“Mi campaña fue demasiado confrontativa y sin propuestas”

Como candidato de Unidos por la Libertad y el Trabajo, Francisco de Narváez ha elaborado un programa integral de seguridad:
—El programa –explica– va más allá de poner policías en la calle para hacer prevención. Aborda desde el diagnóstico hasta la propuesta de soluciones. La inseguridad tiene muchas causas, por lo tanto no puede haber una sola decisión que la resuelva. Y esto abarca desde la educación y la contención de nuestros menores hasta a una persona que sufre adicciones y es una víctima del narcotráfico. Básicamente, lo que señala este programa es, en primer lugar, que es necesario tener la decisión política de abordar también un programa de seguridad. Así lo han hecho otros países que han pasado de la inseguridad a la seguridad, y en segundo término, para esto es necesario coordinar las fuerzas de seguridad nacionales, provinciales y municipales; coordinar también a la Justicia Penal, que trata, precisamente, delitos relacionados con narcotráfico, secuestros, armas ilegales, el sistema carcelario y, por supuesto, coordinar con nosotros, los legisladores. Esto puede lograrse proponiendo y actualizando permanentemente la mejor legislación posible.
—¿Estos serían los conceptos esenciales?
—Básicamente, e involucran tanto lo nacional como lo provincial y municipal. Es inconcebible pensar que el tema de la seguridad se pueda resolver desde un municipio. Tampoco desde una gobernación. Y esto ocurre por el grado de deterioro que hoy tenemos en la Argentina. Sobre todo por el avance del delito organizado.
—Perdón, tan organizado que organiza fugas masivas de las cárceles de máxima seguridad.
—Estas cárceles no sólo permiten fugas, sino que están denunciadas por organismos internacionales de derechos humanos por el destrato hacia los presos. Son cárceles que tienen más de cien años y realmente están muy lejos de generar un proceso de rehabilitación en aquellas personas que tienen que cumplir una deuda con la sociedad. Fíjese que solamente el 6% de la población carcelaria de la provincia de Buenos Aires (hay allí unas 30 mil personas privadas de su libertad) está en un proceso educativo y sólo el 3% ha ingresado en un programa de aprendizaje de oficios. Por eso también tenemos índices de reincidencia que llegan al 60% o 70%. Y esto es gravísimo.
—Bueno, y aquí llegamos a un tema que ya hemos discutido en otros reportajes con usted. Me refiero al tema de bajar la imputabilidad a los 14 años.
—Nosotros presentamos en marzo de 2010 (y no era un año de fragor electoral) un proyecto de ley (que luego perdió estado parlamentario, por lo cual volvimos a presentarlo), y en uno de sus puntos propone la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. O sea que un menor sería imputable entre los 14 y los 18 años, cuando hoy, como sabemos, lo es entre los 16 y los 18. ¿Por qué presentamos este proyecto y dentro de qué marco? En primer término, porque estoy convencido de que un menor, a los 14 años, ya es consciente de sus actos o de las consecuencias de sus actos. Este es el primer principio por el cual una persona es imputable. En segundo término, creemos que el rol del Estado (si funcionara como debería) sería proteger a ese menor de la mejor forma.
—¿Es decir?
—Retenerlo en un establecimiento acorde a las necesidades de un tratamiento psicológico.
—Pero, De Narváez, acabamos de decir que aun las cárceles de máxima seguridad tienen enormes falencias.
—Claro que sí. Pero nosotros, como legisladores, tenemos que cubrir la parte que podemos: es decir, la legislación. Desde nuestra convicción podemos y lo hacemos: es decir, exigir al Estado que esos establecimientos (no me gusta llamarlos institutos, sino más bien centros de rehabilitación), si no funcionan como tales, deben ser construidos. Y no estoy hablando solamente desde un punto de vista edilicio: es fundamental darles un esquema como para contener a estos jóvenes y rehabilitarlos.
—Pero, justamente, hasta que esto sea una realidad estos jóvenes no tienen ningún tipo de salida.
—Bueno, aquí coinciden diversos factores: en primer término, éste es un capítulo de un proceso de lo que nosotros llamamos una política de minoridad. Obviamente arrancamos desde la educación y la formación, que puede ser la obligatoriedad de las salitas, los jardines de infantes, los preescolares y, más adelante, el doble turno de escolaridad. Me refiero siempre a una población más vulnerable. Dicho esto, insisto en que nuestro rol, como legisladores, es comprobar que en el Presupuesto existan designaciones como para construir y generar estos establecimientos y exigirle al gobierno, al Poder Ejecutivo, que lo haga. Esto lo hacemos a través de nuestros pedidos de informes, denunciar establecimientos como el de La Plata o el de Dolores, que están muy lejos de contar con las características necesarias.
—¿No sería mucho más práctico esperar que esos institutos logren estas características y, recién después, en todo caso, bajar la edad de imputabilidad? Entre los temas vinculados a este problema surge el abandono de la escuela, que, a través de los números oficiales del Indec, tiene la afligente deserción de 180 mil adolescentes.
