Tres magistrados decidieron habilitar la feria judicial de verano para continuar con las investigaciones penales que involucran a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a varios de sus principales dirigentes. La decisión permitirá que durante enero se mantengan en curso las medidas de prueba ordenadas en tres expedientes vinculados a presuntas maniobras de corrupción.
El receso judicial comenzó ayer y únicamente se diligencian causas consideradas urgentes, salvo que los jueces dispongan expresamente su habilitación. En este caso, los magistrados a cargo de las investigaciones consideraron necesario que los expedientes no se suspendan durante el receso estival y continúen su tramitación normal, un pedido que se suma a las rarezas que rodean algunas de las investigaciones.
Una de las causas era instruida por el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella, y analiza presuntas maniobras de lavado de dinero y desvío de fondos de la AFA a través de la empresa Sur Finanzas, vinculada a Ariel Vallejo, y de la firma TourProdEnter, propiedad del empresario Javier Faroni. Según la investigación, la AFA habría intervenido como intermediaria en operaciones de financiamiento y sponsoreo, con fondos provenientes principalmente de los derechos de televisación del fútbol.
En el marco de esa causa, el juez Armella ordenó allanamientos en domicilios vinculados a Faroni y en las sedes de la AFA de la calle Viamonte y Ezeiza, así como el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil, y el pedido de información financiera internacional. Las medidas fueron solicitadas por la fiscal federal Cecilia Incardona y por el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Diego Velasco. Faroni fue citado a declarar y deberá presentarse el 19 de enero para quedar a derecho.
Ahora, tanto Armella como la fiscal Incardona fueron apartados de la causa, que según determinó la Cámara Federal de La Plata deberá llevarla el juez Federico Villena.
La investigación también incluía el análisis de documentación y teléfonos celulares secuestrados durante allanamientos realizados en diciembre en la AFA, Sur Finanzas y distintos clubes de fútbol.
Otro de los casos está a cargo del juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky y se centra en la compra de una lujosa mansión ubicada en Pilar, valuada en aproximadamente 17 millones de dólares. El magistrado habilitó la feria judicial y dispuso nuevas medidas de prueba, entre ellas la declaración de los pilotos del helicóptero que aterrizó en el helipuerto de la propiedad, con el objetivo de establecer la titularidad real del inmueble.
La propiedad figura a nombre de Luciano Pantano y de su madre, Ana Lucía Conte. Sin embargo, los investigadores analizan si ambos cuentan con la capacidad económica necesaria para justificar la adquisición de la finca, así como la tenencia de 54 vehículos de lujo y otra vivienda en un country de la misma zona. Durante los allanamientos se encontraron elementos vinculados a la AFA y documentación que refuerza la hipótesis de que el verdadero propietario sería el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.
Dicha causa se encuentra bajo una discusión de competencia judicial entre el juzgado de Aguinsky y el del juez federal de Campana, Adrián González Charvay. El tercer expediente está a cargo del juez en lo Penal Económico Diego Amarante y se originó a partir de una denuncia del organismo ARCA contra la AFA por la presunta retención indebida de aproximadamente 17 mil millones de pesos en aportes previsionales. En ese expediente fueron imputados el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia; el tesorero, Pablo Toviggino; el secretario general, Cristian Malaspina, y el director general, Gustavo Lorenzo.
