Luego de una destacada vida pública (ministra de Salud Pública, directora del PAMI, etc.), Graciela Ocaña es hoy legisladora porteña por el bloque de Confianza Pública y, mientras conversamos largamente en una tarde primaveral, las pantallas de televisión y las emisoras de radio comentan que se ha adelantado la reunión semanal del Consejo de la Magistratura (son habitualmente los días jueves), presumiblemente para efectuar una denuncia contra al juez Bonadio para tratar dos viejas denuncias que ya han cumplido tres años sin definición.
—Así se violan las instituciones y los reglamentos –se enoja la diputada Ocaña–, porque fíjese usted que lo peor es la resolución que se acaba de tomar porque, en esta sesión extraordinaria, el ministro de Justicia ha pedido que sea sancionado el juez Bonadio con una reducción de sus ingresos del 30%. Básicamente, esto es un castigo (y también creo que un mensaje) de lo que les ocurre a aquellos que investigan al poder. En su momento, es lo mismo que le ocurrió al fiscal Campagnoli: bajarle el sueldo e incluso separarlo del cargo, que es lo que intentan hoy con el doctor Bonadio. Hasta ahora, esperemos que no reúnan el número suficiente como para enviarlo a juicio político.
—Sin embargo, parece que el Gobierno aprende poco de la realidad porque, en el caso Campagnoli, tuvieron que dar marcha atrás, ¿no es cierto?
—Exactamente, y fue porque hubo una reacción de la sociedad que en este caso también tiene que estar muy atenta para defender a un juez que investiga al poder. Es un mensaje raro… –reflexiona Ocaña– porque mientras, por un lado, se garantizan ingresos y derechos laborales a los presos que han violado la ley, a un juez de la Nación que pretende cumplir la ley, que pretende investigar a la presidenta de la Nación, se le descuenta el 30% de su salario, en una actitud claramente autoritaria. Y lo más extraño es que la que otorgó el voto que permitió esto es la presidenta del Consejo, la doctora Vázquez, que es una jueza de la Nación. Esto me parece sumamente grave como mensaje y creo que, como sociedad, debemos ponernos en movimiento para proteger a los jueces y a los fiscales de la República que están decididos a investigar al poder. Esto también ocurrió, en un primer momento, con la causa Boudou, cuando el juez Rafecas allana su departamento. Hubo, en esos días, una reacción del poder… Bueno –añade pensativamente Ocaña–, estaban más cerca de la victoria electoral de 2011. Esto de Boudou ocurría en 2012 y lograron separar al juez, al fiscal y aún al procurador general de la Nación. Creo que esto no puede volver a suceder, ¡y la verdad es que en lo que confían es en demorar las causas! En el caso de Boudou, está procesado en dos causas y creo que, pronto, habrá un tercer procesamiento.
—A propósito de procesamientos, en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto de la Cámara de Diputados, justamente esta tarde el kirchnerismo está buscando emitir un dictamen para aprobar en el recinto que los representantes al Parlasur se elijan con las presidenciales. Una manera (luego, a través del Senado) de mantenerle los fueros a la presidenta de la Nación.
—Así es, y hasta el propio jefe de Gabinete lo admitió, y que los fueros también los podía conseguir como diputada… Yo creo que esto es grave porque lo que busca el Gobierno es impunidad por distintos lados: por una parte, castigando a los magistrados que investigan y, por otra, proteger una reforma al Código Procesal Penal, que busca hacer una reforma judicial como la del año pasado, cuando la Suprema Corte la declaró inconstitucional, volver a intervenir la Justicia, en este caso quitándoles poder a los jueces y entregándoselo a una funcionaria judicial como ¡la doctora Gils Carbó, que ha demostrado más una fidelidad a Cristina que una fidelidad a la ley! Creo que también lo que busca es la impunidad de los funcionarios del gobierno. Y como si esto fuera poco, si no lograran su cometido, si no pasara, buscarían (lisa y llanamente) fueros para no ser detenidos. En este caso para que la Presidenta, en caso de avanzar alguna de las causas que se han conocido ahora (por ejemplo por lavado de dinero), pueda ser detenida en la Argentina.
—Llama la atención el apuro por girarlo al Senado para que el trámite sea lo más veloz posible.