—En este momento, en la provincia de Buenos Aires hay más de cien menores de 16 años que están privados de su libertad. Es por esto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emplazado a la Argentina (en marzo de este año) a que dictamine una ley de edad de imputabilidad, porque están fuera del marco legal. Están bajo la responsabilidad de los señores jueces que han dictaminado precisamente su privación de la libertad y lo han hecho casi a título personal, sabiendo que están infringiendo la ley. Consecuentemente, nosotros también estamos viendo, como parte de la realidad, que hay magistrados que han tenido que tomar la decisión (por la peligrosidad de ciertos menores) de retenerlos y privarlos de la libertad. El año pasado (2012), en la provincia de Buenos Aires el 13% de los homicidios fueron cometidos por menores. Fueron 153 homicidios. Después podremos debatir cuál es la mejor forma de cumplir, desde el rol del Estado, con proteger a ese menor, pero también proteger al mismo tiempo a la sociedad. Acerca de ese menor descarriado podemos hablar del abandono escolar, de las condiciones en las que ha vivido este chico. Como decíamos, probablemente abandonó la escuela y tenga alguna adicción, que tal vez haya ido en aumento. Probablemente también haya cometido delitos y, con la puerta giratoria, haya entrado y salido de la cárcel en varias oportunidades. De algún modo preavisó que podría cometer un delito grave, como un secuestro o un homicidio. Así como ocurre en otros países, mi visión de legislador es que, en este momento, nuestro aporte (al proponer bajar la edad de la imputabilidad) tiene que venir acompañado de otras decisiones del Poder Ejecutivo (en un fuero penal de minoridad). Entre ellas, la construcción de establecimientos adecuados.
—Insisto: mientras el Estado no tome cartas en el asunto y produzca estos cambios que usted menciona, vuelvo a las estadísticas del Indec que nos recuerdan que uno de cada cuatro jóvenes ha dejado de estudiar. Pensemos entonces que, si a los 17 dejaron de estudiar, ¿qué pueden haber hecho a los 14?
—Sí. También estuve leyendo esas estadísticas. Yo voté la Ley de Financiamiento Educativo, que es una ley nacional. En la provincia de Buenos Aires, un tercio del presupuesto está destinado a la Educación. Hay un serio problema de repitencia y de abandono. Y las cifras que nosotros manejamos son aun más alarmantes: de tres menores que comienzan la primaria, solamente uno termina la secundaria. O sea que de 750 mil niños que ingresan a primer grado sólo se reciben 250 mil. O sea que estamos perdiendo a dos de cada tres por el camino. Y éste es un problema muy serio. Nuestro diagnóstico acerca de la cifra elevada de repitencia es porque, esencialmente, en edad temprana (entre los 3 y los 6 años), si no han recibido el estímulo del aprendizaje y la enseñanza, cuando llegan a la secundaria les es prácticamente imposible mantenerse en ella. También existe el factor económico: hay familias que no pueden sostener al niño en la escuela y lo inducen a trabajar.
—En el caso de la provincia de Buenos Aires, tengo entendido que el gobierno nacional, cuando el gobernador de turno no adhiere a sus disposiciones, directamente no le gira los fondos.
—Es verdad. Esto ocurrió este año, cuando debió comenzar el ciclo escolar y no lo hizo. Esto es lo que yo llamo politiquería. Significa tener de rehenes a 4.700.000 chicos que debían comenzar sus clases y tuvieron diez días de paro al comienzo del ciclo. Es muy difícil, entonces, cumplir con los 180 días obligatorios en el año. Es precisamente lo que no debe hacer el Estado: usar como rehenes a los alumnos, tratando de perjudicar al gobernador y, según mi opinión, perjudicando a 16 millones de bonaerenses. Ahora bien, yo creo que el problema de la Educación en la provincia de Buenos Aires tiene solución y pasa por generar la cantidad de jardines que necesitamos (hoy tenemos una enorme deficiencia de matrícula), salitas para 4 y 5 años y la doble escolaridad en las zonas más vulnerables. Estaríamos hablando del 35% de la matrícula, de casi dos millones de chicos que deberían ir durante siete horas a la escuela y no cuatro horas. Y, además, proveer las becas del secundario para los chicos que estudian y trabajan. De esta manera han avanzado mucho en Córdoba asistiendo a los jóvenes que estudian y trabajan.
—¿Y cómo ve la inclusión de la Gendarmería en el tema de la seguridad?
—La Gendarmería está diseñada para cuidar nuestras fronteras. Está adiestrada para esto. La mayoría del personal de Gendarmería es gente de provincias limítrofes porque tiene una condición de arraigo a la zona, y el hecho de movilizar a la Gendarmería tierra adentro implica desguarnecer nuestras fronteras. Esto no es bueno. También es verdad que en un caso de emergencia (como en el que hoy nos encontramos, y lo siento así) lo veo como una medida absolutamente transitoria, porque ni Gendarmería ni Prefectura pueden hacerlo como un programa permanente, ya que están alojados en condiciones sumamente adversas, y trasladar a un gendarme de Formosa al centro de Mar del Plata es un tema difícil. Es verdad que en la situación en la que estamos (por lo menos yo lo veo así) éste es un paso absolutamente coyuntural. Correcto pero coyuntural.
