargado por delincuente? Se trata de un vanguardismo algo naif y anacrónico, lo sabemos; pero la Ley 11.723 también tiene tal grado de anacronismo u obsolescencia que hasta le ha dado la razón a Kodama en varias instancias; aunque hay un grupo de personas, entre ellas Elsa Barber y Gustavo Schotz –actual director de la Dirección Nacional de Derechos de Autor–, que han estado tratando de actualizarla al menos en uno de sus aspectos: el que hace a los derechos de las personas con discapacidad visual. Argentina en ese sentido había adherido en 2014 al Tratado de Marrakech, que entre otras cosas propone que quien haga versiones accesibles de una determinada obra para un público no vidente, no debería pagar derechos de autor; pero esto todavía no se ha implementado y nadie sabe muy bien si este año se dará tratamiento al proyecto que entró al Senado el año pasado.
El presidente de la Comisión de Cultura Daniel Filmus dice que no está al tanto de este tratado, pero cuenta que desde hace un tiempo viene trabajando en la “Ley del Libro”, que es algo que ya se propuso en otras ocasiones, pero que nunca pudo concretarse. Hace unos años, cuando él era senador, llegó a tener media sanción de Diputados, pero posteriormente no se pudo lograr un consenso en el Senado.
Ahora, y pese a la coyuntura desfavorable, sostiene que van a hacer todo lo posible para que no ocurra lo mismo. El proyecto, que ya entró a la Cámara de Diputados, plantea la creación de un “Instituto del Libro”, entre cuyos objetivos se propone estimular la producción literaria local a través de, por ejemplo, la habilitación de líneas de subsidios y créditos, fomentar la comercialización de libros argentinos en el exterior o promover el desarrollo de editoriales y librerías pequeñas o medianas. En uno de los incisos también se lee que tratarán de “arbitrar las medidas necesarias para asegurar la edición de libros en sistemas de lectura destinados a no videntes”. Se trata de una propuesta más que plausible, pero que también pone en evidencia cierta falta de cohesión entre los distintos sectores del campo cultural, ya que paralelamente, y como dijimos antes, desde la Dirección Nacional de Derechos de Autor y desde la Biblioteca Nacional también se está trabajando en una ley a través de la cual se pueda implementar el Tratado de Marrakech, que tiene el mismo propósito. Esta falta de diálogo, que por supuesto no es nueva, también se da entre la Secretaría de Cultura y la Comisión de Cultura. ¿Qué comunicación hay Filmus y Avelluto? Ninguna. “En su momento me acuerdo que lo llamé por el tema del Presupuesto, quedamos en que nos íbamos a ver, lo volví a llamar, pero no me atendió más”, dice.
Ahora bien, volviendo a la creación del Instituto del Libro.
—¿Cómo va a ser el funcionamiento?
—Nuestra propuesta es que funcione desde una perspectiva federal con dos tipos de gobiernos. Uno con los representantes de todas las provincias, pero otro también que sea conducido por los propios actores. Ahí vas a tener a los escritores, los traductores, las dos Cámaras del Libro, los editores, o la industria editorial vinculada a las universidades, que también tiene que estar.
El proyecto por ahora cuenta con el apoyo de toda la oposición e incluso de un sector del radicalismo. En cuanto al PRO, desde PERFIL nos comunicamos con algunos de sus diputados y nos dijeron que todavía están “evaluando” si van a apoyarlo o no, y que están hablando con algunos de los sectores involucrados, entre los cuales hay una gran mayoría que adhiere al proyecto, pero también otros que todavía tienen sus dudas, como sucede con Miguel Villafañe, editor de Santiago Arcos, a quien le llama la atención que la ley defina al “libro argentino” a partir de un solo requisito: que tenga ISBN argentino. “O sea, no es obligatorio ni necesario que el libro se imprima en Argentina, ni que el autor sea argentino, ni que el traductor sea argentino, ni que el maquetador lo sea, ni el corrector ni nadie ni nada aquí”, dice y da un ejemplo: “Anagrama, del grupo Feltrinelli, podría imprimir en Polonia la maqueta de su versión española de Plataforma de Michel Houellebecq, en la traducción de Gómez Castejón y tramitar y ponerle ISBN argentino a través de su representante para así disfrutar de todos los beneficios que la creación del INLA supondría (entre otros, subsidios en transporte, quitas impositivas, etcétera), sin la participación de ninguno de los gremios afectados a la industria del libro en nuestro país”.
Frente a esto, quienes estuvieron trabajando en el proyecto argumentan que decidieron definir el “libro argentino” de esta manera, solo a partir del ISBN, ya que hay muchas editoriales argentinas que necesitan imprimir en el exterior, no solo por un tema de costos, sino además porque hay algunos libros que, por cuestiones técnicas, no se pueden imprimir en el país –ciertos libros-álbum, por ejemplo–, y por otro lado señalan que, de cualquier modo, se trata de un proyecto que recién se está empezando a discutir.