—Bueno, esto viene sucediendo. Es la dinámica propia del Congreso, sobre todo en los últimos tres años, donde el gobierno ha conseguido una mayoría que le permite sentar diputados o senadores y sacar estas leyes. El Congreso está funcionando como una mera escribanía por donde pasan las decisiones del gobierno nacional y del Poder Ejecutivo, que son avaladas sin discusión ni modificación por el Congreso. Creo, incluso, que el Congreso está perdiendo su rol… A mí me ha pasado en los últimos dos años (cuando fui diputada) el hecho de que leyes ingresaran desde el Senado un martes y, al otro día, se sacara dictamen en donde no había nada para discutir. Los diputados se sentaban y firmaban el dictamen. Usted podía decir lo que quisiera, argumentar contra ese proyecto, pero nadie la iba a escuchar porque ya se había firmado el dictamen. En una palabra, desvirtuar la tarea del Congreso, que es parlamentar, lograr consensos y sacar buenas leyes. Por el contrario, el Congreso quedaba entonces con ese rol de mero suscriptor de las decisiones de otro poder. Esto, insisto, me parece sumamente grave y también es una consecuencia quizás de una estrategia electoral del año 2011, donde la oposición fue fragmentada a las elecciones y donde, justamente por causa de esa fragmentación, el oficialismo consiguió tener el número que le permite sentarse y aprobar desde una reforma judicial (como ahora vuelven a intentarlo) hasta la reforma del Código Civil y Comercial, que va a afectar a los argentinos en los próximos diez años –Graciela Ocaña respira hondo–. La verdad es que esto es de locos porque esas leyes ni siquiera se han discutido entre los mismos parlamentarios, y hay muchos de ellos que (estoy segura) no saben realmente qué votar.
—A propósito: por ejemplo, ¡el proyecto del Mercosur es, apenas, un proyecto en ciernes! Hasta ahora, Paraguay es el único que ha votado a sus representantes. Esto para 2020. Es decir (hoy noviembre de 2014) dentro de cinco años…
—Así es, porque el Mercosur va a empezar a funcionar como un ente que va a dictar normas comunes para todos los países integrantes recién a partir de 2019. Lo que hay hoy es un Parlamento que está formado por diputados y senadores (el Parlasur) que lleva adelante sólo declaraciones. No tiene otro rol hasta 2019. Por eso, la urgencia de este proyecto se relaciona con una estrategia para conseguir fueros e impunidad. Básicamente, también con una estrategia electoral del Frente para la Victoria, que quiere ubicar a la Presidenta como candidata única en todo el país. En fin –Ocaña reflexiona–, será una estrategia pero me parece que no se puede cambiar las leyes, cambiar los sentidos, elegir una cantidad de parlamentarios con sueldo y ¡que no van a tener ninguna función!
—A propósito de sueldos, ¿cuál es su opinión acerca del sueldo a los presos y el ?
subsidio de 8 mil pesos a los trans—Yo creo que la Argentina tiene un serio problema de valores, porque este tipo de decisiones muestran justamente la crisis de valores que hoy tenemos. Lo he dicho en otras ocasiones: por supuesto que todos tienen derechos, pero también debemos poner en perspectiva la importancia y lo que ha hecho cada uno. Y me pregunto: ¿qué sentirá un jubilado, de los muchos con los que hablo, frente a estas situaciones?
—Bueno, como ex directora del PAMI lo ha palpado de cerca…
—Sí, pero además he trabajado y he tomado un enorme compromiso con la tercera edad, que es un tema importantísimo en el país. También es un problema en el resto del mundo: fíjese que instituciones como el Fondo Monetario o algún primer ministro japonés dicen que “cuando desaparezcan los mayores se van a activar nuevamente las economías”. El hecho de que todos vivamos más (lo cual es buenísimo) también plantea desafíos para las sociedades. ¿Qué pensará un jubilado (como gran parte de ellos) que gana 3.200 pesos, que ha trabajado durante treinta (o más) años, que ha cumplido con la ley, que ha aportado y pagado impuestos… ¿qué pensará cuando un preso gana más o tiene más derechos que él? ¡Yo creo que las cosas están subvertidas! Alguien que está preso es una persona que ha cometido un delito y que, por supuesto, debe cumplir con la ley y reformarse. Yo creo que hay que ayudar a los detenidos que, cuando salgan, tengan trabajo. No es algo nuevo que se les pague: reciben un importe que, quizás en parte, va a subsidiar a su familia, y la otra mitad queda para que, en el futuro, cuando salgan de la cárcel, puedan tener dinero como para empezar una nueva vida e insertarse en la sociedad. Pero tampoco podemos permitir que un jubilado gane menos que un preso y que nadie le garantice sus derechos. Cuando los escucho por la mañana en la radio y ustedes hablan de la cantidad de jubilados que están en lista de espera para que la Anses se digne a pagarle lo que al jubilado le corresponde, bueno… esto ha sido reconocido por la Corte Suprema de Justicia y por ahí pasan tres, cuatro o cinco años que, a esa altura, son la vida, hasta que logren cobrar lo que necesitan para vivir un poquito mejor, arreglar la casa o realizar ¡el viajecito con el que soñaron toda la vida! Para lo que sea… Y resulta que ahora escuchan que no pueden cobrarlo porque, de hacerlo, según las autoridades, ¡la Anses quebraría!