—Y ya que hablamos de fuerzas de seguridad, ¿cómo ve, al frente del Ejército, el nombramiento de un hombre de Inteligencia como el general Milani?
—Con los antecedentes de Milani... ¡mal! No es solamente el problema de su formación en Inteligencia, sino que tiene un serio problema para justificar su patrimonio. Y esto, siendo funcionario público, no es aceptable.
—Y algo aun más grave: la desaparición del conscripto Ledo, que estaba bajo su responsabilidad.
—Exactamente. Milani está involucrado en una causa y esto (por lo menos, creo yo) debería llevar a la señora Presidenta, si estuviera actuando correctamente, a pedirle a Milani que efectúe un paso al costado hasta que resuelva su condición procesal, ya que entiendo que está procesado.
—Y usted, De Narváez, ¿cree factible que la Presidenta reconozca un error?
—La verdad, no. Y digo esto porque es evidente que, en este caso, se ha cometido, digamos, un error. Puede haber estado mal informada, pero una vez que es evidente que esta persona tiene estos antecedentes debería (incluso él mismo), en honor al cargo que ocupa, dar un paso al costado hasta resolver su situación tanto con la AFIP como con la Justicia Penal.
—Y, a propósito de la AFIP, ¿qué opina de las declaraciones de Echegaray dando por terminado el blanqueo y la victoria de Moreno al lograr lo contrario?
—La verdad es que el día que se anunció el blanqueo fuimos varios los que opinamos que iba a ser un fracaso. En primer término, yo no creo en los blanqueos. Me parece una tremenda injusticia hacia aquellas personas que permanentemente cumplen con sus obligaciones. Es, a la vez, un perdón y un castigo para quienes cumplimos con nuestros compromisos fiscales. Por otro lado, el blanqueo debe tener una sustancia esencial, que es la confianza. Y este gobierno precisamente lo que hace es sembrar desconfianza. Por eso el resultado de los Cedin ha sido alrededor de 260 millones de dólares frente a los 4 mil millones que el Gobierno esperaba.
—Por otra parte, en el momento de escribir esta nota el dólar está orillando los diez pesos.
—Sí, y volviendo al tema de la inseguridad, la verdad es que la Argentina le ha brindado condiciones excepcionalmente favorables al narcotráfico. No sólo por el ingreso y el egreso de personas, sino por la facilidad con la que hoy se está fabricando y exportando droga de la Argentina. El colapso del Sedronar, que debía controlar no sólo el narcotráfico sino algo que es esencial para la elaboración de droga sintética como son los precursores, es un dato significativo. Además, no sólo nos referimos al tratamiento para con los adictos sino al blanqueo de dinero, en el que no se pregunta de dónde viene ni cómo se lo ha ganado. Esto es una invitación más al narcotráfico: “Vengan a la Argentina que la van a pasar muy bien”.
—¿Y cómo analiza la situación política en general ahora que ya faltan pocas semanas para las elecciones?
—El 11 de agosto, en las primarias (y quiero mirar el lado positivo de las cosas) la sociedad dijo “queremos que se cumpla la Constitución”. Y esto es un gran avance, porque estoy convencido de que si el Gobierno pudiera (o lograra un resultado favorable), iría por una reforma constitucional. “Cristina eterna” era un proyecto del kirchnerismo.
—Tal como lo mencionaba la diputada Conti...
—Exactamente. Y esto yo creo que ni se discute. La discusión se apagó y hoy ni se comenta. Es un paso adelante. Lo que viene ahora (asumiendo que el resultado electoral sea parecido al de las PASO) es un proceso de construcción. Cuando algo termina, algo comienza. Así son los ciclos de la vida. Y en eso va a haber un reordenamiento de la política, y yo también espero que, dentro de ella, los partidos políticos se reordenen, porque una de las “vivezas” de Néstor Kirchner fue destruir el aparato político. Intentar destruir los partidos políticos. Lo hizo con el PJ, a los radicales les costó mucho la vicepresidencia de Cobos y hay pocos partidos que siguieron sustentando una actividad partidaria. Hay que volver a hacer eso, y en estos próximos dos años hay mucho relacionado con esa agenda.
—¿Y usted cómo se ve ubicado en estas elecciones?
—Nosotros sacamos un resultado menor. Mucho más pobre del que esperábamos, pero también reconozco que cometimos errores. En primer lugar, tuvimos una campaña muy confrontativa con la señora Presidenta. “Ella o vos” fue hasta el hueso de la situación. Tenemos una sociedad muy fragmentada, muy confrontativa. Faltó una propuesta. La gente entendió: “Muy bien. Estamos divididos, pero vos ¿qué me proponés como ciudadano si te acompaño con el voto? Además de ponerle un límite a Cristina, ¿qué otras cosas proponés?”. Y todo esto es lo que estamos corrigiendo en esta segunda parte, en la que la seguridad será el eje.
—¿Más que la inseguridad?
—Sí. Porque la inseguridad es hablar de diagnósticos, y la seguridad constituye un programa integral que, estoy convencido, para la provincia de Buenos Aires (con el sustento nacional) va a dar resultado.