En otro orden, y además de la Ley del Libro, el diputado Filmus también cuenta que ha venido trabajando en una “Ley federal de cultura”, donde se concibe a la cultura como un derecho del que debe hacerse cargo el Estado, y donde se propone entre otras cosas la definición de un marco regulatorio para los productos culturales que ingresan desde otros países, la promoción de la diversidad de expresiones artísticas que atraviesan el país, alguna articulación con el sistema educativo, o el establecimiento de algunos derechos con los que hoy no cuentan muchos trabajadores de la cultura.
—¿También van a presentarla este año?
—Nosotros creemos que este año es el año para presentar el proyecto de ley. Hemos recorrido el país de punta a punta, estamos teniendo una discusión muy federal. Nosotros somos un país con una cultura muy plural. Cada provincia, cada región, cada comunidad originaria tiene rasgos culturales propios y es necesario que el Estado los proteja y ayude a difundirlos. En este momento estamos en la etapa de borrador. Nosotros elaboramos diez puntos que van desde el rango institucional que tiene que tener el Ministerio...
—¿Van a proponer un financiamiento mínimo?
—Sí. Así como en su momento propusimos y logramos el 6 por ciento del PBI en educación, en este caso estamos pensando en un 1 por ciento.
—¿Hoy cuánto es?
—Cero veintipico, no existe.
—¿Y es posible, teniendo en cuenta este contexto de recortes, proponer una ley como ésta o como la del libro?
—Por supuesto tiene que haber un gobierno que tiene que estar preocupado por la cultura, que no parece ser éste. Pero sí se puede avanzar. Las leyes tienen su propia dinámica, sus propios tiempos y en alguna medida se va a poder avanzar.
—¿Cuáles son los puntos más importantes de esta ley?
—Nosotros elaboramos diez puntos que van desde la cuestión institucional de rango que tiene que tener el Ministerio, el financiamiento, hasta los derechos de los trabajadores de la cultura que no están respetados, y la posibilidad de que la cultura tenga un basamento federal con distribución federal. Si vos tomás el presupuesto de cultura de CABA es más grande que todo el presupuesto de cultura del país. Entonces algo está pasando, ¿no? En algunas áreas como el teatro, que tiene un Instituto Nacional, o la música, que tiene el Inami, se distribuye federalmente todo lo que ingresa. Pero por el otro lado también tenés disciplinas como la danza o las artes plásticas que están totalmente marginadas. Después la ley también se ocupa de otros temas, como por ejemplo el de las lenguas. La Argentina es un país que ha dejado de lado las lenguas originarias, y cuando se pierde una lengua pierde toda la humanidad, entonces también es necesario un Estado que esté preocupado por la defensa de estas lenguas.
Problemas estructurales de la industria del libro
El sector del libro en Argentina enfrenta tres clases de problemas, y para ninguno de ellos hay una estrategia política del Gobierno que apunte a solucionarlo. La más inmediata y visible es la crisis de producción y venta asociada a la situación social y económica que vive el país. Todos los indicadores, salvo los costos y las importaciones, muestran una caída sostenida desde 2016. Esta acumulación ha empujado al cierre de librerías, imprentas y ha llevado a las editoriales a la reducción de sus planes de publicación y en muchos casos a despedir parte de su personal. Esto tiene, por supuesto, un correlato cultural. Mientras más pequeño es el sector, menos posibilidades hay de que los autores locales vean sus obras publicadas, y de que los lectores puedan hallar lugares dónde comprar. Desde el punto de vista legislativo, sería posible limitar los efectos más dramáticos de la crisis a través de medidas orientadas a aminorar el impacto de la suba de tarifas y costos en uno o más eslabones de la producción, y a dinamizar las compras a través de distintos incentivos al consumo. Pero la urgencia de la crisis no debe hacernos perder de vista una serie de problemas estructurales del mercado del libro argentino que viene arrastrando desde hace varias años y que no han hecho más que agudizarse. Menciono los tres más importantes: la concentración económica y comercial, la concentración geográfica, y la pérdida de presencia en el mercado editorial mundial y de manera específica en el área de lengua castellana. Resolver cada uno de estos puntos requiere instrumentos más complejos. El Programa Sur de Traducciones es un buen ejemplo. Desde su existencia ha apoyado la traducción en sesenta países de más de 1.200 obras que corresponden a algo más de novecientos títulos. Un buen paso para garantizar sus perdurabilidad sería convertirlo en ley. Otra ley necesaria, y sobre la que se está trabajando, apunta a fortalecer y a ampliar el canal librero en todo el país. Hay ciudades y provincias donde prácticamente no hay librerías, y cuando las hay su oferta suele reducirse a una colección de best-sellers. Pero más allá de legislaciones puntuales como las que acabo de mencionar, y a las que se podrían sumar otras tantas, es preciso discutir y sancionar medidas más comprensivas, que generen instancias que puedan pensar el conjunto del ecosistema del libro, incluyendo a la lectura. Me refiero al Instituto Nacional del Libro, sobre el que también se está trabajando. Un instrumento de esta clase posibilitaría no solo coordinar las políticas existentes, sino también promover nuevas a partir de información y diagnósticos, hoy inexistentes.
*Alejandro Dujovne. Doctor en Ciencias Sociales e Investigador del Conicet.