—¿Cómo, quebraría?
—Sí, porque es tanto el monto que no podría hacer otras inversiones. Por ejemplo, ¡financiar el Tesoro Nacional! –ironiza–. Hablando seriamente, nosotros en la Ciudad de Buenos Aires hemos presentado un proyecto en el que los jubilados de la Ciudad ganen hasta 10 mil pesos (está en estudio en la Legislatura) para que puedan recibir aunque sea una parte de las sentencias en firme que tienen y adelantársela para que puedan usarla. Nos parece que esto es un derecho porque si hay alguien en la sociedad que no puede esperar son los jubilados. Las personas mayores son las más vulnerables en la sociedad. Por eso, me parece que es un reconocimiento.
—¿Y en cuanto al subsidio a los transexuales? Porque aquí no se trata de una enfermedad sino de una elección de vida, ¿no?
—Efectivamente, es una elección de vida y, por otra parte, yo entiendo las dificultades que pueden tener, las circunstancias en las que pueden encontrarse. El Estado tiene que estar presente para brindarles atención médica y capacitarlos para que puedan insertarse laboralmente y, por otro lado, también se puede subsidiar o conceder una exención impositiva a las empresas que tomen a las personas trans, pero lo que no se puede es garantizarles un ingreso, y menos un ingreso por ese valor. Yo creo que esto habla de una sociedad que debe recuperar sus valores: la honestidad, la solidaridad… Son valores que han caracterizado a los argentinos. El trabajo, el esfuerzo, el mérito deben ser nuevamente valorados. Necesitamos hacer una revolución, y creo que los dirigentes debemos ponernos a la cabeza de esa revolución.
—A propósito de dirigentes, ¿cómo ve a la oposición, que está tan fragmentada?
—Sí, la veo fragmentada y, muchas veces, por discusiones o peleas que la gente no comprende. La veo metida en sí misma, peleando por un tema de cartel acerca de quién va primero o segundo y no discutiendo lo más importante, que es qué es lo que se está buscando desde ese lugar. De no ser así, no va a cambiar, a transformar el destino de la gente. Desde mi perspectiva, ésa es la máxima aspiración que puede tener alguien que desee dirigir. Con mucha preocupación, observo cuando las discusiones personales terminan afectando a otras personas. Se dicen cosas graves, más habiendo un tema como es el narcotráfico. Diez días atrás, estuve en Rosario con las Madres del Dolor, hablé con parlamentarios. Estuve en la comisión que preside con mucha buena voluntad la diputada Bullrich y estuvimos con legisladores de todos los partidos políticos que relataron lo que están viviendo en Rosario. Las Madres del Dolor son mamás y lo que quieren es que sus hijos no caigan en la droga, que puedan estudiar, trabajar, construir una familia. Lo mismo que deseamos para nuestros hijos. Creo que no se puede minimizar ni estigmatizar pero si un político está complicado con un tema de narcotráfico, hay que denunciarlo. Cuando escuchaba ayer a las mamás contar lo que están pasando... ¡Dios mío! Hace diez días, en Rosario mataron a una madre, Norma… ella fue asesinada porque había declarado y señalado a los que vendían droga en su barrio. Hace un año mataron a su hijo pero ella seguía haciendo reuniones y peleando por esto, quería que esa gente se fuera de su barrio y cuando un diputado le preguntó si le habían ofrecido incluirla en un programa de protección de testigos, Norma dijo que sí pero que era un tema familiar, que toda la vida había vivido en esa casa, en ese barrio. “¿Por qué me tengo que ir? –preguntaba–. ¡Si soy amiga de todos los vecinos! ¡Yo quiero que se vayan los criminales!”. Y aquí volvemos al tema de los valores que le mencionaba recién: las mamás que pelean están muy solas… yo estoy muy angustiada porque esto no es el problema de uno u otro partido. Este es un problema frente al cual nadie puede mirar hacia el costado. Estas mujeres, repito, están solas. Nosotros somos responsables por ellas y a mí me parece que la ciudadanía tiene que discutir estas cosas para que nunca más, así como mataban a otras madres, ¡estas cosas vuelvan a suceder! Las Madres de Plaza de Mayo también estaban solas pero vivíamos una dictadura. Hoy estamos en democracia y las Madres del Dolor están solas y ¡es lo que a mí más me duele! Tienen la valentía de denunciar ante la Justicia pero no tienen protección. Necesitamos leyes que garanticen amparos para los testigos, que se proteja su anonimato y recordemos que, cuando mataron a Norma, ella había denunciado a quienes habían asesinado a sus hijos.
