El pasado 12 de diciembre, el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, participó de la Climate Ambition Summit, jornada en la que hizo tres anuncios relacionados con la acción climática en nuestro país.
En primer lugar, adelantó la presentación de la nueva NDC (en español, Contribución Determinada a Nivel Nacional): con miras a 2030, Argentina presentó una meta que limitará sus emisiones de gases de efecto invernadero a un nivel de casi 26% inferior a la NDC anterior.
En segundo lugar, aseguró que el país se compromete a presentar una estrategia a largo plazo (LTS), con el objetivo de alcanzar un desarrollo de carbono neutro para 2050.
Finalmente, en el marco del cumplimiento de la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático, anunció el trabajo que se está llevando adelante en el marco del Gabinete Nacional de Cambio Climático (GNCC) para elaborar los Planes Nacionales de Adaptación y Mitigación.
De qué consta el plan de políticas ambientales que presentó Alberto Fernández
El pasado 9 de diciembre, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) publicó el Informe sobre la Brecha de Emisiones 2020 y menciona, entre otras cosas, que los compromisos asumidos en virtud del Acuerdo de París por parte de los diferentes gobiernos siguen siendo inadecuados ya que, de cumplirse, las emisiones en 2030 dejan al mundo en el camino de un aumento de 3.2 °C en este siglo.
En este punto cabe recordar que, según los expertos del mundo en materia climática, para evitar los peores efectos del cambio climático, para fin de siglo el aumento promedio de la temperatura global no debe superar los 1.5° C; en caso de no alcanzar este objetivo, el máximo debería limitarse a los 2° C y aun así los daños e impactos del cambio climático serían devastadores.
Tomando en cuenta estos indicadores, el reporte afirma que las NDCs de todos los países deberían triplicarse para estar en camino a los 2° C y quintuplicarse para alcanzar los 1.5° C.
Entendiendo que el mencionado reporte analiza la situación global y el Acuerdo de París se basa en el precepto de las responsabilidades compartidas pero diferenciadas (todos los países deben actuar contra el cambio climático, pero algunos más que otros), es válido preguntarse nuevamente si los compromisos asumidos por Argentina son lo suficientemente ambiciosos en el marco de la emergencia actual.
¿Qué nos depara 2021?
En términos ambientales, el año próximo parece que será mucho más intenso que 2020.
En el marco del Gabinete Nacional de Cambio Climático (GNCC), se debatirán los medios de implementación de la nueva NDC presentada y se comenzará el proceso de formulación de la estrategia a largo plazo (LTS) con miras a la neutralidad de carbono en 2050.
También se actualizarán los Planes Nacionales de Adaptación y Mitigación. En esta misma línea pero a nivel mundial, varios gobiernos deberán presentar sus NDCs actualizadas en la COP 26, la que tendrá lugar a fin del 2021 luego de haber sido pospuesta en 2020, lo que supuso una pausa en las negociaciones climáticas a nivel global.
Plano legislativo: lo ambiental también tendrá una agenda cargada:
- Desde la sociedad civil se seguirá impulsando el debate por una Ley de Humedales, proyecto que resulta cada vez más urgente, sobre todo tomando en cuenta los intensos y abarcativos incendios que vivió Argentina este año.
- En íntima relación con el tratamiento de la Ley de Humedales, otra deuda recurrente que deja el 2020 es la correcta implementación de la Ley de Bosques: para 2021 el presupuesto estipula un monto de $1.212 millones para proteger los bosques nativos, lo que representa apenas el 4,8% de lo que debiera establecerse a la protección de estos ecosistemas si se cumpliera lo que determina la Ley.
- Probablemente se avance con el tratamiento de la Ley de reducción de plásticos de un solo uso, otro texto que tiene a grandes sectores en su contra.
- Finalmente, otro pendiente que deja este 2020 y que es transversal a todos los reclamos por su importancia clave en la lucha contra la crisis climática y ecológica, es el tratamiento de la Ley Nacional de Educación Ambiental. Si bien fue el ejecutivo quien envió el proyecto más reciente al Congreso, este aún no ha sido debatido. Esperamos que durante las sesiones extraordinarias de los primeros meses del año se salde esta deuda histórica en materia ambiental para sentar las bases de lo que se viene: un cambio de paradigma que promueve el desarrollo sostenible para que entre todos y todas construyamos un mundo más limpio, sano, justo y sostenible.
