En un Estado democrático, la tarea de la seguridad pública es fundamental para garantizar la vida, la integridad física, las propiedades y la tranquilidad de toda la población, y no solo de minorías privilegiadas. La actual crisis de seguridad pública y la violencia desatada son productos de la equivocada política de combate al narcotráfico que emplea solo medidas coercitivas. La crisis de seguridad que aflige a México es el resultado de una conjunción de factores: pobreza, injusticia y exclusión, que se suman a la ineficiencia de las autoridades y a la corrupción en los cuerpos policíacos y el aparato judicial.
El país no debe seguir permitiendo que se cometan actos de impunidad desde el poder, y el gobierno debe investigar todas las violaciones a los derechos humanos. No deben ocurrir nunca más agresiones infames como el asesinato y la desaparición de jóvenes normalistas de Ayotzinapa ni como las matanzas de Apatzingán, Tanhuato, Ostula, Tlatlaya, ni atrocidades como la desaparición forzada de personas, asunto gravísimo, cometidas por representantes del Estado o por individuos protegidos por ellos.
Enfatizo que la actual situación de inseguridad y violencia es producto, en buena medida, de la desatención a los jóvenes, a los que se les ha cancelado el futuro pues no han tenido oportunidades de trabajo o de estudio, y solo les han dejado el camino de las conductas antisociales.
Es heroico lo que han hecho, obligados por la necesidad, millones de jóvenes que han emigrado del país en los últimos tiempos; debido a la falta de oportunidades en sus lugares de origen, han optado por cruzar la frontera, arriesgándolo todo para salir adelante. Sin embargo, otros, que se han quedado, han sido tentados para formar parte de la delincuencia organizada. Son muchos los testimonios de jóvenes que están conscientes del riesgo que corren por tomar esa decisión sin dejar de expresar que prefieren “esa vida” a padecer marginación y pobreza. Es espeluznante saber que en las filas de la delincuencia predominan los jóvenes; la mayoría de los 159.472 asesinados durante el gobierno de Calderón y en lo que va del de Peña (hasta agosto de 2015, sin incluir los 26 mil desaparecidos, según cifras oficiales), han sido jóvenes de familias pobres y desintegradas.
Sin embargo, los gobiernos neoliberales y las élites del poder ni siquiera aceptan que la pobreza y la falta de oportunidades de empleo y bienestar originaron el presente estallido de odio y resentimiento. Y, como es obvio, tampoco les importa atender las causas del problema. Por el contrario, en una especie de enajenación autoritaria pretenden resolverlo con medidas coercitivas, enfrentando la violencia con la violencia, como si el fuego se pudiese apagar con el fuego y con la absurda pretensión de corregir el mal sin hacer el bien.
A este pensamiento hipócrita y conservador debemos oponer el criterio de que la inseguridad y la violencia solo pueden ser vencidas con cambios efectivos en lo social y con la influencia moral que se pueda ejercer sobre la sociedad en su conjunto. Para tener una sociedad más humana no hay nada mejor que combatir la desigualdad y evitar la frustración y las trágicas tensiones que esta provoca. La solución de fondo, la más eficaz, pasa por enfrentar el desempleo, la pobreza, la desintegración familiar y la pérdida de valores, y por favorecer la incorporación de los jóvenes al trabajo y el estudio.
Además de atender las causas de fondo es necesario erradicar la corrupción en corporaciones policíacas o militares, ministerios públicos, juzgados, y en otras instancias de seguridad pública y de procuración e impartición de justicia; procurar un mayor profesionalismo en el combate a la delincuencia y priorizar en él la inteligencia por sobre la fuerza, y actuar con coordinación y perseverancia. Propongo cuatro acciones específicas que deben aplicarse para devolverle la tranquilidad al pueblo y serenar el país.
◆ Combatir y erradicar la corrupción en todas las instancias gubernamentales. La corrupción es lo que más fomenta y hace proliferar bandas del crimen organizado. Es un hecho que muchos delitos no se podrían consumar sin el contubernio de funcionarios públicos. El narcotráfico a gran escala, la fuga de capos de los penales, el robo de gasolinas, el lavado de dinero, el tráfico de armas y varios otros ilícitos se realizan invariablemente con la complicidad de autoridades. De ahí que debe impedirse por todos los medios la asociación entre delincuencia y autoridad. Se ha de definir bien la frontera entre una cosa y la otra, y no permitir el predominio de complicidades y componendas. Cero impunidad.
◆ Es importante la especialización de los cuerpos de seguridad encargados de combatir a la delincuencia. Combatir al crimen organizado demanda, repito, más inteligencia que fuerza.
