En todo el mundo hay un debate con Google que ya tiene una dimensión que abarca todas las esferas de la cultura. Es el debate por lo que llamaríamos, muy bruscamente, el control de las fuentes de la cultura universal y su modo de distribución, o, dicho de otra manera, la ejecución tecnológica de un pacto sumamente desventajoso entre un poder mundial que monopoliza un banco de datos reconocidamente complejo, una suerte de archivo total de todos los signos y formas de sentido producidos por la humanidad, y las decisiones sobre su uso público. Estas también se hallan en debate, pues en todo el mundo ha habido juicios sobre la aplicación de los derechos de autor, lo que también implica la modificación de la naturaleza de éstos, tema que está en plena ebullición en todo el mundo, reclamándose nuevas leyes de derecho de autor en el mundo digital, que concilien derechos de índole diversa, como el que emana de la figura del autor y el que deviene de los diversos derechos a la circulación de la cultura bajo las modalidades nuevas. Estos debates ocurren por lo menos desde hace tres décadas, y pasaron por distintas alternativas, siendo notorias las que tuvieron lugar en Francia, donde al comienzo de los años 90 un gran movimiento intelectual, centrado en su Biblioteca Nacional, rechazaba los acuerdos con Google, aunque años después se concretaron, al igual que en España. Pero siempre en medio de diversos desacuerdos y de un conjunto de publicaciones de índole filosófica que alertan sobre el peligro de interpretar sin más la democratización de la cultura bajo la intervención de uno de los más poderosos monopolios del mundo. En Alemania, donde residen las más grandes editoriales del mundo –también monopólicas–, el debate con Google tiene evidencias mucho más claras por la resistencia persistente que ofrecen las grandes casas editoras. En nuestro país recién comienza el debate y no hay un cuerpo de leyes que atienda adecuadamente el tema, porque, por otro lado, instituciones mundiales que lo tratan habitualmente tampoco se ponen de acuerdo: por ejemplo, la Organización Mundial del la Propiedad Intelectual, donde la discusión por los derechos suele enfrentar a empresarios privados, entidades públicas y representantes de los intereses de los grandes bancos de datos.