‘‘Durante mucho tiempo, las élites nos contaron que no se podía parar los mercados ni la gran máquina de acumulación capitalista, pero resulta que sí, que es posible activar el freno de emergencia cuando se decide que la vida está en peligro. La crisis desnudada por la pandemia ha potenciado las desigualdades y muestra que nuestro futuro está en juego’’
Así comienza el texto del Pacto Social, Ecológico, Económico e Intercultural para América Latina, sobre la urgencia de construir dinámicas sociales capaces de responder y contrarrestar las consecuencias del sistema económico en el que vivimos de concentración de riqueza y destrucción de ecosistemas.
Esta iniciativa nace de un grupo de personas y organizaciones de diferentes países latinoamericanos, como la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (Alames), el Grupo de Trabajo sobre Agroecología Política de Clacso, el Observatorio Minero de América Latina (Ocmal), Red Eclesial Panamazónica (Repan), Red Internacional Oilwatch y la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales.
Digamos calentamiento global y no cambio climático
Desde Argentina, que ya cuenta su pacto local, está promovido por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la Confederación Mapuche del Neuquén, Jóvenes por el Clima-Argentina, Observatorio Petrolero Sur y Taller Ecologista de Rosario. Y por algunos especialistas, como Enrique Viale, abogado ambientalista; Maristella Svampa, socióloga y escritora; Pablo Alabarces, sociólogo; Rita Laura Segato, profesora Emérita de la Universidad de Brasilia y Prof. de la Universidad Nacional de San Martín; Roberto Gargarella, constitucionalista; y Silvina Ramírez, abogada indigenista, entre más personas.
A continuación, se comparten los puntos del Pacto, que buscan articular justicia redistributiva, de género, étnica y ambiental.
- Transformación Tributaria Solidaria. Propuestas nacionales de reformas tributarias según el principio: “Quién tiene más, paga más – quién tiene menos, paga menos”. Deben incluir el impuesto a la herencia, a las grandes fortunas, a los mega emprendimientos, a las rentas financieras y, como medida transicional, al daño ambiental. En lugar de que todxs paguen impuestos universales, y solo algunxs tengan protección social, proponemos que solo los que más tienen tributen, pero en cambio todxs estén protegidos.
- Anulación de las Deudas Externas de los Estados, y construcción de una nueva arquitectura financiera global. En estos momentos extraordinarios se justifica, dejar de pagar la deuda externa como se hizo en 1931/32, y como lo propuso la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el presidente de Francia Emmanuel Macron y el Papa Francisco. La cancelación de la deuda externa de los países del Sur global, constituye un primer paso de reparación histórica, por la deuda ecológica y social contraída por los países centrales desde la colonia.
- Creación de sistemas nacionales y locales de cuidado que ponen la sostenibilidad de la vida en el centro de nuestras sociedades. El cuidado es un derecho y, como tal, debe incluir un rol más activo del Estado y de las empresas en consulta y corresponsabilidad permanente con los pueblos y comunidades. Esto permitirá combatir la precariedad laboral y alcanzar una mejor repartición de las tareas del cuidado, en términos de clases sociales y de género, pues el mismo recae de modo desigual sobre las familias y en ellas, sobre las mujeres. Debemos promover políticas públicas que enlacen cuidado con protección social, atendiendo las necesidades de personas mayores en situación de dependencia, niños y niñas, personas con discapacidad severa y demás individuos que no puedan atender sus necesidades básicas.
- Una Renta Básica Universal que unifique la política social a través de la introducción de una renta básica para todxs, y que sustituya las transferencias condicionadas focalizadas heredadas del neoliberalismo, para poder salir de la trampa de la pobreza. Tal como acaba de recomendar la CEPAL a los gobiernos latinoamericanos. Disminuir la jornada de trabajo sin disminución de salario, para repartir tanto el empleo formal como las tareas de cuidado.
- Priorizar la Soberanía Alimentaria. En un momento en el cual la región latinoamericana presenta el mayor grado de concentración de la tierra a nivel mundial, es prioritario desarrollar políticas que apunten a la redistribución de la tierra, del acceso al agua y una profunda reforma a las políticas agrarias, alejándose de la agricultura industrial de exportación con sus efectos ambientales y sociales nefastos. Se trata de priorizar la producción agroecológica, agroforestal, pesquera, campesina y urbana, promoviendo el diálogo de saberes. Fortalecer los mercados campesinos y locales. Crear redes de distribución de semillas para asegurar su libre circulación, sin propiedad intelectual. Reforzar las redes de distribución campo-ciudad y la certificación comunitaria entre consumidores y productores. Fomentar la propiedad social, colectiva y comunitaria de la tierra, generando soberanía a quienes la cuidan y trabajan, y protegiéndoles de la especulación.
- Construcción de economías y sociedades postextractivistas. Para proteger la diversidad cultural y natural, necesitamos una transición socio-ecológica radical, una salida ordenada y progresiva de la dependencia del petróleo, carbón y gas, de la minería, la deforestación y los grandes monocultivos. Es necesario transitar hacia matrices energéticas renovables, descentralizadas, desmercantilizadas y democráticas y modelos de movilidad colectivos, seguros y de calidad. Se debe reducir el riesgo frente al colapso climático, una amenaza más grave que la pandemia como nos muestran inundaciones, sequías, deslaves e incendios.
- Recuperar y fortalecer espacios de información y comunicación desde la sociedad, actualmente dominados por los medios de comunicación corporativos y las redes sociales que forman parte de las corporaciones más poderosas de nuestros tiempos. Para disputar los sentidos históricos de convivencia, desde medios ciudadanos, pero también desde la calle, la plaza y los espacios culturales.
- Autonomía y sostenibilidad de las sociedades locales. La pandemia ha mostrado la fragilidad de las cadenas globales de producción, y la riqueza de los esfuerzos locales, y nacionales. La enorme creatividad de los pueblos latinoamericanos debe ser la base para los cambios políticos, que promuevan la autonomía y sostenibilidad de los territorios y sociedades locales. Corresponde fortalecer la autodeterminación de los pueblos indígenas, campesinos, afro-americanos y experiencias comunitarias urbanas populares en términos económicos, políticos y culturales; desmilitarizar los territorios y el conjunto de la sociedad; apoyar los mercados locales; democratizar el crédito, apoyar a las pequeñas y medianas empresas, la soberanía energética local comunitaria basada en modelos sustentables y renovables.
- Por una integración regional y mundial soberana. Es imperativo favorecer los sistemas de intercambio local, nacional y regional a nivel latinoamericano, con autonomía del mercado mundial globalizado que abran alternativas al monopolio corporativo. Introducir monedas paralelas al dólar en diferentes escalas permitiendo una desconexión relativa de las peligrosas dinámicas del mercado mundial, fortaleciendo los intercambios entre países de la región y su diversificación económica complementaria.
Lanzamiento oficial del Pacto Ecosocial del Sur. Miércoles 24 de junio, 18hs.