◆ Habrá plena coordinación al interior del gobierno para enfrentar el flagelo de la violencia. No se puede hacer frente a la delincuencia organizada con un sistema de seguridad pública nacional sin coordinación. Cuando me desempeñé como jefe de gobierno en la Ciudad de México, se crearon setenta coordinaciones territoriales en las que actuaban de manera conjunta el ministerio público, el jefe de sector de la policía, el juez cívico y representantes del jefe de gobierno, de la autoridad delegacional y de los ciudadanos de las demarcaciones correspondientes. Todos los días a las 6 de la mañana, incluidos sábados y domingos, se reunían el jefe de gobierno, el procurador, el secretario de gobierno, el de seguridad pública, el consejero jurídico y otros funcionarios del gabinete de seguridad y procuración de justicia para atender el reporte o “parte” de lo sucedido en las últimas 24 horas y tomar decisiones. De esa misma manera lo hacían los servidores públicos responsables de atender este asunto en las coordinaciones territoriales.
A partir de esta experiencia, que arrojó buenos resultados, funcionarán, con apego a la ley de seguridad pública nacional, los consejos estatales de coordinación; es decir, todos los días desde muy temprano se reunirán para compartir información y tomar acuerdos el gobernador, el representante de la Secretaría de Gobernación, de la Procuraduría General de la República, el comandante de la zona militar y naval, si existiera, el secretario de Gobierno, de Seguridad, el fiscal o procurador del estado, y se invitará al presidente del Tribunal de Justicia y a integrantes de la sociedad civil.
◆ Se sumarán el Ejército y la Marina al esfuerzo de garantizar la seguridad pública. Actualmente, el objetivo fundamental de las fuerzas armadas es salvaguardar la integridad del territorio y preservar la soberanía de México. Sin embargo, en las circunstancias actuales es indispensable que a este propósito de la defensa nacional se agregue el de la seguridad pública interior. No deben desaprovecharse personal, experiencia ni instalaciones para garantizar a los mexicanos el derecho a vivir sin miedos ni temores. Los tiempos han cambiado y es otra nuestra realidad. El gobierno democrático de México defenderá la soberanía con autoridad moral y política. El distintivo será la paz, no la guerra. En el remoto caso de una agresión armada de un país extranjero, no solo será el Ejército quien la enfrente, sino amplios sectores del pueblo, como ha sucedido siempre en la historia de México. Se erradicará por completo la represión y nadie será torturado, desaparecido o asesinado por corporaciones policíacas o militares. El Ejército y la Armada se convertirán en instituciones de protección a los mexicanos. Específicamente se analizará colegiadamente la pertinencia de crear una Guardia Nacional con el apoyo de los 220 mil soldados y 30 mil marinos que en la actualidad permanecen organizados bajo el mando de oficiales del Ejército y de la Marina, en regiones, zonas, batallones y otros agrupamientos menores. En suma, se trata de aprovechar el conocimiento, la disciplina de esta fuerza, así como todos sus recursos materiales (vehículos, cuarteles e instalaciones), con el propósito de garantizar la seguridad de los mexicanos y serenar el país.
Sostengo que, sin atender con eficacia la demanda de que haya tranquilidad, resultaría ociosa cualquier nueva propuesta de nación. Pero también reafirmo que no será principalmente con medidas coercitivas como enfrentaremos el grave problema de la inseguridad y la violencia. Suponer que el deterioro de las relaciones sociales se combate solo mediante el uso de la fuerza pública y de la violencia del Estado es rotundamente falso y muy peligroso, como se ha constatado. La ley debe aplicarse, sin duda, pero no por ello disminuirá la delincuencia ni cederá la violencia. Sin reformas sociales y sin el fortalecimiento de valores no será posible frenar el deterioro de la sociedad.
Estoy convencido de que el combate a la delincuencia es más que un asunto de policías y ladrones. La solución de fondo, la más eficaz, y probablemente la menos cara, es combatir el desempleo, la pobreza, la desintegración familiar, la pérdida de valores y la ausencia de alternativas. Por eso, para garantizar la seguridad pública es indispensable el desarrollo social. Termino recordando que la crisis de inseguridad y de violencia ha sido provocada, también, por el estilo de vida inducido por la cultura del grupo dominante, donde lo fundamental es el dinero, lo material y lo superfluo. Por eso no vemos otra salida que no sea la de renovar, de manera tajante, la vida pública de México; y ello implica, sobre todo, impulsar una nueva corriente de pensamiento sustentada en los valores de la dignidad, la honestidad y el amor a nuestros semejantes.
Cómo vislumbro 2024. Si triunfamos en 2018 y llevamos a cabo los cambios que proponemos, a finales del sexenio, es decir, en 2024, habrá en la sociedad mexicana en su conjunto un nivel de bienestar y un estado de ánimo completamente distintos a los actuales. Esta nueva circunstancia de menos desempleo y pobreza será el fruto obtenido por la aplicación de una nueva política económica con desarrollo, seguridad y fortalecimiento de valores culturales, morales y espirituales.
En el terreno de lo material, luego de crecer a una tasa promedio anual de 4% durante el sexenio, estaremos logrando superar el resultado del período neoliberal, pues mientras de 1983 a 2016 la población aumentó 2%, la economía creció 2,03%; algo muy distinto sucederá de 2018 a 2024, cuando la población aumentará 1,7% y la economía 4%. Es decir, se romperá la tendencia al estancamiento y la economía habrá crecido, en promedio, más de dos veces con respecto a la población.
En 2024 creceremos 6%; ese año se estarán creando los empleos que se demanden por el ingreso de jóvenes al mercado de trabajo y se habrá consolidado el programa emergente de empleo y de becas para jóvenes promovido por el gobierno. Se tendrá más ocupación, menos desempleo, mejor especialización de la fuerza laboral, mayor demanda de mano de obra y, por ende, mejores salarios.
El campo producirá como nunca; a la mitad del sexenio alcanzaríamos la autosuficiencia en maíz y frijol y, en 2024, en arroz. Otro tanto ocurrirá con las carnes de res, cerdo, aves y los huevos, y será considerablemente menor la importación de leche. Estaremos exportando más frutas, verduras y hortalizas. En 2024 habrá mayor producción de papaya, café, plátano y cacao. En suma, la balanza comercial del sector agropecuario no será deficitaria como lo es ahora.
Tendremos reforestado todo el territorio nacional y garantizada la conservación plena de flora y fauna; habremos recuperado ríos, arroyos y lagunas; realizado obras de tratamiento de aguas negras y de desechos o basura, y la sociedad tendrá una mayor conciencia ecológica.
La población crecerá de manera pareja en todos los pueblos del territorio nacional; el regreso al campo será una realidad y la emigración pasará a formar parte de la historia, de una época ya superada. La gente estará trabajando donde nació, cerca de sus familiares, de su medio ambiente, con sus costumbres y su cultura. Nadie, por necesidad, para mitigar su hambre y su pobreza, se verá obligado a abandonar su tierra natal.
Se tendrá una mejor distribución de la riqueza y del ingreso, y los trabajadores habrán recuperado cuando menos 20% de su poder adquisitivo. Se habrá fortalecido el mercado interno, y aunque sin lujos ni derroche, el grueso de la población no solo consumirá artículos de primera necesidad, como sucede ahora. Ningún mexicano padecerá hambre y nadie vivirá en la pobreza extrema ni se quedará sin oportunidad de estudiar o sin asistencia médica y medicamentos. Los adultos mayores gozarán de pensiones justas y vivirán sin preocupaciones materiales y serán felices.
En 2024 la delincuencia organizada estará acotada y en retirada. Para entonces predominará la política de empleo y bienestar; los jóvenes no tendrán necesidad de tomar el camino de las conductas antisociales y se le quitará a la delincuencia la posibilidad de incorporar a sus filas a quienes, como ahora, no estudian ni trabajan.
Los índices delictivos serán 50% más bajos en comparación con el actual período de violencia; es decir, habrá menos homicidios dolosos, secuestros, robos de vehículos, robos a casas habitación y en el transporte público. Ya no será México el país de la violencia, de los desaparecidos y de la violación de los derechos humanos.
En 2024 no existirá la delincuencia de cuello blanco y estarán erradicadas por completo la corrupción política y la impunidad. Prevalecerá la honestidad, y los servidores públicos serán vistos por la sociedad con respeto. Las instituciones no estarán secuestradas por ningún grupo de interés creado; serán realidad la separación y el equilibrio de poderes y el pleno ejercicio de las libertades. Se contará con un auténtico Estado de derecho.
En 2024, la compra del voto y el fraude electoral serán solo desagradables recuerdos para el anecdotario. En las elecciones celebradas a lo largo del sexenio se habrá demostrado con hechos el respeto al sufragio y a la voluntad ciudadana, y estará muy avanzado el proceso para convertir en hábito la democracia.
En 2024 tendremos una sociedad mejor, no solo por lo que vamos a construir entre todos y desde abajo en el plano de lo material, sino por haber creado una nueva corriente de pensamiento, por haber consumado una revolución de las conciencias que ayudará a impedir, en el futuro, el predominio del dinero, del engaño y de la corrupción, y la imposición del afán de lucro por sobre la dignidad, la verdad, la moral y el amor al prójimo.
